Hay quien dice que Pedro Sánchez tomó la decisión del confinamiento total a partir del 14 de marzo con la misma determinación que tomó la decisión de presentar una moción de censura a Mariano Rajoy, cuando a priori no tenía la más mínima posibilidad de que saliera adelante.

Los expertos sanitarios aconsejaban dicho confinamiento, pero la decisión política era más que arriesgada: ¿La acatarán los ciudadanos? ¿Llevaría a España a la ruina económica? ¿Era precipitado? ¿Se podría optar por medidas intermedias? Las preguntas tenían difícil respuesta y recogían los muchos temores que había en el equipo de Gobierno.

Pero Sánchez, una vez más, decidió tirarse a la piscina sin saber cuánta agua había, aunque desde enero Iván Redondo ya trabajaba desde el Departamento de Seguridad Nacional y se habían elaborado, antes de la decisión, al menos once informes sobre la evolución de la pandemia con distintos escenarios.

Con gesto serio y rígido, un discurso muy medido y estudiado, Sánchez anunció el 13 de marzo de 2020 que aprobaba el estado de alarma, recluía a todos los ciudadanos en sus domicilios, prohibía desplazamientos y suspendía toda actividad no esencial.

Fuentes consultadas admiten que en el núcleo duro del Gobierno se contenía la respiración a la espera, sobre todo, de lo que pudiera pasar el lunes 16 (los dos primeros días del estado de alarma coincidían con el fin de semana), porque gran parte de los ciudadanos no esperaban una medida tan rotunda. Sólo uno o dos días antes se anunció en algunos medios -entre ellos Público- que esta medida de confinamiento domiciliario se podía tomar, aunque no se confirmaba oficialmente desde el Ejecutivo.

Pero nadie sabía si los ciudadanos estaban preparados para acatar dichas medidas. Sobre todo, cuando hasta ese momento hacían una vida sin apenas restricciones y sólo seis días antes se habían permitido las manifestaciones del 8-M, un macroacto de Vox en Vistalegre y centenares de eventos deportivos y culturales.

Pero el lunes 16 de marzo, el primer día laborable, apareció España vaciada. Las empresas cerraron, las calles aparecieron desiertas de coches y gente, el silencio se apoderó de las ciudades y el principal problema que se detectaba era la falta de suministro de papel higiénico.

El Gobierno recuperó la respiración. El entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, dijo en varias entrevistas que tenían muchas dudas de cómo responderían los ciudadanos ante una decisión de tal calado, más que el desgaste político que pudiera suponer.

Diferentes posiciones en el Gobierno

En la intrahistoria de la decisión la versión más extendida es que fue el jefe de Gabinete de Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, quien más empujó a Sánchez a tomar esta postura, así como el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias; mientras que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, mostraba más vacilaciones. Pero, según cuentan, había dudas generalizadas, sobre todo, si apostar por unos de los confinamientos más duros adoptados en Europa en aquel tiempo.

No pasaron más de cuatro días, y viendo que el confinamiento funcionaba y se respetaba, cuando el ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, ya anunciaba que se prolongaría más de 15 días. Luego duró muchas semanas hasta que empezaron las fases de la desescalada.

El camino después del 13 de marzo tampoco fue fácil y el Gobierno tuvo problemas para sacar adelante los estados de alarma, conflictos con algunas comunidades y enfrentamientos con la oposición ante cualquier medida que se adoptaba. Sin embargo, miembros del Gobierno coinciden en que el momento más crítico fue decidir ese confinamiento total y fue Sánchez quien decidió jugársela... una vez más. Ahora, visto con perspectiva, poco dudan que la medida fue acertada, aunque persiste la crítica de que se tuvo que tomar antes.