MADRID.- Si alguna frontera queda marcadamente clara en un proceso penal es la apertura de juicio oral. Una vez confirmada, todo lo que se quiera argumentar debe realizarse con todos los acusados sentados en el baquillo. Es el trámite de cuestiones previas a la vista oral.

Pero la defensa de Cristina de Borbón insiste en evitar la imagen de una infanta de España sentada en el banquillo. Y ha pedido que se aplique la doctrina Botín para su clienta antes de la vista oral, con el fin de exonerarla en la causa.
Ahora, la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma, que será la encargada de juzgar el caso Nóos, ha rechazado esta petición y aplica lo establecido por la ley para estos casos.

En una providencia dictada este jueves, el tribunal comunica a las partes que será durante la fase de cuestiones previas -al inicio del juicio- cuando se resuelvan todas distintas peticiones formuladas hasta entonces por las partes, de modo que la infanta deberá estar presente en la vista.

La defensa de la infanta insiste en aplicar para ella la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en 2007 para Emilio Botín, el presidente del Banco de Santander fallecido recientemente.

Dicha doctrina establece que no se puede juzgar a alguien por un delito que no sea de interés público si sólo acusa la acusación popular, como ocurre con Cristina de Borbón.

El Tribunal Supremo matizó después su propio criterio con la doctrina Atutxa, según la cual permite la acusación popular en solitario para aquellos delitos que afectan a bienes de titularidad pública "o de carácter metaindividual".

En el caso de Cristina de Borbón, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado consideran que se han visto perjudicados por dos supuestos delitos fiscales que habría cometido la infanta por beneficiarse del dinero público captado por su marido. Es más, la Fiscalía quiere aplicarle también la doctrina Botín.

La Audiencia confirma este viernes lo que establece el auto de apertura de juicio oral: que la infanta Cristina se sentará en el banquillo, acusada de ser cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos a través de su sociedad matrimonial Aizoon, que recibió más de 1,2 millones de euros de la trama de captación de contratos públicos organizada por Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres a través del Instituto Nóos.