A la dermatóloga Elisa Pinto la han llamado de todo desde la Unidad de Conducta de la Policía y el entorno de periodistas al servicio del comisario José Manuel Villarejo: loca, psicópata o sicaria, como llegó a calificarla el exsocio del comisario Daniel Montero. Todo por denunciar ante la Policía que uno de sus pacientes, el ex consejero delegado de OHL Javier López Madrid –yerno, a la sazón, del marqués de Villar Mir– se obsesionó con ella hasta amenazarla. Y por ir luego más allá: Pinto señalaba sin tapujos que López Madrid había contratado a Villarejo para tapar las denuncias que ella había interpuesto contra el empresario y, finalmente, identificó al comisario ahora encarcelado como el hombre que la apuñaló en 2014. 

Ahora, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha abierto una nueva pieza en la causa Tándem, la número 24, a través de la cual se investigarán los servicios que la presunta organización criminal integrada por Villarejo, Enrique García Castaño y Carlos Salamanca, entre otros, prestó supuestamente a López Madrid para frenar las denuncias de la doctora Elisa Pinto por acoso y amenazas.

La pesadilla de la doctora comenzó en 2013, cuando policías adscritos a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) que dirigía el comisario Eugenio Pino elaboraron diferentes informes que buscaban demostrar que Pinto era una "psicópata de manual" y que el comisario Jaime Barrado tenía que ser cesado por "hiperactividad" cuando por fin empezó a investigar las denuncias interpuestas por la doctora. Entre los policías que prepararon dichos informes figuraban Andrés Gómez Gordo, uno de los hombres de confianza de María Dolores de Cospedal, y su compañero Alberto Carba; ambos mantienen aún sus funciones dentro del Cuerpo. 

El registro de Villarejo, la clave del cambio

La propia doctora quedó imputada en un juzgado madrileño después de que el comisario ahora en prisión y García Castaño llevaran a López Madrid ante el jefe de Policía Judicial de Madrid, el comisario José Luis Conde, para que el empresario interpusiera una denuncia contra la dermatóloga, directamente ante un grupo de Homicidios y no en una comisaria como cualquier ciudadano. [Conde fue, por cierto, el comisario que recibió de Eugenio Pino la orden de detener a una periodista de Público por escribir de esta misma causa].

Cuando fueron detenidos el comisario jubilado José Manuel Villarejo y su compañero Carlos Salamanca, todo el entramado de las cloacas, con su policía paralela para multimillonarios, saltó por los aires. Y, con él, el 'montaje' que había rodeado a la denuncia del ex consejero delegado de OHL contra la doctora Pinto. 

En el registro de los bienes de Villarejo aparecieron anotaciones del comisario sobre los encargos que López Madrid le había hecho a lo largo de esos años para extorsionar a la dermatóloga; grabaciones y documentos acreditaban que era completamente cierta la denuncia de la doctora contra el empresario de OHL. Esta llevaba estancada seis años en los juzgados de Plaza de Castilla, pero Pinto tuvo que interponer hasta 13 denuncias en la madrileña comisaría de Chamartín hasta que logró que prosperara.

Juan Miguel Villar Mir (izq.) con Javier López Madrid (dcha.), en la bolsa estadounidense Nasdaq, en la presentación de la fusión de Ferroatlántica con Globe (en el centro, su presidente Alan Kastenbaum), en 2015. EFE

Ni psicópata ni una sicaria. Lo que había tras esas acusaciones contra ella era una presunta organización criminal formada por muchos de los policías que el juez Manuel García Castellón tiene imputados en diferentes piezas de la causa Tándem, como los cabecillas José Villarejo y Enrique García Castaño, Andrés Gómez Gordo –el protegido de Cospedal desde que se lo llevó a la presidencia de Castilla La Mancha– o el ex DAO Eugenio Pino, procesado por introducir una prueba falsa en el caso Pujol y también en los trabajos que los policías hicieron para tapar los encargos de la ex secretaria general del PP para cerrar la Gürtel y los papeles de Bárcenas (Pieza Kitchen).

El blanqueo del caso pequeño Nicolás, ¿la pieza 25?

Otro de los casos que puede llevar el mismo camino que el de la doctora Pinto es el del pequeño Nicolás; al menos la parte relacionada con el presunto blanqueo de capitales en la finca La Alamedilla, propiedad de Adrián de la Joya –imputado en las causas Tándem y Lezo y amigo de negocios del comisario jubilado–, y el exdirectivo del Banco Santander Javier Martínez de la Hidalga. 

Para los investigadores que llevaron la causa, el comisario Marcelino Martín Blas y el inspector Rubén López, ocultar ese supuesto blanqueo sería el verdadero motivo por el que Villarejo grabó una reunión entre ellos y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI); grabación que les ha costado una imputación a Villarejo, su mujer, Gemma Alcalá, y un redactor del digital que ella regentaba junto con Daniel Montero.

El empresario de la 'jet set' Adrián de la Joya, junto a su abogado a la salida de la Audiencia Nacional. PÚBLICO

Como desveló Público en 2015, CNI y Policía investigaban una trama de blanqueo de la familia Obiang en torno al pequeño Nicolás. Aunque la jueza Pilar Martínez Gamo se ha negado a investigarlo, los trabajos de Villarejo para la familia Obiang y los negocios que mantiene desde hace casi 30 años con su amigo Adrián de la Joya figuran en la causa Tándem de la Audiencia Nacional como el origen del envío a prisión de los comisarios Villarejo y Salamanca.

Al igual que ocurriera en el caso de la doctora Pinto, el juez García Castellón hizo llegar a la jueza de Plaza de Castilla Martínez Gamo tres DVD con audios hallados en el registro de Villarejo que la llevaron a abrir una pieza separada por blanqueo de capitales. Ella envió algunas de las grabaciones para ser transcritas por la unidad adscrita a los juzgados que dirige el comisario Pedro Agudo, pero después de varios meses decidió dar carpetazo al asunto y enviarlo de vuelta a la Audiencia Nacional, sin facilitar a las acusaciones populares de Podemos y la Plataforma por la Honestidad el acceso a dichos materiales.

Ahora, a petición de Podemos, García Castellón tendrá que decidir, tras conocer la postura de la Fiscalía Anticorrupción, si el secreto que guarda la causa del pequeño Nicolás puede salir a la luz como la pieza 25 del sumario Tándem.