ZARAGOZA.- El Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón han logrado evitar este mes que se quedaran sin techo 23 familias de la capital aragonesa sobre las que pesaba una orden de desalojo de sus viviendas. Diez han sido realojadas por la comunidad autónoma, seis por la empresa municipal Zaragoza Vivienda y las otras siete han podido seguir en sus casas gracias a acuerdos puntuales con las entidades financieras tras la intervención de las Administraciones.

Estas actuaciones forman parte del enfoque que los nuevos equipos de gobierno de las dos principales instituciones aragonesas (Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de la capital y el PSOE en el ejecutivo autonómico) están dando a su política de vivienda. Los responsables de esa materia, el concejal Pablo Híjar y la directora general Mayte Andreu, acordaron este miércoles poner en marcha una comisión técnica que se reunirá mensualmente para coordinar sus líneas de trabajo, especialmente en materia de desahucios y alquiler social.

Zaragoza en Común (ZeC) tiene entre sus objetivos elevar a 5.000 pisos el parque de vivienda pública del consistorio, que en la actualidad gestiona 2.500 casas de alquiler, de las que 1.600 tienen rentas sociales. La comunidad autónoma dispone de algo más de 400, aunque esa cifra aumentará cuando finalice el estudio que, según anunció Andreu, han comenzado a realizar sus técnicos.

Subrogación de hipotecas

El consistorio, explicó Híjar, está estudiando los costes de varias líneas de trabajo para incrementar ese parque de vivienda municipal, entre las que se encuentra la posibilidad de negociar con los bancos la subrogación en las hipotecas de familias deudoras de buena fe que no pueden hacer frente a los pagos. “Esas casas serían incorporadas a la bolsa pública ─señaló─, con la opción de que, si mejora su situación económica, esa familia pueda recuperarla en unos años”.

El equipo de ZeC, señaló Híjar, está analizando la viabilidad de otras propuestas como intentar negociar con los bancos la subrogación en hipotecas a precios de mercado financiero; es decir, a los valores por los que se hacen con ellas los ‘fondos buitre’ en lugar de a los que marca el mercado inmobiliario.

También pretende impulsar el establecimiento de convenios con entidades financieras para gestionar, a cambio de contraprestaciones económicas, bloques de viviendas, tal y como el anterior equipo de gobierno municipal hizo la pasada legislatura con un edificio de 30 pisos de la Caja Rural de Teruel. En el caso de la Sareb ─el banco malo─, el objetivo incluye tantear la posibilidad de que los acuerdos incluyan su abundante cartera de locales comerciales. “Eso abriría la posibilidad de fomentar la actividad económica en los barrios sacándolos al mercado con precios bajos”, indicó.

El Ayuntamiento de Zaragoza, que espera que el próximo Decreto de Vivienda que prepara el Gobierno de Aragón incluya la posibilidad de expropiar el uso de las casas vacías en manos de bancos e inmobiliarias, dispone, por otro lado, de suelo para edificar unos 400 pisos.

"Somos la primera administración que trabaja en mediación del alquiler”

Por otro lado, el consistorio zaragozano puso en marcha ayer la nueva Oficina Municipal de Vivienda, la cual, junto con los servicios de mediación hipotecaria y de auditoría energética para las familias, incluye una novedosa línea de trabajo centrada en la mediación en arrendamientos. “Creo que somos la primera administración que trabaja en temas de mediación del alquiler”, anota Híjar, que aboga por utilizar esa vía “hasta donde sea posible para evitar el desalojo. Donde no, buscaremos una solución para el realojo”.

“La oficina ─explica─ no va a estar solo dirigida a las familias con problemas para pagar el alquiler, sino también a los propietarios”. Es este sentido, apuntó que el ayuntamiento pretende implementar líneas de trabajo como asumir la gestión de las rentas y, ofrecer garantías de pago a los caseros. Los juzgados aragoneses recibieron una media de 27 demandas de desahucio cada semana el año pasado.

La Oficina de Vivienda, que flexibilizará las condiciones actuales para ser atendido ─familias deudoras de buena fe cuyos ingresos no tripliquen el salario mínimo interprofesional─, tiene un presupuesto de 662.000 euros y dispone de una plantilla de siete trabajadores municipales a los que se añaden siete abogados y dos trabajadores sociales en función de sendos convenios con los colegios profesionales de ambos ramos.