Ayuso rectifica y acepta cumplir con el acuerdo nacional de financiación para estabilizar 1.091 plazas universitarias

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará el próximo miércoles el convenio para implementar el Programa María Goyri, destinado a incorporar docentes en las seis universidades públicas de la región. Este acuerdo con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades permitirá contratar y estabilizar 1.091 plazas de profesor ayudante doctor, con el objetivo de ampliar, rejuvenecer y consolidar las plantillas de las universidades Complutense, Autónoma, Carlos III, Alcalá, Politécnica y Rey Juan Carlos.

Pese a esta aprobación, El País adelanta que el consejero Emilio Viciana ha calificado el convenio como una "cacicada" del Gobierno de Pedro Sánchez y ha señalado la falta de previsión de una partida específica en los Presupuestos autonómicos de 2025. Por otro lado, un portavoz del ministerio ha afirmado este lunes no haber recibido noticias sobre la firma del convenio.

El programa establece que el ministerio financiará el 60% de los sueldos durante seis años –665 plazas con una inversión de 169,8 millones de euros–, mientras que la Comunidad asumirá el 40% restante –435 plazas con 112,3 millones–. Tras este período, el gobierno regional deberá asumir la totalidad de los salarios, garantizando la estabilización de estas plazas como contratos permanentes.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades había intensificado este ñlunes la presión sobre la Comunidad de Madrid, que gobierna Isabel Díaz Ayuso, para que firmase el convenio del Programa María Goyri antes del próximo 13 de diciembre. Este acuerdo, destinado a estabilizar 1.100 plazas de profesores en las seis universidades públicas madrileñas, ya ha sido ratificado por las otras 16 comunidades autónomas y 44 universidades públicas sin modificaciones desde su aprobación en junio pasado.

El secretario de Estado del Ministerio, Juan Cruz Cigudosa, envió un correo electrónico a Viciana subrayando la urgencia de la firma para que el programa pueda ser fiscalizado en el ejercicio presupuestario de 2024. En el mensaje, recordó que todos los elementos del convenio fueron elaborados y aprobados con el consenso de las comunidades autónomas, incluida Madrid, en la Conferencia General de Política Universitaria del 19 de junio.

El programa permitirá a Madrid recibir 169 millones de euros para estabilizar plazas docentes y evitar la pérdida de empleos en tres años. Sin embargo, la comunidad autónoma ha expresado su desacuerdo con algunas condiciones del convenio, entre ellas, la obligatoriedad de contratar exclusivamente a profesores ayudantes doctores. El Gobierno regional también ha señalado que el texto contiene "referencias de tipo ideológico y nulo valor jurídico".

En respuesta a las modificaciones propuestas por Madrid, el secretario de Estado reiteró que "solo cabe" la firma en los mismos términos que el resto de comunidades. Además, destacó que cualquier cambio pondría en riesgo los beneficios del programa para las universidades madrileñas.

La ministra de Ciencia, Diana Morant, se pronunció la semana pasada, calificando de "excusas o jugarretas" las reticencias de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Según Morant, no se permitirán excepciones, ya que el acuerdo fue consensuado previamente y su implementación es crucial para el fortalecimiento de las universidades públicas.

La Comunidad de Madrid es la única región que aún no ha firmado el convenio. Mientras tanto, las 16 comunidades restantes y 44 universidades públicas ya han ratificado el programa, que busca crear 4.480 plazas de profesores ayudantes doctores en todo el país. De estas, 2.705 serán financiadas por el Gobierno central y 1.775 por las autonomías.

El Ejecutivo de Ayuso puede comprometer la estabilidad laboral de los profesores universitarios

La demora en la firma del convenio podría perjudicar significativamente a las universidades madrileñas. Según Cigudosa, el incumplimiento del plazo comprometería la transferencia de fondos y la estabilidad laboral de los profesores afectados.

El programa, diseñado para fortalecer el sistema universitario español, tiene un impacto especial en Madrid, donde su implementación garantizaría no solo la creación de nuevas plazas, sino también una inversión sustancial en investigación y educación superior.

En el correo enviado por el secretario de Estado, se solicitó a la Comunidad de Madrid que proponga una fecha inmediata para la firma del acuerdo. "Esperamos que cumplan con los compromisos adquiridos públicamente y en beneficio de las universidades madrileñas", enfatizó Cigudosa.

El Programa María Goyri también tiene un componente estratégico para fomentar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo español. Con su implementación, se busca reforzar la calidad de la enseñanza y la investigación, a través de la incorporación de talento joven en las universidades públicas.

Pese a las diferencias con el Gobierno central, la Comunidad de Madrid asegura estar dispuesta a negociar. Según fuentes del Ejecutivo regional, han enviado una propuesta alternativa al Ministerio para ajustar algunos puntos del convenio.

La ministra Morant ha descartado cualquier posibilidad de renegociación, insistiendo en que el texto ya fue aprobado con el voto favorable de Madrid en junio. "No se trata de ajustes menores, sino de garantizar que todos los territorios se beneficien por igual de este programa", ha remarcado.

El desenlace de este conflicto será determinante para las universidades madrileñas, especialmente ante la fecha límite del 13 de diciembre. Si no se alcanza un acuerdo, más de 1.100 plazas docentes y los 169 millones asignados a Madrid podrían quedar en el limbo.

El Ministerio ha advertido que la falta de firma podría afectar la competitividad y estabilidad de las universidades madrileñas, colocándolas en desventaja frente a otras regiones que ya avanzan con la implementación del programa.

Con el plazo final acercándose, la Comunidad de Madrid deberá decidir si se suma al consenso nacional o si mantiene su postura, poniendo en riesgo la inversión educativa en la región.