La Audiencia Nacional investiga si Villarejo urdió un plan con su esposa para vender documentos policiales desde prisión

El juez del caso Tándem, que investiga las actividades presuntamente delictivas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha abierto una nueva pieza -la número 28 de la macrocausa- por la que en la noche de este viernes fue detenida su esposa, la periodista Gemma Alcalá y otras cuatro personas que podrían haber participado en una trama de venta de documentos relativos a investigaciones oficiales de la Policía, según han señalado a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación.

Entre los detenidos, que está previsto que pasen el próximo lunes a disposición judicial, estaría un abogado que compartió prisión en Estremera (Madrid) con el comisario investigado y que habría participado en la trama de venta de los documentos, según las mismas fuentes. Según señala ABC, entre ellos se encontrarían los relativos a las investigaciones judiciales al procés que la trama estaría tratando de vender a personas del entorno independentista.

Por el momento, y a la espera de que continúen las investigaciones de este asunto, sobre el que se ha declarado el secreto judicial, los detenidos están acusados de delitos de organización criminal, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos.

Tras la declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, Anticorrupción podría solicitar medidas cautelares contra los detenidos que pueden llegar a la prisión condicional y que el juez valorará aplicar.

La periodista Gemma Alcalá ya fue una de las cuatro personas detenidas en noviembre de 2017 en la operación de la Audiencia Nacional en la que además fue arrestado el propio Villarejo, quien desde entonces permanece en la cárcel de Estremera en prisión provisional.

Según fuentes policiales consultadas, al mismo tiempo que se producían las detenciones de este viernes, una comitiva judicial registró la celda del comisario y se incautó de documentación. Durante el registro -que no fue el único porque también se entró en su domicilio- Villarejo habría protestado y reaccionado de forma agresiva.

Alcalá, pieza clave en la organización de Villarejo

Para la Fiscalía Anticorrupción, Alcalá cumplía un papel de relevancia en la organización de Villarejo, tanto es así que en su escrito de acusación de la pieza número 2, denominada 'Iron', solicitó para ella 46 años y nueve meses de cárcel. Para Villarejo interesaba por esa misma pieza, en la que se investiga el encargo del despacho de abogados Herrero & Asociados de espiar a un bufete de la competencia, 57 años de cárcel.

Esa fue la primera pieza de la que se concluyó la instrucción de toda la macrocausa que desde hace tres años indaga esas actividades supuestamente ilícitas del comisario Villarejo y por la que éste se encuentra en prisión preventiva. 

El proyecto Iron reveló un modus operandi en la actividad profesional del comisario que se ha ido repitiendo en la mayoría de las más de 20 piezas en las que está dividido el 'caso Tándem', y es que Villarejo constituyó un entramado societario en el que, entre otras cosas, se prestaba servicio de detectives, valiéndose para ello de su privilegiada posición en la Policía Nacional y recurriendo a otros funcionarios policiales para obtener datos de forma ilícita, en ocasiones a cambio de dádivas.

En otra de las piezas de las que se ha concluido la instrucción, Land, que versa sobre el encargo de labores de espionaje por la disputa por la herencia del fundador de la urbanización de lujo 'La Finca', el ministerio público interesaba para Gemma Alcalá otros 36 años y cuatro meses, lo mismo que para el socio de Villarejo, Rafael Redondo. Así, hasta la fecha, para la mujer del comisario se piden más de 82 años de cárcel.