La fiscal Concepción Nicolás ha expuesto este lunes el informe final de la Fiscalía en el juicio que se sigue contra el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y una veintena de acusados de amañar el concurso de Fitur en 2009. Ha pedido una condena por la "trama de parasitación de la administración valenciana a través de un paciente cero que es Francisco Camps". 

"Se trata de una trama que logró establecer un sistema opaco al margen de la administración valenciana", ha dicho la fiscal, que, no obstante, rebaja la pena para Camps, pasando a un año de cárcel por un delito de tráfico de influencias en concurso con otro de prevaricación. Al comienzo del juicio, la petición de Anticorrupción para el expresident era de dos años y medio por fraude y prevaricación. La rebaja hace poco probable que Francisco Camps acabe en prisión, si resulta finalmente condenado. También pide una multa de 250.000 euros.

La pena de inhabilitación que propone la Fiscalía para el exdirigente del PP valenciano es de seis años para ocupar empleo o cargo público y la pérdida del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, es decir, que no podría presentarse a las elecciones en un año a partir de la hipotética condena.

La Fiscalía cree que Camps fue responsable de facilitar el desembarco de la red Gürtel, que "colonizó" las instituciones valencianas, en la región debido a su relación de amistad con Álvaro Pérez, el Bigotes, la mano derecha de Francisco Correa, el líder de Gürtel, en la comunidad valenciana.

Para el Ministerio Fiscal, Camps dio órdenes precisas para que la administración pública valenciana concediese a Orange Market, una de las empresas de Gürtel, el contrato para el montaje del stand de Grandes Proyectos de la feria de turismo Fitur 2009. 

En relación a ese evento, la Fiscalía sostiene que se trató de un "encargo arbitrario, ilícito e injusto pero absolutamente inteligente". "Era muy ventajoso, y no solo económicamente. Orange Market tenía el prestigio, la confianza, el contacto, el acceso, el motivo, la ocasión y la oportunidad". 

"Cuando se contrata sin procedimiento, sin competencia y se dan de forma directa adjudicaciones estamos hablando de un delito de prevaricación. Hablar de que el contrato menor es redundante y común no valida la utilización de los medios" ha recordado y ha pedido "no minimizar el tema del abuso de los contratos menores". 

En este sentido, la fiscal sostiene el daño para la Administración Pública que supusieron los hechos juzgados: "Hablamos de conductas que no son meras infracciones o irregularidades, sino absolutamente contrarias a los intereses de la Administración Publica, incluso contrarias a un modelo constitucional". 

Anticorrupción se pregunta "quién repone la situación de quien ha dejado de vigilar, de custodiar y de servir, de quienes han dejado de tratar de forma prudente y austera la cosa pública". "La única restitución de estas conductas graves la tiene el derecho penal. Tenemos la obligación de dar respuesta, por eso solicito una sentencia condenatoria", ha pedido la fiscal Nicolás.