La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado incluir los delitos fiscales cometidos en el ejercicio 2005 por el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en el caso que investiga su patrimonio. También ha pedido la correción de la cuantía defraudada en 2010 y 2011, ya que el juez la cifró en una cantidad menor. 

Este jueves se han conocido los dos actos donde se estima parcialmente el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra lo dictado por el juez Antonio Serrano-Arnal, que llevaba el caso. Además, se obliga al letrado a considerar que en 2010 y 2011 "se superó la cuantía de los 120.000 euros defraudada", constitutiva de delito, informan fuentes de Efe. 

Los magistrados han explicado que de no estimarse el recurso interpuesto por la Fiscalía "tendríamos la incoherencia de que se ha abierto juicio oral por once delitos contra la Hacienda Pública, sin que el relato de los hechos recoja correctamente el soporte de dicha acusación", tanto "en el incremento de bases y cuotas defraudadas como en el detalle de las posteriores operaciones de blanqueo referidas a esas cuotas eludidas, como a las ilícitas comisiones derivadas del delito de corrupción en los negocios".

La Audiencia también ha admitido varios recursos de implicados, entre los que se encuentran el exdirector de Comunicación Externa de Bankia Miguel Robledo y el de una de sus empleadas, Beatriz Colomer. Respecto a estos, se ha acordado el sobreseimiento provisional y parcial, ya que los magistrados han considerado figuras subalternas o subordinadas "con una actuación difusa e imprecisa".

"Consideraciones erróneas, omisivas o desajustadas"

Para la Audiencia, la pretensión del Ministerio Fiscal "lleva a incluir en los delitos contra la Hacienda Pública el ejercicio de 2005, y a considerar que también en los de 2010 y 2011 se superó la cuantía de 120.000 euros de cuota defraudada que, sin embargo, el juez cifraba siguiendo los criterios de la ONIF (Oficina Antifraude dependiente del fisco) en algo menos".

Los magistrados consideran que el auto dictado por el juez instructor caía en "consideraciones erróneas, omisivas o desajustadas", ya que "parece dar a entender" que "incluyó las dos sociedades panameñas", cuando sólo incorporaba a Red Rose Finantial Enterprise.

La sala considera que los informes de la ONIF no han tenido en cuenta el impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Declaración Tributaria Especial, que en el caso de Rato se considera errónea.

La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado la postura de Anticorrupción, cuyo relato "completa y mejora la redacción de lo recogido por el juez, pero, en ningún caso, amplía el objeto de investigación", según recogen fuentes de Europa Press.

La Fiscalía pide para el exministro penas de prisión de entre cuatro y seis años por cada uno de los once delitos contra la Hacienda Pública, seis años por blanqueo, y cuatro por corrupción en los negocios.