El debate migratorio que tuvo lugar el miércoles en el Congreso fue opacado casi por completo por el discurso del PP sobre ETA y por el enésimo enfrentamiento entre el Gobierno y las derechas en la Cámara Baja. Sin embargo, el presidente del Ejecutivo dejó una serie de anuncios, entre los que destacan su intención de dar un impulso a la ley de familias e iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios con este objetivo la próxima semana.

La ley de familias fue aprobada por el Consejo de Ministros en febrero, después de que el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, la llevara. A su vez, esta norma ya había sido redactada por la ministra anterior, Ione Belarra, pero no pudo ser tramitada debido al adelanto electoral del 23J.

Cuando el Gobierno la aprobó, el departamento liderado por Bustinduy ya dejó claras sus intenciones de reforzar y ampliar la norma durante su tramitación en el Congreso, previa negociación con los grupos parlamentarios.

Aunque los contactos han sido discretos, antes de que Sánchez anunciase este miércoles su intención de dar un "impulso" a la tramitación, Derechos Sociales ya mantenía conversaciones con los grupos. En este momento, la ley se encuentra en fase de presentación de enmiendas a la totalidad, y los de Bustinduy buscan un acuerdo para superar esta fase y pasar a la de enmiendas parciales.

En este contexto, la ley de familias para Derechos Sociales también es una vía para aprobar una de las demandas que Sumar le ha presentado al PSOE de cara a esta legislatura en materia de conciliación: la ampliación de los permisos retribuidos hasta las 24 semanas (ampliando el permiso de maternidad y paternidad hasta las 20 semanas y retribuyendo cuatro de las ocho semanas del permiso de cuidados aprobado el pasado año).

Luchar contra la pobreza infantil y avanzar en conciliación

El objetivo de Bustinduy es retribuir estos permisos incluso antes de que la ley pueda ver la luz, ya que en su departamento creen que hay margen para hacerlo, pero la norma es también una vía para lograrlo. Además, en septiembre la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España por incumplir la directiva comunitaria que obliga al pago de la asignación por las dos últimas semanas del permiso parental que exige la UE.

Aunque Pedro Sánchez parece haber centrado el foco ahora en la ley de familias, el marco del presidente no es exactamente el mismo que el de Derechos Sociales. El presidente apeló a la necesidad de impulsar esta norma como herramienta para combatir la crisis demográfica que sufre el país (en medio del debate migratorio que tuvo lugar en el Congreso).

Para Bustinduy, la de familias no es simplemente ni sobre todo una norma que recoge políticas de fomento de la natalidad, sino una norma fundamental para atajar dos grandes problemas: las altas tasas de pobreza infantil y las dificultades de las familias españolas para conciliar.

El titular de Derechos Sociales también pugna en la actualidad en el seno del Gobierno para aprobar una prestación universal por crianza de 200 euros hasta los 18 años, una medida que buscaría, precisamente, atajar el problema de la pobreza infantil.

Bustinduy encontrará, según ha podido saber Público, el empuje del resto de partidos del ala izquierda de la Cámara en la negociación de la ley. También en el aumento de los permisos retribuidos y la creación de la prestación universal por crianza, dos de los grandes caballos de batalla del ministro de Derechos Sociales en la presente legislatura.

La ley de familias, eso sí, tendrá que ser "de máximos" para que la apoye Podemos, cuya secretaria general, Ione Belarra, impulsó la norma y edificó los mimbres de la misma en el primer Gobierno de coalición progresista. Fuentes de los morados insisten en que, en estos momentos, "la situación de las familias es desesperada" y que "no sirve cualquier ley". Por tanto, cabe esperar que Podemos sea muy exigente en la negociación y la lleve al límite.

Las izquierdas soberanistas piden "blindaje competencial"

EH Bildu, Esquerra Republicana (ERC) y Bloque Nacionalista Galego (BNG) están por la labor de introducir tanto los permisos retribuidos, como la prestación universal por crianza en la negociación, aunque todo ello "con matices", en palabras de fuentes del BNG.

Los abertzales, por su parte, explican que ya avanzaron mucho con Belarra durante la pasada legislatura tanto en los permisos, como en las prestaciones sin olvidar "el blindaje competencial" y confirman que seguirán la misma línea con Bustinduy.

Además, señalan que su grupo parlamentario ya ha reclamado en varias ocasiones "mejoras en los permisos retribuidos". Hay plena sintonía en ese sentido. En cuanto a la prestación universal tampoco se cierran. "Analizaremos con detalle la propuesta".

Es una postura parecida a la de ERC. A los republicanos les suena bien la música que llega desde el ministerio de Bustinduy y consideran que existe la necesidad de que se apruebe una ley de familias fuerte, pero también subrayan la cuestión competencial.

Fuentes del partido explican a este medio que, en la pasada legislatura, Belarra se abrió a modificar todos los puntos de la ley que pudieran pisar competencias autonómicas y por eso ERC la negoció de buen grado. Es el mismo escenario que el actual. ERC cooperará, siempre y cuando se asegure una interferencia competencial nula.