ZARAGOZA .- La lucha contra la corrupción apenas genera encarcelamientos en Aragón, donde las condenas de prisión que los delincuentes deben cumplir entre rejas son más excepción que norma: sólo dos de los 34 condenados por delitos de corrupción en la última década –sin incluir prevaricaciones- han pasado por la cárcel tras conocer la sentencia –otros tres lo habían hecho de manera preventiva-, mientras el número de imputados y de acusados pendientes de juicio, y también el de casos abiertos, rebasa la treintena.

Ese dato llama la atención en una comunidad cuyos tribunales constatan al mismo tiempo un extraordinario crecimiento de la delincuencia de cuello blanco: los delitos contra la Administración pública se han cuadruplicado desde el inicio de la crisis -33 entre 2009 y 2012, por 30 y 32 en cada uno de los años siguientes, según el Instituto Aragonés de Estadística- mientras los 50 fraudes fiscales probados en 2014 pulverizan los registros anteriores, con solo 32 demostrados entre 2009 y 2013, la mitad de ellos en el primero de esos ejercicios. Y también resulta llamativo ante la intensa actividad en materia de corrupción que se vive en los juzgados y las fiscalías.

La Memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón recoge cómo la Unidad Antifraude de Zaragoza participaba al cierre de 2015 en trece investigaciones judiciales por prevaricación, malversación, estafa, cohecho, apropiación indebida y delito urbanístico, mantenía abiertas otras cuatro pesquisas, había llevado al juzgado otras cuatro y formalizó una acusación en otros tres asuntos de corrupción.

La de Teruel, por su parte, refiere cinco asuntos de especial trascendencia económica, a los que añade las investigaciones sobre el manejo de fondos públicos en la denominación de origen Jamón de Teruel y la operación Puerto Calanda, “en las que se investigan supuestos delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental, blanqueo de capitales y asociación ilícita en relación con las ayudas de fondos públicos concedidas en un programa de reindustrialización y su posible desvío”.

Carlos Esco, en la imagen hablando con su abogado, espera que el Supremo se pronuncie sobre su condena de cuatro años por un desfalco de 8,7 millones junto con otros dos reos.

Un empleado municipal y un condenado por otro asunto

Uno de esos dos encarcelados fue F. L. A., un empleado municipal al que la Audiencia de Zaragoza impuso una pena de tres años después de que un jurado popular lo declarara culpable de haberse quedado dos fianzas de una licitación que sumaban 8.239 euros.

El otro es el empresario Carmelo Aured, recién condenado a nueve años y nueve meses en el caso La Muela por siete delitos fiscales y uno de falsedad y al que, dos años antes de ese juicio, le habían caído otros seis meses por tráfico fiscal –también ante un jurado- mientras cumplía condena por otro fraude tributario.

Aured es también uno de los 29 penados en el caso La Muela, y uno de los quince que pactaron sus condenas. Las penas nominales de la sentencia superan el siglo de prisión, aunque solo cuatro de ellos –la exalcaldesa Mariví Pinilla, el exconcejal Fernando Barba, el arquitecto Francisco Núñez y el empresario Antonio Fando- fueron declarados culpables de delitos castigados con más de dos años de reclusión, con lo que el resto podrá eludir el encarcelamiento siempre que paguen las indemnizaciones y multas que incluye el fallo, que suman en su conjunto, respectivamente, 12,7 y 44,7 millones. Salvo que hayan sido declarados insolventes o que el Supremo estime sus previsibles recursos.

Los tres grandes asuntos de Plaza

No son los únicos condenados por delitos de corrupción en los últimos años en Aragón que siguen en libertad, aunque cuatro de ellos –Pinilla, su exconcejal Juan Carlos Rodrigo y los empresarios Julián de Miguel y José Carlos Fernández- la obtuvieran pagando fianzas de entre 120.000 y 800.000 euros.

Otros tres reos de corrupción -el exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Esco, el exgerente de la empresa pública Plaza Ricardo García Becerril y el constructor Agapito Iglesias- esperan que el Supremo revise sus recursos contra la sentencia que les impuso sendas penas de cuatro años de prisión por un desfalco de 8,7 millones mientras están en capilla en el caso Saqueo de Plaza. En este compartirán banquillo con otros 22 sospechosos –entre ellos dos directivos de Acciona- de un presunto fraude sistemático de 147 millones de euros en la misma empresa pública por el que la Fiscalía Anticorrupción solicita penas que suman 204 años y multas por 9,9 millones.

Los dos primeros, Esco y García Becerril, tienen otra causa abierta: dentro de unos meses se sentarán en el banquillo ante un tribunal popular para responder de un asunto de comisiones que les atribuye un empresario local, que sostiene que les entregó 611.000 euros del sobreprecio de casi cuatro que obtuvo por la venta de una parcela a la empresa pública Plaza.

Las estadísticas criminales y la actividad de juzgados y fiscalías revela un extraordinario crecimiento de los delitos de cuello blanco en Aragón

Penas menores y reparto político

El balance de la lucha contra la corrupción en Aragón incluye varias condenas a alcaldes y concejales por prevaricación, caso del exedil de Mallén y exdiputado Antonio Asín –ahora encartado como sospechoso de la falsificación de unas actas-, aunque ese delito no conlleva penas de prisión sino solo de inhabilitación. También las ha habido de tipo menor, como la multa de 1.800 euros por negociaciones prohibidas al exteniente de alcalde zaragozano Antonio Becerril.

Y, por otro lado, el exconcejal zaragozano Manuel Blasco aceptaba hace unas semanas una multa de 84.000 euros por fraude tributario –más un año de cárcel sustituido por otros 6.000 y una indemnización de 190.000 a Hacienda- en un acuerdo que daba carpetazo definitivo a la causa en la que había sido investigado junto con dos empresarios por cohecho y blanqueo, delitos por los que no llegaron a ser enjuiciados.

La lucha contra la corrupción tiene en Aragón otra particularidad, aparte del grado de dureza de las sentencias –derivado de la redacción del Código Penal y de la complejidad y duración de los asuntos-, que se deriva del reparto del poder en la comunidad. La mayoría de los condenados con vínculos políticos los tenían con el PSOE –Esco y Becerril- o con el PAR –Pinilla, Rodrigo, Barba y Blasco-, formaciones que ocuparon y compartieron en la comunidad durante más de una década el grueso del poder, en el que ya estaba y en el que siguió la formación aragonesista. Desde ella había llegado a consejero de Economía en los años 80 Ramón Alfonso, apartado de la vida política y recientemente declarado culpable de fraude fiscal en un pelotazo urbanístico en su actividad privada.

El PP, a expensas de lo que pueda resultar de alguna investigación en curso sobre la gestión de la comunidad y de algún ayuntamiento en la pasada legislatura, tiene a Aured –alcalde de La Muela con UCD y afiliado desde tiempos de AP- como su militante más destacado implicado en asuntos de corrupción. Fue expulsado, lo mismo que Asín en el PSOE o Pinilla en el PAR.