ZARAGOZA .- El Gobierno de Aragón creará un banco público de ADN que permita el uso de los códigos genéticos en las investigaciones sobre bebés robados y agilizará, “dentro de las garantías constitucionales y legales”, la práctica de pruebas biológicas con esa finalidad.

La comunidad será con esta medida, reclamada por las asociaciones de niños robados y de padres que perdieron a sus hijos, pionera en este ámbito, ya que el Instituto Nacional de Toxicología cuenta con un registro pero no realiza los análisis de ADN, que las familias se ven obligadas a costear en laboratorios privados.

Las Cortes de Aragón han aprobado este jueves, con el apoyo de todos los grupos, una proposición no de ley de Chunta Aragonesista (Cha) que también insta al Gobierno autonómico a, entre otras medidas, “impulsar de verdad una investigación efectiva y real de todos los casos” de sustracción de bebés y a “garantizar el acceso de las víctimas” y de “las personas responsables de la investigación” a los archivos eclesiásticos, los de las clínicas donde se produjeron las desapariciones forzadas y a los “registros de las administraciones”.

Comisión por el Derecho a la Identidad

La proposición, defendida por el diputado Gregorio Briz, recuerda cómo entre los años 40 y 90 se produjeron en España “miles de robos organizados de recién nacidos” en los que “estuvieron presuntamente involucrados médicos, matronas, así como otros funcionarios del Estado y representantes de la iglesia católica” que llegaron a falsificar documentos y a simular entierros para encubrir la venta de niños. El Gobierno autonómico lleva varios años intentando hacerse cargo de uno de esos archivos en los que, presuntamente, puede haber pistas que conduzcan a esclarecer robos de niños.

La dificultad de hallar pruebas documentales y testificales de las desapariciones sitúa a las pruebas de ADN como “determinantes para sacar a la luz los robos"

La dificultad de hallar pruebas documentales y testificales de las desapariciones sitúa a las pruebas de ADN como “determinantes para sacar a la luz los robos y desapariciones de bebés en el siglo XX y poder cerrar así uno de los episodios más trágicos de la historia reciente del Estado”.

La resolución, con la que la cámara muestra su “solidaridad y apoyo” a las víctimas –tanto niños como padres-, propone también que el Gobierno autonómico inste al central a crear una Comisión Española por el Derecho a la Identidad –inspirada en la argentina- que impulse “la investigación de las desapariciones infantiles en todo el Estado y en la que siempre y en todo caso se garantice que tengan una participación efectiva y real las asociaciones de afectados de todo el país”.

El supremacismo eugenésico del franquismo

Briz situó el origen de la trama de los bebés robados en las tesis de supremacismo eugenésico de teóricos como el catedrático de psiquiatría y militar Antonio Vallejo Nájera, a las que más tarde la dictadura dio cobertura legal.

“Pretendía que hubiera una mejora de la raza hispánica y para eso había que erradicar a republicanos y aquellos que eran estratos más bajos de la sociedad”, explicó el diputado Briz

“Pretendía que hubiera una mejora de la raza hispánica y para eso había que erradicar a republicanos y aquellos que eran estratos más bajos de la sociedad”, explicó el diputado, que recordó cómo el médico era partidario de “separar a los hijos de los marxistas para que no se contaminasen del gen rojo. En definitiva, había que exterminar la semilla”.
Desirée Pescador, de Ciudadanos, por su parte, recordó que su grupo tiene pendiente de debate una propuesta para crear en las Cortes de Aragón una comisión de estudio de la trama de bebés robados cuyo trabajo espera que pueda servir de base a una futura ley autonómica.

Impulso a las exhumaciones cinco años después

Por otro lado, el Gobierno de Aragón y la Diputación de Zaragoza han vuelto, cinco años después de que las mayorías PP-Par las suprimieran en plena vorágine de recortes, a financiar trabajos memorialistas, exhumaciones a identificaciones de represaliados por el franquismo.

La comunidad ha concedido nueve ayudas por valor de 41.625 euros que servirán para financiar la identificación de restos exhumados en Magallón y la búsqueda de la tumba de las hermanas Malón Pueyo en Longás y para impulsar el proyecto “Desenterrando a los olvidados”, de Arico, además de exposiciones, proyectos y jornadas memorialistas de otras seis entidades. Una de ellas es la edición del libro Todos los nombres. Víctimas y victimarios. Huesca 1936-1945, del Rolde de Estudios Aragoneses, que recoge la práctica totalidad de los represaliados en la capital oscense en ese periodo.

La Diputación ha otorgado nueve ayudas por 104.990 euros que servirán para financiar exhumaciones e identificaciones de víctimas de la represión franquista

Por su parte, la Diputación ha otorgado nueve ayudas por 104.990 euros que servirán para financiar exhumaciones e identificaciones de víctimas de la represión franquista en Magallón, Caspe, Luesia, Novallas, Longás y Ricla, así como jornadas y actividades en María de Huerva y Tarazona y una serie de publicaciones de la Fundación Bernardo Aladrén.

La ley de Memoria, para el 2017

Por otro lado, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, confirmó este miércoles en una reunión de trabajo con representantes de las principales asociaciones memorialistas de la comunidad la previsión de tener aprobada antes de que termine el próximo año la Ley de Memoria Democrática.
Tras años de pasividad con los incumplimientos de la Ley de Memoria estatal, el ejecutivo autonómico, que recuperó las ayudas económicas tras sendas enmiendas de IU y de Podemos a los presupuestos, ha retomado el trabajo en este campo con la introducción de contenidos memorialistas en los planes de estudio de la ESO y de Bachiller a partir del próximo curso.
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Lambán anunció que la ley autonómica se basará en tres ejes, el “derecho a saber”, que incluye las exhumaciones y el fomento del acceso a la documentación que pueda servir para conocer lo ocurrido en la guerra civil y el franquismo; la consideración de los represaliados como víctimas de delitos de lesa humanidad, lo que en opinión del ejecutivo debería incluir “el propósito de revisión” de sentencias, y la reparación, con políticas educativas y culturales y con trabajos de “significación y resignificación” de espacios públicos.