La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha vuelto a negar la puesta en libertad al comisario jubilado José Manuel Villarejo, en la cárcel desde hace ahora un año, porque entiende que persisten tanto el riesgo de fuga como de destrucción de pruebas relevantes para la instrucción del denominado caso Tándem.

El tribunal que preside el magistrado Alfonso Guevara, rechaza así en un auto el recurso interpuesto por la defensa de Villarejo contra la decisión del juez que instruye el caso, Diego De Egea, que el pasado 13 de agosto decidió mantenerle en prisión.

Villarejo alegó que no existe riesgo de ocultación de pruebas ni tampoco de reiteración delictiva "dado que ha sido destruido su bien nombre y honor" y "nadie se en atrevería a contratarle". Además, descartó riesgo de fuga porque tiene "todo su patrimonio embargado", arraigo en España y es "conocido públicamente, lo que dificultaría su ocultación".

En su recurso, argumentaba asimismo restar "recibiendo un trato desigual respecto de otros imputados cuya libertad provisional se ha decretado precisamente porque el paso del tiempo debilitaba el riesgo de fuga". Tanto su socio, el también comisario Enrique García Castaño, como el que fue su abogado, Nicolás Redondo, han salido bajo fianza.

Esgrimía además, que los indicios contra él se habían debilitado con el archivo parcial de varias de las piezas de esta macro causa, un argumento que utilizó precisamente la Seción Tercera para avalar que García Castaño hubiese salido tras consignar 100.000 euros de fianza.

Sin embargo, el mismo tribunal entiende que ese sobreseimiento "no debilita los indicios racionales de criminalidad" frente a Villarejo, pues "afectan a terceros distintos" de él y considera que no puede alegar un trato desigual con Redondo y García Castaño "pues no hay constancia de que sus circunstancias sean las mismas".

Conforme recuerda el auto de la Sección Tercera, Villarejo estaba investigado al inicio por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo, pero a lo largo de la instrucción y con el "análisis más exhaustivo de la documentación" intervenida "se han venido consolidando" indicios de su participación también en delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y extorsión.

No puede descartarse que tenga patrimonio aún oculto

"La investigación ha ido desvelando más indicios de la implicación del apelante en los hechos inicialmente investigados y en otros nuevos que, al suponer un incremento de la eventual condena, también lo es de fuga", dice el tribunal.

Rechaza además que este riesgo se vea minimizado por el hecho de que se le hayan embargado los bienes ya que "a falta del análisis de la documentación intervenida, no pueden descartarse que existan más cuya existencia ahora se desconoce y que podrían servirle para mantenerse fuera del país si decidiera sustraerse a la acción de la justicia o retomar las actividades indiciariamente delictivas a las que aparentemente se ha estado dedicando".

Asimismo, esgrime que es necesario mantenerle en prisión "para evitar la destrucción o manipulación de pruebas al existir material intervenido pendiente de analizar del que puedan derivar más líneas de investigación". Descarta, además, que se estén produciendo investigaciones prospectivas en su caso, por lo que rechaza que se esté viendo afectado por ello.