Ayuso ha sido requerida tres veces para que informe al Defensor del Pueblo sobre su gestión del coronavirus

Tres veces ha sido requerida la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para que entregue documentación sobre su gestión de la pandemia, y tres veces ha hecho caso omiso al Defensor del Pueblo. Francisco Fernández Marugán ha advertido a Díaz Ayuso de las consecuencias legales que puede tener su falta de colaboración con la institución constitucional. Lo hace en un informe, al que ha tenido acceso Público, en el que desglosa las peticiones de información al gobierno madrileño sobre los medios destinados a la detección y seguimiento epidemiológicos, así como sobre el refuerzo en atención primaria y la dotación de recursos humanos en los centros de salud madrileños.

Tras los tres intentos por parte de Fernández Marugán de recibir de las autoridades madrileñas la información requerida, ahora podría trasladar a la Fiscalía General del Estado la falta de colaboración debida por la Comunidad de Madrid a la institución del Defensor del Pueblo, según establece la Ley Orgánica que regula esta entidad.

El Defensor del Pueblo contesta en su informe a la Plataforma de Centros de Salud de la Comunidad de Madrid, que "harta" de las "incongruentes" decisiones que toma el gobierno regional en relación a la covid-19, presentó una queja en la Oficina del Defensor del Pueblo y ha sido contestada el pasado mes de diciembre. Esta plataforma representa en sentir de la inmensa mayoría del colectivo sanitario madrileño, sobrepasado por la pandemia y la falta de refuerzo prometida por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Consta de 700 miembros, entre los que hay médicos, enfermeras, personal auxiliar y administrativo de los 260 centros de salud de la región.

Además de los tres intentos infructuosos para que Díaz Ayuso entregue la documentación sobre el número de rastreadores y test PCR y respecto al refuerzo en atención primaria y urgencias durante la primera ola de la pandemia, hay otra cuestión sobre la que el Defensor del Pueblo espera noticias desde finales de septiembre. "Ante la acumulación de quejas referidas a la grave situación de saturación de muchos centros de salud de la Comunidad de Madrid, se solicitó información detallada sobre la dotación de recursos humanos en los centros sanitarios", consta en el informe del Defensor del Pueblo Las autoridades madrileñas aún no han remitido la documentación.

Los juzgados madrileños dan la espalda a los sanitarios

Por otro lado, la demandas de los colectivos de sanitarios madrileños no están obteniendo la respuesta esperada de la Justicia. La última denuncia que ha sido inadmitida está firmada precisamente por la Plataforma de Centros de Salud de la CAM. En abril pasado interpuso en los juzgados de Plaza de Castilla una denuncia por la "deliberada" dejación de funciones de la presidenta Díaz Ayuso, tanto por el incumplimiento de reforzar la atención primaria, como por el rechazo de los rastreadores que le ofrecía el Colegio de Médicos de Madrid y el consistorio madrileño. "Ha sido rechazada porque el juez nos dice que tenemos que detallar los delitos con pruebas muy precisas y lo que nosotros pedimos es que investigue la gestión de Ayuso a la vista de las incoherentes decisiones que toma sobre este asunto", explica a Público Joaquín Villena, portavoz de la Plataforma de Centros de Salud de la Comunidad de Madrid.

Este sanitario incide en que "no hay manera de que los juzgados madrileños actúen contra el Partido Popular. Es frustrante". Es el mismo sentimiento que invade a la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (AMYTS), que ha visto cómo su querella contra el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique García Escudero, y otros altos cargos de su Consejería por la presunta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores ha sido archivada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

AMYTS denunciaba la falta de medidas de protección para los sanitarios durante la primera ola de la pandemia en los hospitales madrileños. Pero los magistrados señalan que "no puede afirmarse que se deduzcan indicios suficientes como para entender que la conducta que se imputa a los altos cargos de dicho departamento, alcance entidad estrictamente penal".

En este mismo sentido, el Sindicato de Enfermería SATSE ha interpuesto media docena de denuncias ante Inspección de Trabajo y ultima la redacción de una demanda por los traslados forzosos de personal sanitario al nuevo hospital de pandemias Isabel Zendal. "Interpusimos un requerimiento para que parasen los traslados forzosos, pero al cumplirse el plazo de diez días sin tener noticias de la Consejería de Sanidad, vamos a presentar la denuncia", explican a este periódico desde SATSE. 

La Fiscalía madrileña también ha tumbado la denuncia de la Asociación Madrileña de Enfermería Independiente (AME) por el tipo de mascarillas que el gobierno de Díaz Ayuso repartió entre la ciudadanía, "un modelo que no cumple con los criterios de seguridad ni está avalado por criterios científicos", afirma Víctor Jiménez, vicepresidente de AME.