Isabel Díaz Ayuso vuelve a ir por libre en el PP. La Comunidad de Madrid será la única que blindará durante diez años la escuela concertada. Esta decisión se contrapone al resto de autonomías presididas por el Partido Popular, entre las que se encuentran Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León, que no tienen previsto incluir modificación alguna en ese sentido, tal y como han confirmado a Público fuentes de las consejerías de educación de las cuatro comunidades autónomas.

La presidenta madrileña ha manifestado su intención de cambiar la Ley Orgánica de Educación, cuya competencia es autonómica, para poder elevar la duración de los conciertos de los colegios de seis a diez años. Los conciertos son el instrumento jurídico para que los centros de gestión privada, como los concertados, se financien con fondos públicos. Díaz Ayuso ha asegurado que alargar los conciertos "dará mayor seguridad a las familias que optan por la educación concertada" porque así "tienen más tiempo para seguir optando libremente a este modelo educativo".

La decisión de la baronesa popular se enmarca en el plan impulsado por el PP para boicotear la nueva ley de educación -bautizada como ley Celaá por el apellido de la ministra-, pero en este caso es Ayuso quien toma la delantera a Génova. "Dentro de la estrategia global del partido de reducir los efectos de la ley, cada autonomía toma las decisiones que cree convenientes", señalan fuentes de la dirección a este diario.

Sin embargo, Ayuso vuelve a potenciar su perfil propio frente al resto de líderes autonómicos, al no tratarse de una decisión colegiada, como sí ha ocurrido con el plan de adelantar los plazos de inscripción de los estudiantes para el curso 2021/2022. Una iniciativa anunciada por el líder del PP, Pablo Casado, el pasado sábado y que todas las comunidades populares cumplirán a excepción de Andalucía, donde la Consejería de Educación recae del lado de Ciudadanos. A juicio de la ministra de educación, se trata de "una estrategia política que busca confundir a la ciudadanía".

En Galicia y Murcia la vigencia de los conciertos educativos es de seis años. Y así se quedará, según confirman fuentes de ambos Ejecutivos. En Andalucía y Castilla y León de cuatro, a excepción de la educación primaria, que en la región presidida por Juanma Moreno Bonilla es de seis años. "A día de hoy no se contempla ningún cambio", señalan desde estas administraciones.

La ley Celáa no ataca a la concertada: prioriza la pública

La patronal de la concertada se ha opuesto de manera taxativa a la nueva norma del Gobierno y ha auspiciado protestas bajo la proclama de "Eliminan la concertada". Una campaña contra la ley, alimentada por las derechas, que tiene un largo recorrido. Sin embargo, el texto no propone ninguna reforma que acabe con la educación concertada, sino que incluye un paquete de medidas destinadas a corregir la segregación del alumnado por razones socioeconómicas, por sexo u otros motivos. Según la ley -cuyo tramite se sitúa ahora en el Senado a la espera de su aprobación definitiva- los centros que segreguen no recibirán fondos públicos.

Asimismo, las Administraciones tendrán capacidad de distribuir al alumnado para garantizar un equilibrio, evitando los 'colegios guetos', centros públicos en los que la mayoría del alumnado tienen dificultades, sobre todo, socioeconómica y establece el fin de las polémicas cuotas que imponen muchos centros concertados para garantizar el carácter gratuito. 

La Lomloe también prohíbe ceder suelo público para la construcción de centros concertados; ahora solo permitirá hacerlo con los públicos. Los colegios concertados de la Comunidad de Madrid han sido, históricamente, los grandes beneficiados de este acuerdo. Lejos de acabar con la concertada, lo que hace es priorizar la educación pública.

Madrid, a la cabeza de la concertada junto a Euskadi

Las mayores cuotas de mercado de la concertada y de la privada se dan en comunidades como Navarra, La Rioja, Baleares, el País Valencià y Catalunya, aunque entre todas ellas destaca, solo superada por Euskadi, Madrid, donde las políticas educativas de los gobiernos autonómicos del PP han avalado la expansión de ambos modelos.

Los centros de titularidad privada o concertada alcanzan en Madrid una cuota de mercado del 49,8% en infantil (26,2% para la concertada y 22,7% para la privada). Es decir, la mitad de los centros en esta etapa de enseñanza no son públicos, superando la ratio de Euskadi.

Con respecto a la atención primaria: un 46% son centros no públicos (36,5% concertados y 9,5% privados ) y un 48,1% en la ESO (37,7% y 10,4%, respectivamente), mientras que en las etapas no obligatorias llegan al 37,2% (14,5% y 22,7%) en bachiller y al 35,1% (todo privado) en FP de segundo grado.