Baltasar Garzón fue juez y hoy es abogado. Siendo lo primero, dirigió la investigación de algunos de los casos penales más relevantes de España y marcó hitos en la jurisdicción universal: ETA, los GAL, los crímenes del franquismo, la Gürtel, Pinochet y varios militares argentinos genocidas. Como abogado, su bufete ha representado a Hervé Falciani, a Julian Assange, a chavistas, a ciudadanos rusos relacionados con Putin y a presuntos miembros de la mafia policial que manejaron las cloacas del Estado, como los excomisarios Eugenio Pino, Carlos Salamanca y Enrique García Castaño. Luces y sombras de un jurista que siempre ha llegado a lo más alto y que ahora presenta un libro que es denuncia en sí mismo, denuncia social y propia.

Su libro se titula Los disfraces del fascismo y lleva, como portada, una foto de un caramelo con una esvástica dibujada. Incluye un repaso a la historia del fascismo y a sus nuevas formas por todo el mundo. En esta entrevista, centrada en España, confiesa que ha escrito este libro porque no está "tranquilo" .

En su tour de promoción ya ha dado titulares como estos: "Vox es una extrema derecha con muchos componentes de ideología fascista", "Todavía hay una parte de la Justicia que vive anclada en el franquismo", "Hay determinados jueces y magistrados que favorecen el juego político a PP y Vox".

¿Usted se atreve a decir que Vox es fascista?

No soy partidario de las definiciones. [...] Soy más partidario de que cada lector vaya descubriendo si le parece o no y estoy abierto a asumir la discrepancia. Pero creo que Vox se acerca a posicionamientos fascistas. Vox comenzó de la nada, de un caldo de ideología franquista evidente en el sector más extremo del Partido Popular. Ese caldo sigue vigente. Después evolucionó a una tendencia populista de extrema derecha.

Estamos en un punto de inflexión en el que falta muy poco espacio para que se le pueda catalogar como un partido fascista. No un fascismo como el de los años 20, 30 o 40. Ese fue derrotado en 1945. Sino un fascismo que se va acomodando a las circunstancias actuales, que se metamorfosea, que es camaleónico, en función de lo que se necesita, tanto en espacios de ideología monárquica como republicana. Es decir, que lo que busca es penetración. El objetivo final es la ocupación del poder o que el sistema democrático decaiga o se deprecie o se desnaturalice. Eso es lo que está haciendo Vox con esa restricción y desconocimiento de derechos, de conquistas sociales, el pin parental, la negación de la violencia de género, la recalificación de esa violencia como doméstica, la estigmatización de los migrantes...

No usan la violencia porque han percibido que no es un mecanismo adecuado, pero a veces la justifican, no la condenan. Es más sutil.

¿Usted se sorprendió cuando entraron en 2018 en el Parlamento andaluz con doce escaños?

Se veía venir. Muchos creyeron que la Transición era un bálsamo de Fierabrás que nos curaba de todo y yo nunca lo pensé así. Se dejaron muchos cabos sueltos. Entraron por la falta de atención de los partidos políticos y de todos. Por acomodamiento, burocratización del poder, no se percataron a tiempo por esa visión negacionista. Luego las discrepancias de los partidos progresistas en 2019 tuvieron consecuencias nefastas en las segundas elecciones: el despegue brutal de Vox. Y ahora estamos donde estamos, donde todavía hay quien está sumamente interesado en la confrontación en la izquierda, en vez de optar por esa convergencia mayor. Y, mientras tanto, ellos hacen su trabajo, que es expandirse más y que la credibilidad sea la de ellos y, al final, parece que quienes son los dueños de la calle no están siendo los que defienden los derechos sociales y a los más vulnerables, sino los contrarios.

¿Usted cree que urge un cordón sanitario contra la ultraderecha española?

Sí, lo he dicho muchas veces. No se puede permitir un discurso que vaya dirigido a la eliminación, a la anulación de derechos consolidados, ni siquiera como un elemento dialéctico. Que no es que usted y yo tengamos una conversación. Es que genera cambios. Esto tiene consecuencias.

En Andalucía el ámbito de la memoria histórica se ha paralizado totalmente y en Castilla y León pasará tres cuartos de lo mismo. La desvinculación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género también. Es decir, estamos viendo unos retrocesos importantes. Claro que sí que habría que hacerlo. En España parece que no va a pasar nada y, sin embargo, luego ocurre.

¿Usted cree que Vox utiliza al poder judicial?

Sí, sin lugar a dudas. Y, además, lo dicen. Yo creo que casi es equivalente el número de acciones judiciales al de intervenciones parlamentarias. Es una cosa escandalosa.

Temas que son netamente políticos los judicializamos y si la Justicia no actúa de forma mesurada y no se presta a ese juego, neutralizando esas acciones, llegamos a un momento en que se retroalimenta un espacio y otro y se producen consecuencias nefastas como la deslegitimación del propio sistema. A veces es clamoroso que se estén tramitando algunos procedimientos que todos sabemos que van a ir luego al archivo.

¿Y Vox acude al poder judicial porque es más conservador de lo que debiera?

Desde luego es un hecho que el poder judicial, entendido en todas sus estructuras, en sentido amplio, incluyendo al ministerio fiscal, al ámbito de los jueces y a otras estructuras integrantes dentro de la operativa judicial, es muy conservadora o ultraconservadora. Esto después se puede translucir en resoluciones concretas o en admisión de tramitaciones prospectivas para ver lo que sucede después. Y esto es muy peligroso. Hay que estar vigilantes. Hay que denunciarlo. Por supuesto que hay que investigar determinados hechos, pero cuando empieza la instrumentalización de la Justicia también hay que denunciarlo.

En su libro habla de sumisión, represión, autoritarismo. ¿Usted ve eso también en España? ¿Hay jueces a los que se reprime?

O, por lo menos, se les desconoce o son preteridos en nombramientos o en méritos en beneficio de otros que, aparentemente, los tienen menos y que han estado a favor de determinados argumentos favorables para quien les promueve. Eso es una evidencia. En el caso Gürtel, el del procés, designaciones del Tribunal Constitucional. Tenemos ejemplos suficientes.

¿Usted cree que Vox en el Gobierno sería peligroso?

Sí y, conforme tengan un poder más pleno y en ámbitos que afecten al país y a las relaciones con otros países, es sumamente grave. Sí, no estoy tranquilo y por eso, entre otras cosas, he escrito este libro y asumo la responsabilidad del mismo.

El Tribunal Supremo ha cambiado de idea sobre los recursos de PP, Vox y Ciudadanos sobre los indultos a los independentistas. ¿A usted que le parece?

Un tribunal puede cambiar de opinión. Lo importante es la argumentación y la motivación: el porqué. Para mí el fallo está en admitir la legitimación de los partidos políticos que están haciendo ahora política, que no están defendiendo la legalidad, porque la legalidad fue la que empleó el Gobierno. Dictó una resolución que no fue arbitraria –así fue estimada– y que no invade para nada el ámbito jurisdiccional, que ya había concluido con una sentencia. Es decir, esta vuelta de tuerca a instancia de tres grupos políticos que tienen unos intereses muy claros en este ámbito a mí no me parece la solución más idónea. Habrá que esperar a ver qué sucede con la resolución definitiva. Pero, ojo, que corremos el riesgo de que se instrumentalice de nuevo la administración de Justicia y produzca de nuevo consecuencias graves para la convivencia en España.

¿Cómo se explica usted que su carrera como magistrado se viera truncada por una escuchas a unos abogados del caso Gürtel en conversación con sus clientes y que ahora nadie caiga por Pegasus?

Pues que la ley no es igual para todos. Por mucho menos a mí me cayeron 11 años de inhabilitación y hay una diferencia sustancial. En un procedimiento judicial, con la aquiescencia del ministerio fiscal y a petición de la propia Policía, yo intercepté unas comunicaciones y procuré –y lo reflejé así en la resolución– adoptar todas las medidas para prevenir el derecho de defensa y que no hubiera interferencia. Y, además, el propio juez que me sucedió, que me sustituyó en esa investigación, no solo ratificó mis decisiones sino que las amplió y las utilizó; cosa que yo no hice. De modo que si al final resulta que yo fui el único investigado y condenado y no todos los demás, a uno le queda la duda de por qué y hasta dónde lleva.

La respuesta final la he recibido nueve años después cuando el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de una forma meridiana y paladina, por unanimidad de sus dieciocho miembros, ha dicho que fue una sentencia parcial, arbitraria, falta de previsibilidad de la conducta penal, es decir, que no había definición del tipo penal en el Código Penal y ausencia de doble instancia. Por tanto, que se me debe la reparación y los votos particulares inciden en que la reparación debe de conllevar la restitución en el puesto.

Ese fue mi caso en síntesis y lo que todavía está pendiente que el Estado español cumpla.

Lo otro es diferente. Los servicios de inteligencia cuando toman una decisión de interceptar unas comunicaciones, que tienen que ser autorizadas por un magistrado del Tribunal Supremo, debe de haber una motivación exhaustiva. Es una vigilancia mucho mayor porque se extiende y, si es con la introducción de mecanismos o de virus como el Pegasus, todavía más, porque tienen acceso a todo, todo en absoluto lo que contienen estos aparatos móviles. No solo a tus conversaciones.

Yo, desde luego, no entiendo cómo puede haber justificación, si es que se ha producido, para investigar a políticos españoles o a abogados de esos políticos que están inmersos en procedimientos judiciales y que, evidentemente, eso es jugar con las cartas marcadas.

Y yo no digo que tenga que cortarse la cabeza a nadie, pero si la ley es igual para todos, se tiene que profundizar y se tiene que investigar qué ha ocurrido ahí. Y, además, garantizar la transparencia de los servicios de inteligencia porque es la única garantía de que actúan a favor de la sociedad y no en su contra.

Escuchándole me estoy acordando de Mariano Fernández Bermejo, el ministro de Justicia que dimitió porque se hizo una foto con usted en una cacería, mientras usted instruía la Gürtel.

No fue por la foto, fue porque no tenía licencia al corriente para cazar en Andalucía y él tomó esa decisión. Pero fíjate hasta dónde llega la pulcritud de esa decisión y hasta dónde llega todo lo que estamos viendo ahora, que se amarran al sillón de forma preocupante.

¿Usted cree que Margarita Robles tendría que dimitir?

Cada cual tiene que tomar sus decisiones. No soy quién para mostrarle el camino a nadie. Yo le puedo decir lo que yo hice cuando fui secretario de Estado y no estaba de acuerdo en la política del Gobierno contra la corrupción y me marché. Más allá de que digan que me fui porque no me hicieron ministro. Eso entra dentro del juego de la confrontación política. Yo, desde luego, eso es lo que creo que hay que hacer.

¿Y cómo ha visto el procedimiento judicial y fiscal contra Juan Carlos I?

Yo siempre he defendido que la inviolabilidad atañe al ejercicio y desarrollo del cargo y no al aprovechamiento del mismo. Por tanto, creo que esa solución no es la más adecuada, pero es la que legalmente está establecida y es la que tenemos. Podríamos hacer una reflexión sobre cómo hemos llegado a esto, pero para mí la cuestión legal está clara.

¿La interpretación que ha hecho la Justicia en España de esa inviolabilidad va a pasar factura a la monarquía?

No lo sé. Yo me confieso republicano y tenemos una monarquía parlamentaria. Es lo que establece la Constitución y yo cumplo las
leyes y la Constitución, pero cualquier institución, sea la presidencia de una República o una Monarquía, se tiene que legitimar constantemente ante los ciudadanos. No es nada que esté por derecho divino. Hay que demostrar que se merece ese cargo.

El 1 de mayo de 2021 caducó su inhabilitación. ¿Usted volvería a coger el mazo?

Sí, claro que sí. Pero nunca tuve mazo. Yo lo que quiero es que se reconozca el dictamen de Naciones Unidas. Luego ya si me restituyen y estoy un día o unos meses o todos los años que me falten para jubilarme, es una decisión que tendré que tomar. Pero, de momento, el Gobierno lleva nueve meses sin cumplir ese dictamen, es decir, que lo mismo voy a tener que litigar y me va a llegar la jubilación antes.

¿Tan negro lo ve?

A no ser que aparezca un mirlo blanco, va a ser complicado. ¿Y a dónde tendré que ir a reclamar para que se me dé la razón? A la Sala Tercera del Tribunal Supremo [en el mismo Tribunal que le inhabilitó]. Pero ese es el mecanismo judicial y eso es lo que hay que hacer.

¿Y está dispuesto?

Sí, sin duda. Ya le hemos pedido al ministerio por segunda vez que cumpla y, si continúa así, lo haré.