La Plataforma X la Honestidad ha dado a conocer este miércoles los pasos que habrá de seguir el ex teniente Luis Gonzalo Segura en la búsqueda de amparo ante la Justicia Europea, defendiendo una vez más la necesidad de articular una legislación que proteja a los denunciantes de corrupción, que les proporcione cobertura legal y asegure sus puestos de trabajo.

Así, ha anunciado que la Comisión por la calidad democrática y contra la corrupción del Congreso comenzará la redacción definitiva del proyecto de Ley Integral de Protección al denunicante de corrupción, que esta organización abandera, en unos dos meses. Primero, ha explicado el presidente de la plataforma Pedro Arancón, los diputados han de concluir las negociaciones sobre la reforma de la ley de financiación de partidos políticos.

En el acto ha intervenido Azahara Peralta, denunciante del caso AcuaMed y que se ha unido recientemente a la plataforma, de la que forman parte denunciantes como el propio Segura, Ana Garrido (Gürtel) o Roberto Macías (cursos de formación de UGT). Peralta ha explicado que sufrió un "despido disciplinario camuflado en una auditoria" cuando se negó a "ceder al acoso del contratista".

Eso sí, ha explicado que ella, a diferencia de otros denunciantes de la plataforma, ya se siente "reconciliada con la justicia porque el 18 de enero de 2016 se supo todo. El juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, decidió que el caso tenía trascendencia". Aquel día, Velasco ordenó una redada anticorrupción que terminó con 13 detenidos y 16 registros.

"Antes de eso, cuando yo contaba todo lo que me pasaba, no era lo mismo", ha confesado. "En aquella época pensaba que si contactaba conmigo alguna persona que estuviera pensando en denunciar la corrupción, no podría animarle a hacerlo.  Lo que viene después es muy jodido", ha lamentado. Es por, ha expuesto, por lo que se ha unido al proyecto: "Necesitamos que se proteja al denunciante. Y lo tendremos que hacer desde abajo, porque desde arriba no le interesa a nadie".

"En todos los casos de denuncias de corrupción se observa el mismo patrón", ha confirmado Segura tras la narración de Peralta sobre su caso: "Es muy triste que una persona que ha denunciado corrupción tenga que vivir de la caridad. Parece que estamos esperando a que alguien desesperado se tire por una ventana para actuar". En su caso, está a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional para acudir al Tribunal Superior de Justicia de la UE en busca de amparo.

Al acto han acudido diputados de Podemos, sus confluencias, y Ciudadanos. Arancón ha explicado que todos los grupos habían recibido invitación excepto el PP, el único partido que no apoya la propuesta de ley de protección para denunciantes.

Respaldo del Parlamento Europeo

Cabe destacar que prácticamente todas y cada una de las reivindicaciones de la plataforma han sido asumidas recientemente por el Parlamento Europeo. La necesidad de legislar para proteger a los denunciantes de corrupción se debate ya en todas las escalas de gobierno.

En un informe publicado el pasado 20 de enero, la Eurocámara señala que “los denunciantes desempeñan un papel esencial para ayudar a las instituciones a evitar y hacer frente a los incumplimientos del principio de integridad y los abusos de poder que amenazan o vulneran la salud y la seguridad públicas, la integridad financiera, la economía, los derechos humanos, el medio ambiente o el Estado de Derecho”.

Por ello, lamenta que “solo unos pocos Estados miembros de la Unión han introducido sistemas suficientemente avanzados de protección” y pide “que lo hagan lo antes posible”.

En esta línea, también insta a la Comisión Europea, que acumula la mayor parte de las funciones legislativas de la UE, a que “presente de inmediato una propuesta legislativa por la que se cree un programa europeo eficaz y global para la protección de los denunciantes”.

Esta normativa, una vez consensuada entre Comisión, Parlamento y Consejo europeos, deberá trasladarse a las leyes de todos los Estados. España tiene, por tanto, la oportunidad de adelantarse y asegurar la protección de los denunciantes antes de que la UE la obligue a ello.