El Gobierno central y la Junta de Andalucía han alcanzado un acuerdo para frenar a tiempo el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática, que amenazaba con suspenderla cautelarmente. El Ejecutivo de Mariano Rajoy amagó antes del verano con recurrir la norma ante los tribunales alegando “invasión de competencias estatales”, pero finalmente ambas administraciones “han resuelto sus discrepancias sin necesidad de cambiar una sola coma al texto legal”. Lo contrario habría supuesto un serio problema político, dado que la Ley de Memoria de Andalucía fue aprobada en el Parlamento el pasado mes de marzo sin ningún voto en contra.

La norma andaluza llevaba apenas cuatro meses en vigor, cuando el Gobierno de Rajoy planteó un principio de inconstitucionalidad sobre los artículos 2 y 3 de la Disposición Adicional Tercera, que regulan los mecanismos para “la recuperación del patrimonio documental incautado durante la Guerra Civil y la Dictadura”. El pasado 19 de junio, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y su homólogo andaluz, Manuel Jiménez Barrios, convocaron la Comisión Bilateral Estado-Junta de Andalucía con idea de crear un grupo de trabajo para que ambas administraciones buscaran una salida al conflicto “que evitase la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional”.

Tras cinco meses de negociación, Jiménez Barrios ha firmado este viernes el principio de acuerdo con el Estado y se lo ha remitido por correo a Sáenz de Santamaría para que la vicepresidenta también rubrique el documento. El acuerdo entre ambas administraciones se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), y será remitido formalmente al Tribunal Constitucional (TC) para dar por zanjado el conflicto en torno a la Ley de Memoria. La Comisión Bilateral, en aplicación del artículo 33.2 de la Ley Orgánica que regula el TC, había ampliado de tres a nueve meses el plazo para formalizar el recurso de inconstitucionalidad con idea, precisamente, de apurar al máximo la negociación. Una vez que el TC haya recepcionado el acuerdo firmado por ambas partes, el reloj judicial del recurso se parará.

El acuerdo, según ha podido saber esta redacción, no ha necesitado modificar el articulado de la ley. Se trata más bien de un “acuerdo de interpretación” sobre los artículos conflictivos, en el que la Junta aclara por escrito al Gobierno que los efectos legales de esos apartados “se circunscriben al ámbito competencial de la comunidad autónoma andaluza” y, por tanto, no se hurtan las competencias del Estado en esta materia. “La ley no se toca ni una coma. El acuerdo consiste en un escrito en el que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía hacen una interpretación del alcance de esos artículos que iban a ser recurridos, garantizando al Estado que se ejercerán sólo en el marco de nuestras competencias”, advierten desde la Consejería de Presidencia.

El punto de la discordia entre el Gobierno central y la Junta es similar al que hace unos años enfrentó al Estado con Cataluña a cuenta de los famosos “Papeles de Salamanca”. La Generalitat reclamó la devolución de sus archivos de la Guerra Civil en suelo catalán, que fueron incautados por Franco tras el conflicto y trasladados al Archivo Histórico de España, ubicado en la capital salmantina. La Ley de Memoria de Andalucía también aspiraba a otorgar competencias a la Junta para “emprender en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta norma, actuaciones encaminadas a que el patrimonio documental perteneciente a la Administración del Estado en relación con la Memoria Democrática de Andalucía se transfiera al Archivo General de Andalucía”.

La Abogacía del Estado discrepa de este apartado de la ley andaluza, porque cree que puede sentar un precedente y abrir la puerta a otras comunidades -que justo ahora están diseñando sus propias leyes de Memoria- para que hagan cola y reclamen al Gobierno documentación reservada de los años de la Guerra Civil y el franquismo en sus territorios.

De hecho, mientras se resolvía el litigio entre Gobierno y la Junta, la presidenta Susana Díaz invocó estos artículos de la Ley andaluza de Memoria para reclamar al Congreso las actas reservadas sobre la muerte de Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista malagueño que falleció de un disparo de la Policía durante la manifestación a favor de la autonomía plena andaluza el 4 de diciembre de 1977, hace ahora 40 años. Las Cortes Generales han denegado la solicitud de la Junta, pero permiten el acceso a cualquier de sus miembros para que las revisen in situ. Será el propio vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios, quien se persone en el Congreso para examinar la documentación acompañado de un jurista.

Está por ver ahora cómo reaccionan el resto de grupos de izquierda al acuerdo suscrito entre el Gobierno y la Junta, sobre todo IU, que fue quien diseñó en origen la Ley andaluza de Memoria cuando cogobernaba con el PSOE en la legislatura pasada. Aunque el texto legal no se haya tocado, ahora existe una addenda firmada por ambas administraciones que acota las expectativas sobre una parte del articulado, y que puede tener el mismo rango legal que la ley en sí misma, según fuentes jurídicas consultadas.

En política memorialista, el Gobierno de Rajoy y el de Susana Díaz discrepan abiertamente. El primero ha derogado de facto la Ley estatal de Memoria, aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, al dejarla sin dotación presupuestaria alguna. Díaz, en cambio, elevó de rango las políticas de Memoria en su última remodelación de Gobierno, trasladándolas del departamento de Cultura al de Presidencia.