La Audiencia Nacional juzga a Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, junto a Sito Miñanco por presunto blanqueo

La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes el juicio contra cerca de medio de centenar de acusados en la Operación Mito, entre ellos el histórico traficante gallego Sito Miñanco, por el intento de introducción en España de casi cuatro toneladas de cocaína procedente de Sudamérica, la ocultación de más de 11 millones de euros y el blanqueo del dinero.

Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, se sienta también en el banquillo de la Audiencia Nacional junto al histórico narcotraficante gallego. El abogado se enfrenta a una petición de la Fiscalía de nueve años y nueve meses de prisión por supuestos delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial. Boye era el abogado de Sito Miñanco.

En esta primera sesión del juicio ha testificado el inspector jefe de la Policía Nacional que dirigió la Operación Mito El jefe policial ha afirmado que Gonzalo Boye dirigió trámites para que la red de Sito Miñanco recuperara casi 900.000 euros que le fueron incautados en el aeropuerto de Madrid-Barajas. 

A su salida de la Audiencia Gonzalo Boye, que ha representado a Sito Miñanco como abogado en otros casos, ha declarado a los periodistas: "Estoy aquí acusado por hacer mi trabajo como abogado".

"El mismo fiscal que tiene paralizado la investigación del caso Koldo es el que pidió en su día que se interviniesen todas mis comunicaciones entre abogado y cliente sin discriminación alguna, desde un caso de divorcio hasta de derechos humanos, lo que ha vulnerado el secreto profesional y el derecho de defensa", ha añadido.

Ha recalcado que se trata de "una acusación totalmente especulativa" y que este lunes ha aportado "más pruebas que demuestran que los hechos no son como los plantea el Ministerio Fiscal, que sostiene su acusación solo en base a un presunto asesino que cambió su declaración a cambio de salir en libertad".

En ese sentido, la defensa de Gonzalo Boye ha presentado un escrito ante el tribunal en el que niega, aportando registros migratorios, que tuviera lugar una reunión entre Sito Miñanco, Boye y Pedro González Rubio., otro de los encausados que actuaba como correo de Miñanco.

En el escrito del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se recogen hasta 16 movimientos migratorios de González Rubio —presunto 'correo humano' de la organización de Sito Miñanco— que demostrarían que estuvo en Colombia del 10 al 21 de febrero de 2017 y, por lo tanto, no pudo estar en el despacho de Gonzalo Boye en Madrid el 14 de febrero, como sostenía el fiscal durante la instrucción.

Esta será la segunda vez que Boye se enfrente a un juicio como acusado en la Audiencia Nacional. El primero resultó en su condena a 14 años de prisión, en 1996, junto a otros dos miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) chileno por colaborar con ETA en el secuestro del industrial español Emiliano Revilla.

Apoyo de los dirigentes de Junts

Boye este lunes a la Audiencia Nacional arropado por una veintena de dirigentes de Junts, para quienes el juicio contra él por presunto blanqueo de capitales es "un montaje con claras motivaciones políticas".

"Es una nueva muestra de la falta de calidad democrática de la cúpula judicial española, como también la no aplicación de la ley de amnistía", ha denunciado el portavoz de Junts, Josep Rius, en declaraciones a los periodistas a las puertas de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).

Según el portavoz del partido catalán, Boye no estaría sentado en el banquillo de los acusados, si no fuera el abogado de Puigdemont.

Además de Rius, han acudido a las puertas de la Audiencia Nacional el expresidente de la Generalitat Quim Torra, los portavoces de Junts en el Congreso y el Senado, Miriam Nogueras y Eduard Pujol, respectivamente, y el diputado Josep Cruset, entre otros dirigentes.

Boye ha recibido también el apoyo de un grupo de abogados que portaban una pancarta con el lema Never surrender ('Nunca te rindas') y con quienes ha conversado unos instantes antes de entrar en la sede judicial.

Para Sito Miñanco, la Fiscalía solicita una pena de 31 años y medio de prisión por dirigir presuntamente una red que pretendía introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína, y el pago de una multa de más de 950 millones de euros. Le acusa de un delito contra la salud pública, otro de blanqueo de capitales y otro continuado de falsificación.

En qué consiste la supuesta implicación de Boye

Por estos dos últimos delitos el fiscal acusa también a Gonzalo Boye y le reclama al menos 3,1 millones de euros de multa, por contribuir, junto a otros dos abogados, a acreditar el origen lícito de los 889.620 euros, que incautaron al entramado el 6 de febrero de 2017 a través de contratos de compraventa de letras de cambio.

Ese día varios de los investigados –presuntos correos que Sito Miñanco utilizaba para enviar el dinero a Colombia– fueron detenidos en el aeropuerto de Barajas (Madrid) cuando transportaban oculto en el fondo de su equipaje 889.620 euros.

En la estrategia para acceder al dinero incautado confeccionaron una serie de documentos para simular unas operaciones de compraventa ficticias "y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico en última instancia", expone el fiscal.

Por estos hechos, la Secretaría General del Tesoro impuso a estos abogados una multa por infracción grave tipificada en la Ley de Prevención del blanqueo de capitales. 

El juicio, que está previsto que se prolongue hasta el 30 de enero de 2025, reunirá a casi medio centenar de acusados en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).