Los ayuntamientos andaluces no hacen los deberes frente al cambio climático

Ni siquiera el tórrido verano, que ha marcado registros sin precedentes en el mercurio, ha reactivado el compromiso de los regidores andaluces para hacer frente a la amenaza del cambio climático. La inmensa mayoría de los 785 ayuntamientos llegarán a noviembre sin haber presentado el preceptivo plan de actuación contra el calentamiento global. Y Andalucía, conviene recordarlo, es una de las regiones críticas en las alarmantes previsiones científicas.

La Ley de Medidas frente al Cambio Climático, promovida por la Junta de Andalucía el 8 de octubre de 2018, ordenaba a los municipios la elaboración y aprobación de planes municipales de actuación. El paquete de disposiciones incluía un conjunto de medidas dirigidas a evaluar la emisión de gases de efecto invernadero, identificar el impacto del cambio climático en el municipio, establecer estrategias de adaptación, impulsar la transición energética o transformar la movilidad urbana, además de elaborar un informe bianual sobre el cumplimiento del plan.

Cuatro años después, el resultado no puede ser más desalentador. A apenas dos meses de la fecha establecida para la presentación de los programas municipales de actuación, muy pocos ayuntamientos andaluces podrán presentar sus documentos concluidos. "Hay un manifiesto incumplimiento de los ayuntamientos", asegura tajante Daniel López Marijuán, responsable de cambio climático, energía y residuos de Ecologistas en Acción de Andalucía. Esa es la conclusión de la organización conservacionista tras un amplio sondeo efectuado por las ocho provincias de la comunidad autónoma.

"Muy poquitos han hecho el proceso participativo y tendrán listo para noviembre el plan local al que obliga la ley", lamenta López Marijuán, geólogo y activista en materia de residuos y contaminación desde hace más de 30 años. "Muchos ni siquiera han iniciado el proceso", agrega. Entre las grandes capitales, según indica el experto, solo Cádiz, Málaga y Sevilla tienen avanzado el procedimiento de forma significativa. El resto, sobre todo los pueblos medianos y pequeños, se encuentran en una fase muy rezagada o ni siquiera han comenzado el expediente. La provincia gaditana ha sido la más diligente, indica el geólogo, y solo cuatro municipios llegarán a tiempo: San Fernando, Puerto Real, Tarifa y La Línea.

Granada, por ejemplo, no ha movido todavía un solo papel, según confirmó a Público la concejala de la confluencia Unidas Podemos e Independientes Elisa Cabrerizo. "No hay nada puesto en marcha. No hay personal ni existe mesa de trabajo ni auditoría", aseguró expeditiva la edil. Este periódico se puso en contacto con el Ayuntamiento de Granada, a través de su gabinete de comunicación, para recabar información precisa al respecto, pero al cierre de esta edición no había habido respuesta alguna.

El Consistorio granadino ha implementado algunas medidas relacionadas con la sostenibilidad, como, por ejemplo, un plan de acción de economía circular, la renovación del alumbrado público o una mesa del árbol, pero de forma aislada y sin conexión con los programas municipales auspiciados por la ley andaluza.

"Aquí tenemos problemas muy graves con la contaminación", subraya Cabrerizo. Los indicadores ambientales sitúan a Granada entre la primera y la tercera capital con niveles de contaminación más altos, según indica la concejala. Y la temperatura urbana alcanza ya registros preocupantes. Por todo ello, reflexiona la edil, es urgente tomar medidas contra el cambio climático. "Y no lo estamos tomando en serio", lamenta. En su opinión, hay que empezar a pensar en diseñar "otro urbanismo" y "defender lo verde".

Cabrerizo pone especial énfasis en el modelo de movilidad urbana. "Hay que apostar por el transporte público y reducir el vehículo privado", sostiene. La mayor parte de la contaminación procede del uso masivo del coche, argumenta la concejala. El encarecimiento de los alquileres por culpa de las viviendas turísticas está expulsando a cientos de granadinos del centro urbano hacia el área metropolitana, lo que induce un incremento exponencial del tráfico rodado.

El plan andaluz del cambio climático establece tres compromisos básicos, explica el geólogo y ecologista López Marijuán: mitigación, adaptación y participación. La mitigación estipula una reducción del 55% de las emisiones hasta el año 2030, aunque algunos planes, aduce el activista, rebajan al 20% el objetivo o toman como referencia el año 2005 en lugar de 1990, como establece el Acuerdo de París. La adaptación, por su parte, busca frenar los efectos de la isla de calor, ante el creciente aumento de las temperaturas, tal como se acaba de constatar en el periodo estival. Y la participación es "vital", sostiene Marijuán. "En estas tres líneas hay un incumplimiento generalizado", concluye.

Los planes municipales deben ser precisos y con medidas a corto y medio plazo. "No solo debemos adaptar el transporte, sino también los sistemas naturales y prever las subidas del nivel del mar, lo que implica retranquear el dominio público marítimo terrestre", asegura. "En las ciudades, debemos pensar cómo combatimos las islas de calor, ahora que la factura energética se ha puesto por las nubes. También combatir el tráfico motorizado, causante número uno de la contaminación y la subida de la temperatura. El coche privado debe ser la excepción y no la regla". Y, finalmente, aumentar la superficie verde en las ciudades, justo lo contrario, argumenta López Marijuán, de las "políticas arboricidas" de muchos ayuntamientos, como demuestra el reciente caso del ficus de Triana, en Sevilla.

Catalunya, País Vasco y, sobre todo, Baleares son las comunidades autónomas más activas en la promulgación de programas para hacer frente al cambio climático. En algunas de ellas, se han habilitado direcciones generales específicas, lo que evidencia un mayor compromiso político. "Y es Andalucía", sostiene el experto ambientalista, "la que tiene una mayor urgencia, porque será la región más golpeada por fenómenos extremos".

La Junta andaluza ni siquiera ha identificado cuántos parques fotovoltaicos necesita la comunidad autónoma. Y en política hidráulica apuesta por la construcción de nuevas infraestructuras contra la sequía y el desabastecimiento. "No es cuestión de hacer más embalses y más sondeos, sino de establecer medidas de ahorro y eficiencia. Y estos dos ejemplos, agua y energía, evidencian la desorientación de este equipo de Gobierno". Público ha contactado sin éxito con la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento de Córdoba comenzó a redactar el plan local hace poco más de cuatro meses a través de una consultora externa. Hasta la primavera de 2023 no estará concluido. Justo el martes pasado, el Consejo Municipal de Medio Ambiente tomó conocimiento de los documentos presentados por la empresa redactora. "Y un plan no se hace en cuatro meses, sobre todo si se hace de forma participativa", señala Guillermo Contreras, miembro de Ecologistas en Acción e integrante del grupo de trabajo sobre cambio climático del Consejo Municipal de Medio Ambiente.

Córdoba aprobó por unanimidad en noviembre de 2019 una declaración de emergencia climática, que incluía una batería de medidas concretas. "No se ha hecho absolutamente nada. Ese es el escenario", indica Contreras. En su opinión, todos los anuncios del alcalde, José María Bellido, comprometiéndose a desarrollar un "urbanismo verde y sostenible" carecen de credibilidad cuando "no ha sido capaz de poner en marcha ninguna medida de la declaración de emergencia". Y pone como ejemplo también la indiferencia municipal ante iniciativas ciudadanas como el plan Axarquía Verde, que prevé la creación de minibosques y pavimento transpirable en el casco histórico para mitigar los efectos de la isla de calor en una ciudad con registros históricos de temperatura.

"¿Los ayuntamientos? Cero patatero", reflexiona Guillermo Contreras. "¿Por qué? Porque no se lo creen. Hay una falta brutal de liderazgo político. Y, si no se lidera el proceso de de adaptación de las ciudades y mitigación del cambio climático, todo esto no saldrá adelante".