El juez Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6, vallisoletano de 71 años, ha protagonizado un momento clave de la actualidad política, al dictar auto de imputación este lunes contra el expresident Carles Puigdemont; Marta Rovira, secretaria general de ERC; y otros diez cargos relacionados con el 'procés'.

Su investigación contra el movimiento Tsunami Democràtic por los actos en protesta por la sentencia del 'procés', en el otoño de 2019, califica de terrorismo los desórdenes que sacudieron Catalunya tras las condenas a los líderes independentistas en el Supremo, como, por ejemplo, el intento de toma del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Para García Castellón, “El análisis de los hechos expuestos no permite excluir, en absoluto, que Tsunami pudiera tener la consideración de grupo terrorista, debiendo esclarecer si se llegó a materializar su actuación con alguno de los delitos del artículo 573 del Código Penal [sobre delitos de terrorismo]”, indica el juez. La Fiscalía ha anunciado que recurrirá este auto por no estar de acuerdo con la calificación, ya que considera que el delito tendría encaje en los desórdenes públicos y no con el terrorismo.

Las reacciones al auto de imputación de García Castellón, en un día en el que se esperaba la firma del acuerdo entre el PSOE y Junts sobre la ley de amnistía para poner fecha a la investidura de Pedro Sánchez van desde la expresión “golpe de Estado permanente”, usada por el propio Puigdemont para referirse al auto judicial, hasta “Tejero lleva toga”, de Gabriel Rufián en relación al juez García Castellón.

A nadie se le escapa que una decisión de tal calibre, como investigar por terrorismo al europarlamentario y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en este preciso momento equivale a poner un granito de arena para complicar la futura ley de amnistía, opinan fuentes jurídicas relacionadas con el 'procés'.

Casualmente, los 'granitos de arena' del juez Manuel García Castellón van siempre en una misma dirección, que acaba beneficiando al Partido Popular. Por recordar algunas de sus polémicas decisiones, cabe señalar su empeño en no imputar a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la causa Kitchen, sobre el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas, extesorero del PP, pese a los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción en el sentido contrario; y pese a las pruebas en forma de audios que constatan sus encargos al comisario Villarejo para eliminar 'la libretita' de Bárcenas.

Según enseña la trayectoria de este juez, al que le queda un año para jubilarse forzosamente, sus líneas rojas parecen ser el PP, la cúpula del PP. Recientemente se ha negado a considerar al partido de Feijóo responsable a título lucrativo en la causa Kitchen, pese a que obviamente el PP se benefició de los actos ilegales de la 'brigada patriótica' del Ministerio del Interior de Mariano Rajoy, que, entre otras cosas, acabaron arrebatando a Bárcenas documentos que probarían la financiación ilegal del partido.

También recientemente ha archivado la pieza separada 10 del caso Púnica, en la que había casi 40 cargos del PP investigados por los contratos a las empresas de reputación 'online' de Alejandro de Pedro, entre ellos una docena de alcaldes del PP en el País Valencià y Madrid. El magistrado da por hecho que se pagó con dinero público a las empresas de De Pedro, pero dice que esos trabajos de reputación que benefician a los políticos del PP no se pueden desligar de los cargos públicos que ocupan.

Esperanza Aguirre, Cifuentes y González, salvados

García Castellón también ha cerrado la causa por la financiación irregular del PP madrileño para tres expresidentes del PP: Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González. La pieza separada de Púnica que investiga la caja b del PP de Madrid centra la presunta responsabilidad únicamente en Francisco Granados, exsecretario general del partido en Madrid, y el exgerente Beltrán Gutiérrez.

De la mano de José María Aznar

Pero ¿quién es Manuel García Castellón? ¿De dónde viene su fama de juez afín al PP? Su gran empuje vino a raíz de investigar el atentado de José María Aznar, en abril de 1995, cuando era presidente del PP. García Castellón, en comisión de servicios en la Audiencia Nacional, asumió la investigación y se negó en redondo a indagar en las medidas de seguridad que llevaba entonces el líder de la oposición, ni quiso llamar a declarar a sus guardaespaldas, tal y como pidió la Fiscalía para aclarar el atentado.

En el año 2000 consiguió un gran regalo: ser nombrado por el Gobierno de Aznar magistrado de enlace en Francia, un puesto discrecional del Ejecutivo, muy bien remunerado. En 2012, fue trasladado a la embajada española en Roma para ejercer de enlace con los jueces del país. Y en 2017 regresó al Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional en un momento muy oportuno para el PP.

Una conversación entre dos líderes del PP, hoy imputados por casos de corrupción, Eduardo Zaplana e Ignacio González, grabada por la Guardia Civil a finales de 2016, da pistas sobre la llegada, meses después de García Castellón a la Audiencia Nacional. González, expresidente de la Comunidad de Madrid, necesitaba a un juez de confianza, afectado ya por el caso Lezo, por el que fue detenido en abril de 2017.

En aquella conversación, González le trasladaba a Zaplana que tenía que regresar el juez titular del Juzgado 6 de la Audiencia Nacional y destinar al suplente a otra plaza. Y así ocurrió. Manuel García Castellón regresaba con 64 años a la Audiencia Nacional, tras 17 años sin pisar un juzgado.

La obsesión por Podemos

Pero si por algo se ha caracterizado este magistrado en los últimos años es por su obsesión contra Podemos, en causas que han acabado archivadas porque nunca existieron los delitos que intentó atribuirles a los dirigentes de la formación 'morada'.

Más de 20 querellas contra Podemos han acabado archivadas a lo largo de estos años, desde el blanqueo de capitales al falso Informe policial P.I.S.A. [acrónimo de Pablo Iglesias S. A.] que García Castellón dio por válido y con el que se pretendía vincular a Podemos y a su líder entonces, Pablo Iglesias, con delitos fiscales y blanqueo de capitales, además de con financiación ilegal. La investigación concluyó a mediados de 2022, siendo archivada por el magistrado.

Pero García Castellón tenía otra pieza reservada para Pablo Iglesias, el caso Dina, sobre el robo del móvil de la asesora de Iglesias, Dina Bousselham, en 2015, cuyo contenido apareció publicado en varios medios de la órbita del comisario Villarejo. El juez quiso darle la vuelta al caso e imputar a Pablo Iglesias, algo que finalmente frenó el Tribunal Supremo.

También la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ha parado los pies a este juez en relación a su 'fiebre' para con Podemos y sus dirigentes. La investigación que inició en 2021 sobre presuntos pagos de Venezuela a la formación de Pablo Iglesias, sustentados en falsos informes policiales y en el interesado testimonio del exmilitar venezolano 'Pollo Carvajal', que pretendía paralizar su extradición a Estados Unidos, fue archivada tras el rapapolvo de la Audiencia Nacional, por ser una investigación prospectiva a todas luces.