La Comunidad de Madrid ha accedido a sentarse con el Gobierno de España para defender su reforma de ley trans autonómica y subrayar que "no se han vulnerado derechos", después de que el Ejecutivo central haya requerido al autonómico "solventar las discrepancias" en los cambios aprobados en diciembre de 2023, con el fin de "alcanzar un acuerdo que evite la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por parte del Estado".

Así lo ha explicado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, quien en declaraciones a los medios de comunicación ha advertido de que han accedido a sentarse para "evitar otro de los ataques" que el Gobierno regional está "sufriendo" por parte del Ejecutivo central.

"Hemos accedido a sentarnos para conocer con detalle su propuesta pero sobre todo para defender que el trabajo que se está haciendo es un trabajo fundamentalmente de acompañamiento, sobre todo a las personas más vulnerables como son los niños y los jóvenes, y también para lo que hemos hecho siempre, ejercer con profesionalidad todo lo que es nuestro deber y acompañados también de los profesionales", ha subrayado tras participar este martes en un acto de entrega de premios a proyectos innovadores concedidos por el Carné Joven.

La consejera ha insistido en que, como han trasladado "en múltiples ocasiones", con esta reforma legal "no se han vulnerado los derechos de las personas LGTBI+" en la Comunidad de Madrid.

Según han señalado a Europa Pres fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el Ejecutivo ha apreciado "discrepancias" en las modificaciones de dos leyes autonómicas: en la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación y la Ley de Protección Integral Contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e identidad Sexual.

En concreto, el departamento que dirige Ángel Víctor Torres ha instado a la Comunidad de Madrid a iniciar negociaciones previas a través de la Comisión Bilateral por la vía prevista en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Seis meses de plazo para las negociaciones

El plazo para las negociaciones previas es de seis meses y, en el caso de no haber acuerdo, se interpondría un recurso de inconstitucionalidad. En cuanto a la modificación en la Ley de Protección Integral Contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e identidad Sexual, el Ejecutivo considera que "patologiza la transexualidad y establece el tutelaje médico". "El artículo 14 traslada la idea de que la transexualidad en personas menores constituye una patología y establece como 'requisito necesario' el apoyo de profesionales de salud mental y su mantenimiento durante todo el tratamiento", apunta el Gobierno.

Asimismo, agrega que, en caso de que el menor tenga alguna enfermedad, establece que será imprescindible un informe médico favorable antes de iniciar el tratamiento hormonal.

También difiera en los apartados 15 y 17 de la ley, donde explica que se especifican los derechos de utilización de espacios por parte de las personas trans "sin menoscabo de los derechos y la intimidad del resto de usuarios, especialmente mujeres, chicas o niñas". En concreto, expone que se refiere al uso de espacios comunes en función del sexo (en centros de menores, pisos tutelados, residencias de tercera edad). En este sentido, el Ejecutivo considera que vulnera el artículo 14 de la Constitución al "menoscabar el principio de igualdad. Es un uso discriminatorio del lenguaje".

Igualmente, el Gobierno indica que la ley estatal establece una prohibición expresa de terapias aversivas o de conversión incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal. En este caso, explica que la modificación de la ley de Ayuso añade "sin que el asesoramiento psicológico pueda considerarse discriminatorio ni contrario a la libertad de la persona evaluada".

Finalmente, respecto a la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación, el Gobierno considera que el cambio "niega a asociaciones, entidades y organizaciones representativas de los colectivos LGTBI la legitimación para presentarse como acusación o representar a víctimas en procesos penales o administrativos sancionadores".

"Este artículo vulnera el artículo 149 de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia procesal y no diferencia ningún procedimiento", concluye.