Assange se aferra a una última vía legal para frenar 'in extremis' su extradición a EEUU

Tras el fallo del Tribunal de Apelación de Londres, este viernes, que da luz verde a la extradición de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, para ser juzgado en Estados Unidos, aún cabe una mínima esperanza de que finalmente no se lleve a cabo su entrega a las autoridades estadounidenses, que le acusan de 17 delitos relacionados con la Ley de Espionaje y uno de piratería informática, por ayudar supuestamente a la militar Chelsea Manning; unos cargos que podrían suponerle a Assange hasta 175 años de condena. 

La defensa de Julian Assange, que tiene ahora 50 años, dispone de 14 días para presentar su apelación en la Corte Suprema, aunque, según ha informado su equipo jurídico a Público, el recurso estará listo en menos tiempo. 

Si la Corte Suprema admitiera el recurso, se prevé otra batalla judicial con Estados Unidos; si lo rechazara --lo más previsible--, el último paso en el recorrido del caso es el Tribunal de Magistrados de Westminster, competente en las solicitudes de extradición, donde un juez de distrito trasladará el expediente al secretario de Estado de Interior para decidir si se procede finalmente a la extradición.

La defensa del fundador de WikiLeaks no tira la toalla, cree que aún hay margen para impedir la entrega a Estados Unidos y está dispuesta a agotar todas las posibilidades, por lo que el proceso podría durar algunos meses más. En todo caso, la última palabra no la tendrá la Justicia británica sino el Gobierno de Boris Johnson, como indican a este medio fuentes jurídicas. En caso de ser extraditado finalmente, Assange será entregado a la Corte del Distrito Este de Virginia (Estados Unidos), un órgano judicial que reside en la misma localización que las grandes agencias de inteligencia norteamericanas.

La principal baza en la defensa de Julian Assange es el peligro para su salud psicológica, e incluso para su vida, que entrañaría la decisión de extraditarle a Estados Unidos. El periodista australiano lleva encarcelado en Reino Unido desde abril de 2019, cuando fue detenido a raíz del asalto a la embajada de Ecuador en Londres, donde llevaba refugiado siete años. Un informe forense del psiquiatra Michael Kopelman acredita el alto riesgo de suicidio que existe en el caso de que Assange sea finalmente extraditado.

Descartada la motivación política

Pese a que la jueza Vanessa Braitser se basó en ese informe pericial para denegar la petición de extradición el pasado 4 de enero, no tuvo en consideración el argumento principal para oponerse a la entrega a Estados Unidos esgrimido por la defensa de Assange, coordinada por el abogado y exjuez español Baltasar Garzón: la motivación política que denuncia el fundador de Wikileaks respecto a su persecución como periodista por el Gobierno de EEUU.

En 2010, el portal de Julian Assange publicó cientos de cables del Departamento de Estado estadounidense en los que se demostraba la vulneración de los derechos humanos en Guantánamo y durante las invasiones norteamericanas de Irak y Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre. En los documentos secretos desvelados por Wikileaks quedaba en evidencia el abuso del ejército estadounidense en cuanto a las muertes de civiles.

El antecedente más directo del caso Assange es el que frenó la extradición del dictador chileno Augusto Pinochet en el año 2000, cuando el entonces ministro del Interior inglés Jack Straw decidió liberarlo por razones humanitarias, pese a que la Justicia británica había acordado su extradición a España para ser juzgado por una treintena de delitos de torturas. Precisamente este caso, impulsado desde la Audiencia Nacional en España por el entonces juez Baltasar Garzón, será tenido en cuenta en el recurso de apelación de los abogados de WikiLeaks, coordinados por el propio despacho de Garzón, según ha podido saber Público.

El caso Pinochet

En octubre de 1999 el juez británico Roland Bartle aceptó la extradición del exdictador chileno a España, después de su detención en Londres hacía casi un año en virtud de la orden de detención internacional impulsada por el entonces juez Garzón desde la Audiencia Nacional. Se daba así el primer paso para que Pinochet fuera finalmente juzgado por genocidio en España, en aras a la entonces vigente jurisdicción universal.

Sin embargo, tres meses después, el ministro del Interior británico, Jack Straw, cambió el signo de los acontecimientos, al admitir una serie de informes periciales sobre la salud del dictador. "No está en estos momentos en condiciones de someterse a juicio y no es de esperar que se produzca un cambio en su situación actual", dijo Straw para rechazar la extradición. Finalmente el 2 de marzo de 2000, el ministro decidió liberar a Pinochet, que ese mismo día regresó a Chile. Pinochet falleció en diciembre de 2006 sin ser juzgado por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura chilena (1973-1990). 

El caso de Assange sólo se parece al de Pinochet en el deterioro de la salud como exigencia para pedir la liberación; en el caso del periodista, su salud mental, después de llevar privado de libertad desde 2012, cuando se refugió en la embajada de Ecuador en Londres. El Gobierno británico está obviando conscientemente, según opinan fuentes jurídicas, que Assange y su medio ejercieron su libertad de prensa en aras del derecho a la información, que nada tiene que ver con la protección a un dictador como Pinochet. 

En el caso Assange, ha sido el juez Timothy Holroyde el que, ante una sala abarrotada, ha pronunciado este viernes la fatal frase: "El tribunal admite el recurso [de Estados Unidos]". El juez ha indicado que el Gobierno estadounidense "ha ofrecido suficientes garantías de que Assange recibirá el trato adecuado para proteger su salud mental". En la balanza, han primado esas supuestas garantías ofrecidas por Estados Unidos de un juicio justo y una estancia en prisión provisional garantista sobre el riesgo real de suicidio y de problemas psicológicos acreditados por informes periciales. 

Derecho a la información

El portal WikiLeaks ha anunciado que recurrirá la decisión del Tribunal de Apelación británico. El visto bueno a la extradición afecta en primer lugar a  Assange, pero también al resto de componentes de WikiLeaks y de otros medios y plataformas que informan sobre asuntos sensibles de Estados Unidos y desvelan información secreta. Está en juego la integridad de cientos de periodistas; en definitiva, la libertad de información. Por eso, cada paso judicial es fundamental. 

Así lo ha manifestado este viernes la abogada Stella Moris, pareja de Assange, con el que tiene dos hijos. Moris ha descrito el fallo judicial como "peligroso y equivocado" y un "grave error judicial". "¿Cómo puede ser justo, cómo puede ser correcto, cómo puede ser posible extraditar a Julian al mismo país que conspiró para matarlo?". 

Como ya informó Público, en 2017, tras la llegada al poder de Donald Trump y con Mike Pompeo como director de la CIA, se planeó secuestrar o asesinar a Julian Assange. A esos planes se ha referido este viernes Stella Moris frente al tribunal de Londres, donde se han congregado decenas de defensores de WikiLeaks. 

Las organizaciones de derechos humanos claman contra la extradición de Julian Assange. Amnistía Internacional incide en que las llamadas "garantías" en las que se basa el Gobierno de Estados Unidos "dejan a Assange en riesgo de malos tratos", son "intrínsecamente poco fiables" y "deben rechazarse". Amnistía alega que los cargos contra Assange tienen "motivos políticos". 

La aportación de WikiLeaks en España

WikiLeaks ha desvelado a lo largo de los años numerosas informaciones cruciales que afectan a los secretos de Estado de varios países. En España, entre marzo de 2012 y diciembre de 2015, Público dio a conocer cerca de cuarenta informaciones exclusivas gracias a los archivos de la plataforma dirigida por Julian Assange. Una de ellas, difundida el 23 de marzo de 2012, revelaba que la compañía privada de espionaje Stratfor, conocida como la CIA en la sombra, había dirigido su mirada hacia el movimiento español 15-M. 

Los cables de Wikileaks que Público difundió en exclusiva en España también aportaron datos sobre el ahora rey emérito y sus relaciones con las estructuras de poder de Estados Unidos. Este periódico dio a conocer, entre otras cosas, que la diplomacia estadounidense apostaba por Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco pese a que la monarquía no contaba con apoyo popular en España. Así constaba en un documento secreto del Departamento de Estado fechado el 23 de octubre de 1975, con Francisco Franco al borde de la muerte.