El Bloque Nacionalista Galego (BNG) arrancó este lunes el curso político en Galicia con una propuesta para invertir 1.000 millones de euros en medidas sociales y ayudas específicas que ayuden a empresas, familias y trabajadores a superar  la crisis de precios y a combatir durante el otoño y el invierno el colapso de los servicios públicos y el tejido productivo.

Tras la reunión de la Executiva Nacional del BNG celebrada en Santiago, la portavoz nacional, Ana Pontón, advirtió que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sucesor de Alberto Núñez Feijóo, está respondiendo con "pasividad, falta de ideas e incapacidad" a la peor crisis inflacionaria de los últimos 40 años.

También recordó que en el año 2021 el Gobierno gallego dejó de invertir más de 1.000 millones del presupuesto autonómico de ese ejercicio, cuando los efectos económicos de la emergencia sanitaria aún no se habían templado. "Sería una auténtica irresponsabilidad que se volviera a producir una situación similar", dijo.

El BNG, que ya ha registrado la propuesta en el Parlamento de Galicia y que la presentará esta semana a los agentes sociales, cree que la inversión se puede financiar con cargo a partidas de los presupuestos de la Xunta que tienen un bajo nivel de gasto y remanentes que podrían no llegar a ejecutarse.

Entre otras cosas, Pontón propone movilizar 200 millones de euros para resolver el caos en los centros de salud de atención primaria; 125 millones para contratar profesorado y garantizar la gratuidad de los libros de texto y el material escolar desde el inicio de este mismo curso -una medida que Feijóo eliminó nada más llegar a la Xunta en 2009-, y otros 110 millones para subir 100 euros el complemento autonómico de las pensiones no contributivas,  elevar las cuantías de la renta de integración social y las ayudas contra la pobreza energética y para alimentos, bienes y servicios básicos.

Además, el plan contempla invertir otros 175 millones en ayudas directas a pymes, autónomos, cooperativas y empresas de sectores estratégicos, así como para un fondo extraordinario que permita hacer compras centralizadas de energía a precios ventajosos. Otros 40 millones se destinarían a bonificar el transporte público, garantizar la gratuidad de las autopistas de titularidad pública, así como el autobús público para parados, estudiantes y trabajadores con rentas por debajo de los 20.000 euros anuales, entre otras medidas.

Finalmente, otros 50 millones se entregarían a los ayuntamientos para ayudarles a cubrir el incremento en los costes de sus gastos corrientes y para financiar ayudas y medidas sociales de emergencia en sus ámbitos competenciales.

Según Pontón, Galicia, pese a ser una de las comunidades con pensiones y rentas más bajas del Estado, está siendo de las más perjudicadas por la crisis de precios, con una inflación del 11,5% en julio y un crecimiento interanual del índice de precios al consumo (IPC) del 6,75%, un punto por encima de la media nacional (5,8%). "Ese impacto afecta a toda la ciudadanía, pero especialmente a las pymes y a las familias más vulnerables, que han visto cómo algunos bienes de primera necesidad han subido un 30%, un 37% y hasta un 40%", alertó.

Frente a esa situación, la portavoz nacional del BNG acusó al presidente de la Xunta de ser "rehén" de la estrategia estatal del Partido Popular. "El PP cree que cuanto peor para los gallegos y las gallegas, mejor para los intereses electorales de Feijóo, es la peor cara de la política", djio Pontón, quien añadió que el liderazgo de Rueda "llegó de manera accidental" y que ahora es un presidente "instrumental, ausente y sin ideas".

A juicio de la líder nacionalista, Galicia está hoy peor que cuando el PP accedió  a la Xunta en 2009, opinión que argumentó con seis cifras: 218.000 emigrantes jóvenes en un país en plena crisis demográfica; 925 camas de hospital suprimidas; 138 centros escolares -el 10% del total- cerrados; 38.000 empleos destruidos en el agro, la industria y la pesca; y 600.000 personas en situación  de pobreza.