Por razones técnicas y de seguridad, el Ayuntamiento de Callosa de Segura ha acordado trasladar al próximo lunes día 12 la retirada de los restos de la de la cruz franquista, que estaba inicialmente previsto ejecutar este miércoles.

Según informa la alcaldía del municipio, las razones obedecen a que, para llevar a cabo las tareas de desmantelamiento de los restos del monumento franquista, “es precisa la presencia de un cordón de seguridad como ya se hiciera el pasado 29 de enero, para evitar los incidentes que como era previsible finalmente se produjeron”. Y efectivamente, dos ultras vinculados a la Falange fueron detenidos por enfrentarse a los agentes, cuando portaban cierta cantidad de material pirotécnico potente, del que llegaron a hacer uso, causando lesiones a un miembro de la Guardia Civil.

Aquellas tareas de desmontaje no pudieron ejecutarse en su totalidad debido a que, ese mismo día, la sala primera de los contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó un auto de urgencia que ordenaba la paralización cautelar de las obras, a instancias de la Plataforma en Defensa de la Cruz de los Caídos de Callosa de Segura.

Tras la revocación de la cautelar comunicada oficialmente por el TSJCV este pasado lunes 5 de febrero, “era preciso solicitar las correspondientes medidas de protección a la subdelegación del Gobierno en Alicante, y dadas las fechas -según informa el consistorio- se ha considerado conveniente trasladar el operativo de desmontaje total al próximo lunes” que, inicialmente, estaba previsto para hoy miércoles en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

Ahora recurso al Tribunal Supremo

La razón básica de seguridad para poder llevar a cabo el desmontaje de los restos de la cruz reside, básicamente, en que la tensión social sigue en un punto álgido, a pesar de la resolución de la máxima instancia judicial territorial valenciana, que ha permitido que se prosiga la retirada completa del monumento. Y eso que esta continuación está condicionada por el TSJCV, que exige que en las tareas se preserve “siempre la integridad de todos los elementos partes del monumento para que, en su caso, se pueda proceder una posible posterior reconstrucción”, ya que hay dos causas abiertas donde se determinará, entre otras cuestiones, si esta cruz de los caídos en litigio es en realidad un simple símbolo cristiano o, en cambio, es un símbolo de exaltación del franquismo.

Pero estas medidas proteccionistas del alto tribunal valenciano no han contentado a la minoría ultracatólica y franquista. Ellos quieren que el monumento sea mantenido en el mismo lugar donde fue erigido en 1941, en la plaza de España, junto a la iglesia, en memoria de los “callosinos” falangistas “caídos” que se sumaron al golpe de Estado contra la República en 1936.

Por esta razón, ayer mismo la asociación de abogados cristianos, que defiende los intereses de la Plataforma de Defensa de la Cruz, ha solicitado directamente al Tribunal Supremo que proceda a dictar una nueva medida cautelarísima, con la intención para impedir de nuevo las obras y paralice de inmediato desmontaje del símbolo franquista.

Se trata de un recurso ante la sala tercera del alto tribunal, con la pretensión de tumbar la decisión del TSJCV. El argumentario de los abogados cristianos es el mismo planteado ante la sala tercera del los Contencioso administrativo. Además, recoge en su integridad  el argumentario de la magistrada de la sala que emitió un voto particular contrario al de los otros cuatro magistrados que componen su sala.