La Comisión Europea anunció este jueves la apertura de un expediente a España por no haber adoptado aún de forma completa la nueva directiva europea de conciliación y, en concreto, por no garantizar una retribución por las dos últimas semanas en los permisos parentales.

Esta normativa fue aprobada en 2019 y los Estados miembros tenían hasta el 2 de agosto de este año para trasladar a sus legislaciones nacionales este punto concreto de la misma, pero el Ejecutivo comunitario explica en un comunicado que "España no ha comunicado hasta la fecha la transposición completa de esta disposición".

Este primer paso —el envío de una carta de emplazamiento— es la primera fase dentro de los procedimientos comunitarios de infracción, que en última instancia pueden acabar ante la Justicia europea e incluso suponer multas si el país apercibido no subsana los problemas detectados.

En este extremo, sería la Comisión Europea la que propondría la imposición de sanciones económicas al Tribunal de Justicia de la UE, la institución que eventualmente decidiría sobre las mismas.

El pasado 2 de agosto, cuando se cumplió la fecha límite para su aprobación, el Ministerio de Trabajo cifró en siete millones el importe de una posible sanción y advirtió de que esta cantidad "se irá agravando a medida que este incumplimiento se extienda en el tiempo".

España dispondrá ahora de dos meses para responder a las demandas del Ejecutivo comunitario, que "en ausencia de una respuesta satisfactoria" pasaría a la siguiente etapa del procedimiento de infracción, que es el envío de un ultimátum a las autoridades españolas.

La directiva de conciliación establece unos "requisitos mínimos" para los Estados miembros con el objetivo de lograr la "igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a las oportunidades en el mercado laboral facilitando la conciliación entre la vida familiar de los trabajadores que son padres".