El Banco de España tramitó 11 expedientes sancionadores en 2023 contra entidades y sus cargos de administración y dirección, que han afectado al menos a 54 personas físicas, según los datos que se recogen en la Memoria de Supervisión que el supervisor ha publicado este jueves e informa la agencia Europa Press. En el ámbito prudencial se tramitaron nueve expedientes y seis se resolvieron en 2023.

El Banco de España señala que ha puesto el foco en el control interno de las entidades, la gestión de sus riesgos y su gobernanza y el mantenimiento del nivel de recursos suficientes para hacer frente a los riesgos asumidos y posibles perturbaciones, ámbitos en los que se enmarcan cuatro de los nueve expedientes tramitados en 2023.

Tres de esos cuatro expedientes ya finalizaron su tramitación el pasado año y se realizaron contra un establecimiento financiero de crédito, una cooperativa de crédito y una entidad de dinero electrónico. El expediente restante no fue resuelto en 2023, al incoarse a final de año y se abrió contra una cooperativa de crédito.

Por otra parte, las sociedades de tasación y sus respectivos cargos de administración siguieron siendo una prioridad supervisora, razón por la que destacan dos expedientes, resueltos ambos en 2023, por conductas relativas a su organización, procedimientos y mecanismos de control interno. El Banco de España también ha tramitado otros dos expedientes en el ámbito relativo al cumplimiento de las normas sobre la adquisición de participaciones significativas y el intrusismo.

El supervisor detalla que uno de ellos se incoó contra una entidad de dinero electrónico y algunos de sus accionistas y fue resuelto en 2023. También explica que uno de ellos fue por utilizar denominaciones reservadas a las entidades de crédito y por negarse a facilitar información a los servicios de inspección del Banco de España. El otro fue por realizar presuntamente actividad de compra de moneda extranjera sin contar con la autorización necesaria.

En materia de transparencia y protección de la clientela bancaria, el supervisor resolvió dos expedientes contra un banco y contra una entidad de dinero electrónico; frente a esta última también se incoó uno de los expedientes relativos al ámbito prudencial anteriormente mencionado. Los incumplimientos de estos dos últimos expedientes tuvieron que ver, entre otras cosas, con deficiencias en relación con la oferta y comercialización de tarjetas de crédito, el devengo de intereses, la liquidación y cobro de intereses y comisiones, así como la entrega y contenido de la información precontractual y contractual.

Supervisión de la conducta

Sobre la supervisión de conducta —labor que tiene como objetivo verificar si las entidades se ajustan a la normativa de transparencia y protección de la clientela—, el Banco de España llevó a cabo 153 actuaciones supervisoras concentradas, fundamentalmente, en las áreas de cuentas y depósitos (43), de crédito al consumo (34), de servicios de pago (26) y de crédito inmobiliario (24). Otras 26 fueron para publicidad, servicios de atención al cliente o financiación a pymes.

Como resultado de las actuaciones supervisoras realizadas, Banco de España incoó un expediente sancionador y formuló 101 escritos de requerimientos y de solicitudes de cese o rectificación de conducta, de los que 57 se realizaron en el marco de la supervisión de la actividad publicitaria, y 76 escritos con recomendaciones y aclaraciones.

Recomendaciones derivadas del SREP

La memoria de supervisión del Banco de España también hace mención al proceso de revisión y evaluación supervisora (SREP, por sus siglas en inglés) de las entidades, un proceso anual por el que se determina el perfil de riesgo de una entidad y sirve para asignar el requerimiento de capital (P2R y P2G).

Como resultado del SREP, en 2023 se han realizado un total de 97 requerimientos y recomendaciones de carácter cuantitativo y cualitativo, de los que 35 son requerimientos vinculantes. El Banco de España destaca los requerimientos cuantitativos de capital (P2R), así como los requerimientos y recomendaciones en materia de gobernanza y riesgo de crédito.

En el riesgo de crédito, el requerimiento más extendido ha sido, de nuevo, el referido al "déficit" de cobertura de exposiciones dudosas, que se debe cubrir con provisiones y, en su defecto, con una extensión de capital. De hecho, este año, se ha requerido un add-on, como también se denomina a las extensiones de capital, específico por este motivo a tres entidades.

En este aspecto, el Banco de España destaca que se han desarrollado "revisiones de detalle" de los préstamos dudosos en seis entidades españolas, reclamándose una mejora de las políticas y procedimientos que gobiernan esta cartera.

En cuanto a la gobernanza, el supervisor destaca las recomendaciones relativas a la necesidad de fortalecer el proceso de toma de decisiones estratégicas; favorecer el adecuado funcionamiento y composición del consejo de administración y sus comités, mejorando los procesos para determinar la idoneidad individual y colectiva de sus miembros y los planes de renovación y sucesión de los consejeros.

También se ha solicitado que se "enriquezca" la documentación presentada a los consejos de administración y se asegure que la función de gestión de riesgos disponga de un peso adecuado en la organización y un grado de independencia acorde con la complejidad y con la actividad bancaria llevada a cabo por las entidades.

Asimismo, se han efectuado recomendaciones o requerimientos relacionados con la capacidad de agregación de datos de riesgos y el reporting, y con la efectiva implementación de los sistemas de control de las filiales y del modelo de control de blanqueo de capitales.