El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene "gran interés" en traer la Fórmula 1 a Madrid. Así se lo ha trasmitido el consejero de la Presidencia, Enrique López, al máximo responsable de la competición automovilística, Stefano Domenicali. 

En una carta, López señala que Madrid está experimentando un sobresaliente desarrollo socioeconómico, motivo por el cual ve "oportuno" promover las carreras en la región. Hace más de 40 años que Madrid no acoge un evento deportivo de este tipo. Entre 1968 y 1981 se celebraron Grandes Premios en el Circuito del Jarama, un recinto que, actualmente, no cumple con las exigencias necesarias.

Hace un año, el Ayuntamiento de Morata de Tajuña, a 36 kilómetros de Madrid, propuso construir un circuito de grado 1. Este recinto, según las normativas de la FIA —Federación Internacional del Automóvil—, podría acoger competiciones de F1 y Moto GP. De igual manera, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ya mostró su interés por organizar un Gran Premio en la ciudad, en junio del año pasado. 

Actualmente, España ya alberga el Gran Premio de Barcelona en Montmeló, que recientemente renovó su contrato hasta 2026. Por otro lado, los circuitos de Mónaco, Spielberg o Spa, acaban esta temporada sus respectivos contratos, lo que podría abrir la ventana a la "candidatura madrileña". Este año, además, se han programado 23 carreras, lo que supone el calendario más largo de la F1.

El fracaso de traer la F1 por parte del PP valenciano

No es la primera vez que un Gobierno presidido por los populares busca traer  la gran competición de coches a nuestro país. Desde 2006, en el País Valencià, el gobierno autonómico de Francisco Camps  y local de Rita Barberá usaron de reclamo electoral la construcción de un circuito en la capital valenciana.

La idea de convertir a la ciudad de València en un circuito de carreras, supuso  un coste de más de 270 millones de euros, según estimó Gonzalo Gobert, el encargado de gestionar el evento. Este Gran Premio solo estuvo activo durante cuatro años, desde 2008 a 2012. A partir de ese último año, la Generalitat dejó de tener solvencia económica para sufragar la carrera, un precio que oscila entre los 18 y 26 millones de euros anuales.

El fracaso del proyecto levantó la sospecha de la Justicia española. Se descubrió que la empresa constructora del circuito, Valmor, funcionaba como una empresa pantalla de la Generalitat valenciana, es decir, una entidad privada financiada con dinero público. Tras la quiebra de Valmor, el Gobierno presidido por Alberto Fabra, que asumió el cargo en 2015 tras la dimisión de Camps, contrajo una deuda de 34 millones de euros. 

Desde 2014 han sido imputados hasta 15 personas, entre ellas Camps, por el denominado Caso Fórmula 1. En la mayoría de ocasiones, la Fiscalía Anticorrupción les acusaba de malversación de fondos públicos. En total, se estima que el proyecto del circuito en València costó más de 300 millones de euros a las arcas públicas valencianas.