La batalla por la reforma de la ley del solo sí es sí continúa protagonizando de forma casi absoluta la actualidad política. Así se ha visto este martes desde primera hora en todos los escenarios posibles. La jornada ha estado en gran parte marcada por unas declaraciones de la ministra de Justicia, Pilar Llop. Unas palabras que han generado mucho malestar en Unidas Podemos y que en las filas socialistas, según diferentes fuentes consultadas, no han caído tampoco bien.

Durante una entrevista con la Cadena SER, la ministra se refirió al asunto de la violencia, sobre todo en aquellos casos en los que la víctima denunciaba que no había consentimiento mientras el agresor defendía lo contrario, el verdadero "calvario probatorio", a juicio de la ministra: "Es muy sencillo probarlo (que hay violencia) porque con una herida ya se puede probar que ha habido violencia, y con eso ya no hace falta que la víctima pruebe que ha habido consentimiento".

Sus palabras generaron un fuerte rechazo en Unidas Podemos ya que consideran que de este modo se pone negro sobre blanco que el PSOE busca volver al modelo anterior. En las filas del PSOE circula el pensamiento de que la intervención de la ministra no fue acertada y que en cierto modo no ayudó a transmitir de forma correcta el planteamiento de la ley sobre mantener el consentimiento de la víctima en el centro. Es decir, que hacia fuera favorecen a las tesis de UP. Otras fuentes socialistas restan importancia real a las palabras de Llop. 

Por ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trató de rebajar esas posiciones y planteamientos durante la intervención ante sus diputados y senadores. Habló de "diálogo" para solucionar el problema, evitando así el choque directo con UP. Un tono y unas posiciones muy diferentes a las que había mostrado Llop horas antes. 

También una intervención, por la tarde en el Senado, de la vicepresidenta primera Nadia Calviño, choca con la estrategia mostrada por el PSOE y Pedro Sánchez para resolver este espinoso asunto. En su caso, pidió expresamente al PP su apoyo para sacar adelante la proposición de ley registrada este lunes. Se lo dijo al portavoz de los populares en el Senado, que le había atacado antes con las rebajas de las penas. 

La posición oficial del PSOE, no obstante, es buscar el diálogo y el acuerdo con sus socios. Tanto de UP como del resto de habituales, es decir, ERC o EH Bildu entre otros. Estos, no obstante, han cerrado ya filas con UP y el Ministerio de Igualdad. También ese diálogo es necesario para cuestiones como la Ley de biqenestar animal o la reforma de la 'ley mordaza'.

Los socialistas mantienen que no se sentarán a negociar nada con el PP pero que todos los grupos deberían apoyar lo que supone, según ellos en la práctica, parar la rebaja de penas para agresores sexuales. Pero esa petición expresa públicamente de Calviño contrasta con otras declaraciones de desconfianza en el papel del PP realizadas por otros integrantes del Gobierno y del PSOE. 

Negociaciones y batalla del relato

Las negociaciones entre los ministerios de Irene Montero y de Pilar Llop se dan desde hace meses, pero nada de ello había trascendido hasta que se filtró la decisión inequívoca del PSOE de acometer una reforma de la ley de garantía de la libertad sexual. Cuando ya se conoció, desde UP advirtieron de que una parte del Ejecutivo, concretamente el Ministerio de Justicia, ponía en duda el consentimiento como centro fundamental de la norma en la única propuesta que remitieron a Igualdad. 

De hecho, Francisco Javier Álvarez García, uno de los principales asesores penalistas de Justicia, ha vuelto a cargar en una entrevista en televisión contra la definición de "consentimiento" recogida en la ley y ha manifestado que es partidario de volver al modelo anterior, que distingue entre abuso y agresión.

No obstante, el texto socialista no deja lugar a dudas para UP: las posiciones de Justicia son asumidas por todo el PSOE (incluido el presidente del Gobierno) y confirman que se abandona el solo sí es sí como eje fundamental para juzgar una agresión sexual al introducir la violencia y la intimidación en el artículo 178 del texto, en el que se recoge, precisamente, el consentimiento.

Llop defendió durante la mencionada entrevista que el objetivo es hacer un "reajuste técnico" que eleve las penas de las agresiones sexuales cometidas tras la aprobación de la reforma, admitiendo que en ningún caso se acabaría con las revisiones que en algunos casos implican rebajas. Ese reajuste pasa por reintroducir la violencia y la intimidación en la norma, y es aquí donde se libra la batalla más dura por el relato entre el PSOE y Unidas Podemos.

Recuperar la violencia y la intimidación es, a juicio del espacio confederal y de Igualdad, volver al modelo anterior al del consentimiento, pasar de considerar la agresión única y exclusivamente en función de si el acto en cuestión fue consentido (más allá de situaciones que pueden agravar la pena) a recuperar la necesidad de que la víctima pruebe que hubo violencia o intimidación.

En el PSOE, sin embargo, insisten que el consentimiento seguirá siendo el elemento central. Así lo reiteró en un buen puñado de ocasiones la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Ministros. En ese marco dejó también un mensaje, al ser preguntada por las palabras de Llop. "Lo más importante no son las manifestaciones públicas que podamos hacer. Lo importante es defender la ley. Es una buena ley pero que ha dado resultados que no deseábamos. La mejor forma de proteger la ley es hacer estos ajustes técnicos", indicó.