El empresario Juan Carlos Barrabés ha recurrido este miércoles el registro de su domicilio y de la sede social de sus compañías asegurando que el juez Juan Carlos Peinado, que investiga el caso de Begoña Gómez, lo ordenó sin tener "sospecha o indicio de la comisión de los hechos delictivos". El que fue profesor de máster de la esposa de Pedro Sánchez considera que se ha cometido una "flagrante vulneración" de sus derechos como investigado.

La defensa del empresario ha solicitado a la Audiencia de Madrid que deje sin efecto el auto por el cual el magistrado dio luz verde a la entrada y registro que se produjo el pasado 23 de agosto. Alegan que no se cumplen "los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos para la adopción de tan gravosa medida".

Los hechos se refieren a cuando cuando agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron el domicilio particular de Barrabés y la empresa Innova Next, el pasado viernes en Madrid. El pasado julio, en el curso de la investigación contra Gómez, el juez cambió la condición del empresario de testigo a investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La defensa de Barrabés considera que no se respetó la ley

La representación de Barrabés considera que no se ha respetado "el principio de especialidad al haberse acordado una investigación prospectiva sin una base mínimamente objetiva". Asimismo, apunta que "se han vulnerado los principios de excepcionalidad y necesidad, al haberse adoptado la medida más gravosa que podía haberse obtenido por medios mucho menos lesivos".

Asimsmo, consideran que el auto de entrada y registro "desoye radicalmente" la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determina que una medida de ese tipo debe estar "relacionada con la investigación de un delito concreto". "Se pretende incautar todo lo relacionado con un supuesto delito del que no existe el más mínimo indicio de su comisión", ha dicho el abogado.

En defensa del empresario, el letrado ha insistido en que su cliente no pudo haber cometido un delito de tráfico de influencias o de corrupción en los negocios en tanto que el contrato a Innova Next, que está siendo objeto de investigación, "es del año 2017, fue adjudicado por el Ayuntamiento de Madrid y dos años antes de que Barrabés conociera a Gómez y antes de que su marido fuera presidente del Gobierno".

A la vista de estas alegaciones "y ante la patente falta de motivación de que adolece el auto y las circunstancias en las que se ha practicado la entrada y registro", su letrado pide a la Audiencia de Madrid que "dicte resolución acordando la nulidad de la resolución que acuerda la diligencia de entrada y registro y de su prórroga".

Otras alternativas

El letrado de Barrabés añade que en esta actuación "se ha vulnerado el principio de proporcionalidad porque el sacrificio de los intereses en juego no es ni mucho menos superior al beneficio que se pretende obtener" por parte del juez. El representante legal señala que el juez "podría haber solicitado" a Barrabés "que aportase su teléfono móvil".

"El juzgado podría haber dirigido cualquier requerimiento a Innova Next, podría haber obtenido la información de fuentes públicas, podría haber interesado información del portal de transparencia", señalan en el escrito.