La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un recurso para evitar que las actas de visitas a las residencias de mayores durante la pandemia de la covid-19 salgan a la luz, según ha adelantado la Cadena Ser.

Un particular solicitó en febrero de 2022 al Portal de Transparencia "las Actas de Inspección de Residencias de Mayores y otros centros residenciales" realizadas por la Policía municipal, que permanecen bajo custodia y sin que nadie haya podido ver aún su contenido completo, pero se encontró con la negativa de la Viceconsejería de Interior. 

A pesar de que Interior consideraba que revelar esta información podía colisionar con la Ley de protección de datos, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid obligó al Gobierno de Ayuso a remitir "la información solicitada por el Reclamante, en el plazo máximo de 20 días", después de que el particular en cuestión recurriese la negativa.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha acudido a los tribunales para evitar revelar esta información con un recurso por la vía de lo contencioso-administrativo. 

Para el Consejo de Transparencia no debería suponer un problema dar esta información "si se efectúa la previa disociación de los datos de carácter personal" para que no se pueda identificar a los afectados.

Con todo, la Comunidad de Madrid se escuda en que se trata de un "elevado volumen de información", calculado en "más de mil expedientes", en algunos casos escritos a mano y en los que "aparecen datos de carácter personal" como "el nombre de la persona fallecida o enferma". Es por ello, que alega que necesita una "aplicación informática avanzada", la cual "no dispone con carácter general" y tendría que reelaborar toda la información.

El demandante, por su parte, asegura que la documentación solicitada está acotada a fechas concretas, la ley de protección de datos no se aplica a personas fallecidas y que en la administración es habitual el uso de PDF. Además, la Comunidad adquirió "2.600 licencias de Adobe Acrobat" en 2019, añade.

El Consejo de Transparencia ha dado la razón al particular y argumenta que esta información permite conocer más detalles "sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Policía local de Madrid en residencias de mayores" y considera que existe "un interés público prevalente sobre los derechos a la protección de datos". 

Al tratarse de actuaciones llevadas a cabo por la Policía municipal, el Consejo llama la atención sobre que esta información esté en manos de la Comunidad. "Este Consejo no ha conseguido averiguar la razón por la que esta documentación obra en poder de la Comunidad y no en el Ayuntamiento", argumenta. 

Agotada así la vía administrativa, la Comunidad de Madrid ha acudido a la vía de lo contencioso-administrativo para evitar que esta información salga a la luz.

Durante los tres años de pandemia, un total de 34.571 mayores fallecieron en residencias. Hasta 20.000 de estas muertes se registraron solo en el 2020. Desde entonces, las familias han interpuesto cientos de querellas, pero no se ha resuelto ni una condena.