"Es una barbaridad. La justicia lenta no es justicia. No se puede tardar cuatro o cinco años en dar respuesta a los problemas de un ciudadano", señala la magistrada Judith Saiz, responsable de un Juzgado Mercantil en Málaga y portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria en Andalucía, que sostiene que "un país moderno necesita una justicia ágil. Puede que no tenga sentido tardar cinco años en dar solución a un conflicto, que lo haya perdido en ese tiempo".

Eso está ocurriendo en la jurisdicción social, la encargada de resolver los litigios de carácter laboral, en la que el periodo que tienen que esperar los trabajadores entre la presentación de la demanda contra su despido y la celebración del juicio supera los cinco años en ciudades como Sevilla y ronda los tres en otras como Barcelona, según explican fuentes judiciales. Eso, a expensas de que esa primera sentencia sea recurrida y la duración del pleito se prolongue todavía más.

Tanto las demandas por despido como las reclamaciones de cantidad, en las que los trabajadores denuncian impagos, ya sea de salarios o de otros complementos salariales, se han disparado en los últimos meses en un síntoma del incremento de la conflictividad laboral vinculado a la destrucción de empleo y de tejido empresarial generados por la crisis económica asociada a la pandemia.

Al cierre de septiembre, según los registros del Ministerio de Trabajo, operaban en España 18.300 empresas menos que al acabar el verano de 2019, aunque el volumen de cierres llegó a superar los 85.000 en los primeros meses, mientras que el volumen de asalariados había crecido en 136.195, aunque tras el desplome inicial se acercó a los 800.000, volúmenes a los que, en ambos campos, se les han ido añadiendo altas y bajas en el último año y medio.

Los datos del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) revelan un notable incremento de las demandas por despido y de las reclamaciones de cantidad en el primer año de la pandemia, en el que las primeras alcanzaron una media semanal de 2.576 y las segundas otra de 2.517 que han acabado de colapsar el funcionamiento de los juzgados que las tramitan.

"Esta situación viene de años atrás. Es necesario crear más órganos judiciales, que es algo que se está haciendo con cuentagotas", anota Saiz, que critica que "la justicia es un servicio público fundamental, pero no se le considera esencial y no da votos, su situación no perjudica ni beneficia electoralmente a los partidos".

Los registros sobre pleitos laborales del último año móvil de la pandemia, que son los doce meses transcurridos entre julio de 2020 y junio de 2021, se sitúan en niveles cercanos a los alcanzados en la etapa de mayor dureza de la anterior crisis.

De hecho, las 133.979 demandas por despidos de esos doce meses solo se ven superados por los 135.379 de 2009 y por los 147.404 y 146.796 de 2012 y 2013, mientras que las 130.906 demandas por impagos ocupan el noveno puesto en la serie que se inicia en 2007.

Los juicios se retrasan tres años en varias ciudades

Eso ha provocado un desmesurado incremento de la carga de trabajo de los juzgados de lo Social, los cuales están señalando los juicios a varios años vista pese a la descarga que les suponen los tribunales de refuerzo que operan en varias provincias.

La situación más exagerada se da en Sevilla, donde, con doce juzgados de planta y cuatro de refuerzo, algunos ya han abierto la agenda de 2026, lo que supone más de cinco años de espera desde que la demanda se admite a trámite hasta que se celebra el primer juicio.

Los tribunales sevillanos de lo Social reciben más de 1.400 asuntos al cabo del año, casi treinta por semana, cuando el volumen que el CGPJ considera aceptable para esa jurisdicción es de 800.

"Evidentemente se trata de un caso claro de falta de medios", anota Saiz, que advierte de la imposibilidad de enjuiciar esa cantidad de pleitos: "Tampoco se puede celebrar juicios todos los días, porque hay que poner las sentencias y atender a la tramitación".

La situación no es, en cualquier caso, exclusiva de la capital andaluza. En A
Coruña y Murcia se están señalando para 2024, en Barcelona se fechan para dentro de dos tras tardar más de uno en admitir a trámite las demandas, y en Zaragoza la tardanza se acerca a los dos años, aunque el juzgado de refuerzo llega a citarlos para un mes, explican fuentes jurídicas de esos territorios.

La vulneración de la tutela judicial efectiva

Esa situación de atasco de los juzgados ha dado lugar a una inusual resolución en la que el propio tribunal admite que el señalamiento de los juicios para dentro de varios años supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que recoge la Constitución, que en este caso tiene como víctimas a los trabajadores que presentan las demandas.

El abogado Daniel Sánchez Bernal presentó el 5 de febrero de este año una demanda de despido cuyo juicio señaló casi cuatro meses después el Juzgado de lo Social número 5 de Sevilla para el 24 de mayo de 2024, con un acto de conciliación para que las partes intenten un eventual acuerdo media hora antes.

"Esta parte entiende perfectamente las carencias estructurales que surgen con el aumento del número de casos, de la falta de medios materiales y personales, así como de la alta carga de trabajo" de los tribunales, señalaba en su recurso, en el que sostenía que "estas circunstancias no justifican la excesiva temporalidad en el señalamiento (…) pues ello implica la vulneración del mencionado derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y a la tutela judicial efectiva".

"La potestad de señalamiento no autoriza cualquier fecha remota ya que, reiteradamente, el Tribunal Constitucional ha considerado que el señalamiento a dos o más años vista de un asunto sin complejidad lesiona el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas", añadía, a lo que el juzgado, que acaba de adelantar el juicio dos años y medio al programarlo para finales de noviembre de 2021, respondió que "no podemos estar más de acuerdo con sus alegaciones" por mucho que "fijar las fechas (…) no es una acción arbitraria sometida a capricho" sino que se hace "teniendo en cuenta un estricto orden de fechas y disponibilidad , dependiendo del volumen de demandas que soporta el juzgado".

"Los operadores jurídicos tenemos que denunciar estas vulneraciones a la tutela judicial efectiva, no podemos tolerar que se fijen juicios para tres o cuatro años vista", señala Sánchez, que califica de "auténtica aberración jurídica" el hecho de que en Sevilla se hayan comenzado a señalar vistas para 2026.

Se disparan las facturas impagadas y las insolvencias

"Esos retrasos vulneran totalmente el derecho a la tutela judicial efectiva", coincide Saiz, que llama la atención sobre otro efecto secundario de este atasco que acaba resultando dañino para las arcas públicas, ya que es el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) quien acaba teniendo que hacerse cargo del pago de los salarios de tramitación cuando es el trabajador quien gana el juicio y si la empresa ha desaparecido en esos años.

El Fogasa dedicó entre enero y setiembre 433,5 millones de euros a pagar a 31.755 trabajadores salarios (149,37) e indemnizaciones por despido (284,17) que no habían sido cubiertas por sus empresas, una cifra que, de mantenerse el ritmo, superará los 459 del año pasado, los 520 del anterior y, probablemente, también los 566 de 2018.

La sobrecarga de trabajo y la ralentización de los procedimientos no se circunscribe en exclusiva a los juzgados de lo Social. Los de lo Civil, afectados también por la crisis al ser los encargados de tramitar entre otras materias las reclamaciones de impagos entre empresas y los concursos de acreedores de las que se declaran insolventes pese a la vigencia de la moratoria, también están acusando un aumento que en algunas ciudades andaluzas está llevando a señalar juicios para dentro de dos y tres años.

Y las cifras que recoge el CGPJ tampoco apuntan a una relajación de la actividad, ya que, por una parte, los 8.768 concursos presentados por empresas en el último año móvil se acercan más a los registros de más de 10.000 de 2012 y 2013 que a la horquilla 5.300 a 6.900 de los últimos cuatro años.

Y, por otra, el volumen de monitorios, que son las reclamaciones de facturas impagadas entre particulares, regresa con una anotación de 824.668 a unos niveles que no se daban desde 2009 (856.875) y 2010 (895.127), cuando se desató la oleada de insolvencias que provocó las más de 44.000 quiebras del periodo 2009-2013, el previo a la recuperación que frenó en seco con la pandemia.