Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se han aprobado definitivamente este martes en el Congreso de los Diputados. Tendrán el mayor gasto social de la historia y entrarán en vigor este 1 de enero.

Hace una semana, el Senado devolvió las cuentas públicas al Congreso tras la enmienda de Compromís sobre la pluralidad lingüística con el apoyo del PNV, ERC, Junts y PP en un inesperado giro del guion ya que el Gobierno contemplaba que los Presupuestos quedaran aprobados en el Senado el 21 de diciembre. 

En el último debate de las cuentas en la Cámara Baja de este martes, la enmienda se ha aceptado con 281 votos a favor, 62 en contra y una abstención. Se trata de los segundos Presupuestos del Gobierno de coalición.

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha definido en el Congreso que la aprobación definitiva de las cuentas públicas llegan en un momento en el que "España demanda acuerdos y necesita unos Presupuestos que consoliden la recuperación económica". También ha agradecido el apoyo de los socios que han votado a favor, destacando que con "diálogo y acuerdo"  ha sido posible sacar adelante los PGE. 

Sánchez también se ha referido a la aprobación de la reforma laboral en el Consejo de Ministros tras contar con el visto bueno de patronal y sindicatos: "Necesitamos todos los acuerdos posibles". "Ojalá estos dos grandes acuerdos, presupuestario y laboral, sean solo el prólogo de muchos más", ha defendido.

El mayor gasto social de la historia

Las cuentas, defendidas por el Ejecutivo como "necesarias, objetivas y beneficiosas para el conjunto de la sociedad" para "dejar atrás la pandemia y consolidar una recuperación justa", se presentaron el 13 de octubre.

Se contempla el mayor gasto social ya que se incrementan las partidas en vivienda, educación, pensiones (más de 171.000 millones), ciencia (13.300 millones), juventud (12.500 millones) o derechos sociales. En concreto, el Gobierno destinará seis de cada diez euros de los Presupuestos a gasto social: 243.600 millones, la cifra más alta de toda la democracia.

Para poder llevarlo a cabo, el Gobierno contempla un crecimiento económico, la recuperación del empleo y el aumento del consumo —que generaría unos ingresos tributarios de más de 230.000 millones de euros— así como deuda pública a la baja.