El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha admitido a trámite este lunes una querella interpuesta por una española contra el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad por el secuestro, tortura y asesinato de su hermano, transportista de nacionalidad sirio desaparecido en 2013.

Velasco abre la causa por los supuestos delitos de terrorismo y desaparición forzada, ya que la denunciante tiene la "evidente condición de víctima del terrorismo" y tiene la nacionalidad española. La causa se dirige contra nueve altos mandos de Siria, supuestos responsables de la represión y exterminio de la oposición surgida en la Primavera Árabe de 2011.

El juez central de instrucción 6 adopta esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía que se opuso a la admisión de la querella por carecer el fallecido de la nacionalidad española.

Sin embargo, el juez recuerda que la legislación nacional y europea -como la ley 4/2015 que regula el Estatuto de la Víctima del Terrorismo- reconoce la condición de víctima indirecta a todos los parientes en línea recta del asesinado y a sus hermanos.

En el auto admisión a trámite, el juez llama a declarar el 9 y 10 de mayo a testigos y peritos, entre ellos el periodista Javier Espinosa, que estuvo secuestrado en Siria.

Eloy Velasco requiere que se notifique la querella a los nueve miembros de las fuerzas de Seguridad e Inteligencia sirias a través de comisión rogatoria a dicho país, haciéndoles saber que deben nombrar abogado y procurador en España.

Además, requiere a la red de cooperación judicial europea (Eurojust) que averigüe si existen denuncias en otros países de la Unión Europea que investiguen desapariciones forzadas, torturas, crímenes de guerra, terrorismo y delitos de lesa humanidad realizados por estructuras y personas del régimen sirio para crear un equipo conjunto de investigación y compartir las pruebas que se recaben.

El juez cita a declarar el próximo 10 de abril como testigos a la mujer que presentó la querella, Amal Hag-Hamdo Anfalis, y a un testigo conocido como “César”, antiguo policía militar forense sirio que sería quien habría realizado las fotografías de personas ejecutadas en los centros de detención ilegal. 

Los servicios de información han confirmado que uno de los 50.000 cadáveres fotografiados por el régimen es el del hermano de la denunciante. Conocido como Abdul Hamdo (Addulmuemen Alhak Hamdo), este transportista fue detenido, torturado y ejecutado en una de las cárceles sirias abiertas para reprimir la oposición del país surgida en la Primavera Árabe. 

La querella fue interpuesta a través de un equipo de abogados (Guernica 37) y en ella se relataba cómo el Estado sirio de al-Assad cometió, a través de sus fuerzas de seguridad e inteligencia, un delito de terrorismo contra la población civil a raíz de las revueltas de la llamada Primavera Árabe en 2011.

Como parte del plan de seguridad nacional destinado a acabar con las protestas y toda disidencia, el régimen realizó masivas detenciones, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones sistemáticas en centros de detención ilegal.

La represión fue fotografiada

El régimen sirio fotografió los miles de cadáveres para elaborar un escrupuloso archivo de la represión. Para ello, la policía militar recibió la orden de realizar fotografías a los ejecutados. César fue uno de los encargados de tomar imágenes a los cadáveres. Era un policía forense que ha desertado con las imágenes de los cuerpos torturados y mutilados de más de 6.000 víctimas.

El archivo de la represión contiene 50.000 fotografías de las cuales 28.707 corresponden a personas fallecidas en estos centros de detención ilegal controlados por las agencias de seguridad siria.

En unas fotografías aparece el cuerpo de Abdul Hamdo, bajo un cartel que refiere que es el prisionero número 69, el número de fallecimiento 4.822 y que estuvo detenido, torturado y ejecutado en el centro de detención ilegal 248 del departamento de Inteligencia Militar de Damasco, la capital de Siria, según el auto del juez Eloy Velasco.2e

"El archivo de César ha sido examinado y su autenticidad verificada por servicios de seguridad e inteligencia de varios países -expone el juez-, incluyendo el FBI Scotland Yard, así como organizaciones independientes".

Los querellados

Los querellados son los responsables del centro clandestino de detención 248 de Damasco: el general Mohamed Alhaj Ali, director; el general Jalal Al Hayek, director de la sección de presos políticos y el coronel Sulayman Alyusef, director adjunto del centro y responsable de la sección de seguimiento y patrulla.

La querella también se dirige contra los responsables de los servicios secretos y de seguridad. En concreto contra Abdel-Fatah Qudsiyeh, jefe del Departamento de Inteligencia Militar (2009-2012); Mohammed Dib Zeitoun, Jefe del Directorio de Seguridad Política (2009-2014); Jamil Hassan, jefe del Directorio de Inteligencia de la Fuerza Aérea y Ali Mamluc, jefe del Directorio de Inteligencia General (2005-2013).

La querella se presenta, además, contra los responsables políticos de la represión: Farouk Al-Sharaa, vicepresidente sirio desde 2006 y Mohammed Said Bekheitan, Secretario Adjunto Regional del Partido Baath (2005-2013).

En su auto, el titular del Juzgado Central de instrucción 6 analiza los hechos descritos en la querella y considera que serían constitutivos de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, terrorismo y desaparición forzada si bien, de acuerdo con los límites a la justicia universal realizados en España, procede admitirla únicamente por estos dos últimos delitos.