El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha trasladado a las víctimas del Alvia en una reunión en Madrid que estudiará sus peticiones, que pasan por la creación de una comisión técnica independiente del accidente en Angrois, así como el cese de cargos imputados de Renfe y Adif.

"No hemos sacado nada en claro. Hay muy buena disposición, pero nada más", han resumido por su parte tras el encuentro los representantes de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, surgida tras el accidente del tren Alvia en Angrois (Santiago) el 24 de julio de 2013 -que dejó 80 muertos-.

Después de la reunión, que ha tenido lugar en el Ministerio de Fomento, el presidente de la plataforma, Jesús Domínguez, ha desgranado las respuestas a cada una de las demandas que la organización ha planteado a Fomento.

Según ha indicado, por parte del Ministerio les han asegurado que estudiarán la creación de una comisión de investigación independiente -una de las principales peticiones- aunque sin precisar "cuándo" ni "cómo". Asimismo, les han garantizado que Renfe y Adif entregarán al juzgado la documentación que la plataforma solicita.

Y es que el informe de la Agencia Ferroviaria Europea, encargado por la Comisión Europea, sobre el accidente de tren de Angrois concluyó que la investigación realizada en España por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) no fue independiente y en ella no se abordaron "elementos clave". Por ello, Bruselas insta a una nueva investigación técnica.

El ministro pide perdón

Además, las víctimas han reclamado que Ábalos "pida perdón públicamente" aunque él no estuviera en el cargo en el momento de los hechos, porque "Fomento vendió que la línea de alta velocidad Ourense-Santiago contaba con todos los sistemas de seguridad y de ser cierto no habría ocurrido el accidente".

El ministro de Fomento ha reaccionado minutos después de terminar el encuentro a través de su cuenta de Twitter. "Les he pedido perdón en nombre de este Gobierno. La atención a las víctimas nos ayuda a mejorar como sociedad y nos impulsan a mejorar en seguridad. He tomado buena nota de sus reivindicaciones", ha asegurado Ábalos.

En un comunicado, Fomento informa de que Ábalos se ha comprometido a estudiar la fórmula para que las comisiones de investigación sean totalmente independientes funcional y económicamente.

El responsable del Departamento ha trasladado a las asociaciones su total colaboración con los trabajos de la Comisión de Investigación Parlamentaria que actualmente se desarrolla en el Congreso de los Diputados. Asimismo, les ha recordado que el Ministerio de Fomento actúa como parte en el proceso judicial, "desde el mismo lado que las víctimas"

A petición de las asociaciones, Ábalos se ha comprometido a instar la revisión de los límites actualmente fijados por las aseguradoras para las indemnizaciones a las que tienen derecho como víctimas

Evaluarán el cese del director de seguridad de Renfe

Por último, Fomento "evaluará" el cese del director de seguridad de Renfe, Antonio Lanchares. En este sentido, las víctimas denuncian que es "vergonzoso" que una persona "hoy investigada en los juzgados" por "80 muertes por imprudencia" siga siendo director de seguridad de Renfe.

Esta reunión se produce dos meses después de que comenzara a funcionar formalmente en el Congreso la comisión parlamentaria sobre el accidente, que se inició con una ronda de comparecientes en la Cámara Alta con el testimonio de algunas víctimas del siniestro. Los trabajos se retomarán tras el verano con más comparecientes, entre ellos los exministros de Fomento José Blanco (PSOE) y Ana Pastor (PP).

El PSOE votó inicialmente en contra de la comisión de investigación en el Congreso, pero su cambio de posición con la llegada de Pedro Sánchez permitió que este órgano saliese adelante.

Las personas investigadas por posible responsabilidad penal en el accidente son siete: el maquinista (que circulaba con exceso de velocidad al atender una llamada del interventor), dos altos cargos de Adif (Andrés Cortabitarte y Fernando Rebón), uno de Renfe (Antonio Lanchares) y tres técnicos de la consultora pública Ineco; estos seis últimos por un eventual análisis de riesgos deficiente.