El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la inhibición de un juzgado de Arona (Tenerife) para investigar la mayor trama piramidal en relación con la inversión en criptomonedas a través de la empresa Arbistar 2.0 SL. La cifra de víctimas de esta supuesta estafa se sitúa en 1.127, pero podría llegar a 32.000 por el número de cuentas afectadas, mientras que el perjuicio económico se calcula en más de 41 millones de euros actualmente, aunque podría superar los 100 millones de euros. 

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 considera que los investigados, bajo la dirección de Santiago Fuentes Jover, podrían haber cometido los delitos de estafa agravada, organización criminal y delito continuado de falsificación en documento mercantil "mediante la utilización instrumental de Arbistar 2.0. S.L., de la que Fuentes es administrador único, y que tiene por objeto social el desarrollo y promoción en aplicaciones de criptomonedas semiautomatizadas".

El juez Calama indica que el modus operandi de esta trama sería el siguiente: "Los inversores debían crear una cuenta Exchange (espacio virtual donde realizar acciones de compra y venta) y dar de alta un monedero electrónico (lugar virtual donde almacenar las criptodivisas y desde donde operar, que recibe el nombre de 'wallet'). Los inversores debían crear un usuario en el Exchange Coinbase (plataforma de comercio de criptomonedas con sede en San Francisco, California, que ofrece servicio de intercambio de criptomonedas y monedas fiduciarias en alrededor de 32 países, así como almacenamiento y gestión de activos digitales en 190 países en todo el mundo) y efectuar una transferencia por el valor de su inversión a una cuenta bancaria de la que Coinbase es titular en Estonia. 

Exchange Coinbase recibía la transferencia y ésta era ingresada en el monedero electrónico de su titular, según el auto. "Posteriormente, los inversores debían enviar sus aportaciones a monederos electrónicos de la sociedad Arbistar 2.0 SL, la cual, desde ese momento y al menos durante los dos meses siguientes, gestionaba las inversiones, perdiendo todo control sobre las mismas los propietarios".

Inicialmente, esta trama prometía a los inversores rentabilidades entre 8% y el 15% mensual, "pagándoles semanalmente, siempre los sábados, dándoles la opción de sumar estas rentabilidades a las cantidades iniciales invertidas o podían optar por el reembolso", indica el auto. 

Trama piramidal

El juez Calama señala que el modo de actuar de esta trama responde a un "esquema de naturaleza piramidal", que "no solamente se usaba para que los que habían invertido aportaran más dinero, sino para atraer a nuevas personas que invirtieran dinero al ver los beneficios casi inmediatos que percibían los anteriores inversores". A estos efectos, a los inversores se les ofertaba también un "plan amigo", a partir del cual si los clientes conseguían incluir nuevos clientes tendrían una compensación. "De este modo la empresa, a partir de programas de marketing, consiguió innumerables inversiones creciendo así de una manera exponencial. Finalmente, a partir del mes de agosto de 2020 varios inversores solicitan la retirada de sus fondos sin que su solicitud sea atendida".

El auto del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional señala que el número de perjudicados asciende a 1.127 personas y el importe defraudado a la suma de 41.481.766,22 euros, "aunque el número total de perjudicados podría ascender a más de 32.000 personas, y el importe total defraudado superar los 100 millones de euros".

Este caso llega a la Audiencia Nacional mientras otro de similares características, que afecta a más de 300 pequeños inversores, espera a ser admitido en el Juzgado Central de Instrucción uno, a cargo del juez Pedraz, como ya contó Público.