El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, asegura en una entrevista este jueves en el "Süddeutsche Zeitung" que España aceptará la decisión de la Justicia alemana, sea cual sea, respecto a la petición de extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont por rebelión y malversación.

"El Gobierno español aceptará naturalmente cualquier decisión de la Justicia alemana", afirma Borrell, quien al mismo tiempo recuerda que el tribunal competente únicamente tiene que analizar si los delitos que se le imputan a Puigdemont tienen un equivalente en el derecho penal alemán.

Agregó que "el proceso se mueve en una zona gris, porque se ha visto que incluso los fiscales y los jueces alemanes que trabajan en este caso defienden posturas diferentes".

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein había respondido a principios de abril a una primera solicitud de extradición presentada por la Fiscalía de ese estado federado descartando el delito de rebelión y pidiendo información adicional sobre el cargo de malversación de fondos públicos, al tiempo que dejaba en libertad bajo fianza de 75.000 euros a Puigdemont.

En un segundo escrito, la Fiscalía solicitaba de nuevo el pasado día 1 la extradición a España de Puigdemont por rebelión y malversación y el ingreso en prisión del líder independentista, que actualmente reside en Berlín a la espera de conocer la decisión del tribunal, por considerar que persiste riesgo de fuga.

Por otra parte, Borrell rechaza como "totalmente injustificada" la acusación de que España adolece de un "déficit democrático" en relación con su manera de gestionar la crisis catalana y recuerda que tampoco Estados como Italia, Francia o Alemania permitirían la escisión de una de sus regiones.

El político catalán afirma que en Catalunya se han vivido "los primeros actos de resistencia contra el Estado" y subraya la importancia, ahora, de "rebajar en primer lugar las tensiones". En ese sentido considera "un buen paso" que ambas partes hayan declarado su "disposición a un diálogo sin condiciones previas".

"Pero lo que está claro es que la Constitución española debe ser respetada. Una declaración unilateral de independencia como la que aprobó el Parlamento catalán en octubre pasada con una ajustada mayoría tampoco habría sido aceptada en ningún otro Estado de la Unión Europea" y "naturalmente esto tiene que tener consecuencias políticas y jurídicas", advirtió.

Según Borrell, "La democracia española ha superado en los pasados tres años una enorme prueba de resistencia", dice, y agrega que "con todas las dificultades, ha quedado demostrado que los mecanismos democráticos funcionan".