Parecerse a Madrid es la idea que subyace bajo la reforma fiscal que iniciaron esta semana, a las puertas de las elecciones generales, PP y Ciudadanos, los dos partidos que forman el Gobierno de Andalucía. Lo dijo el mismo Juanma Moreno, el presidente, el pasado lunes en una entrevista: se inicia una “bajada masiva de impuestos” que concluirá al final de la legislatura, Vox mediante, y que igualará a Andalucía con Madrid, “la comunidad en la que menos impuestos se pagan”. Esas frases enmascaran que la reforma está hecha sobre todo en beneficio de las clases más pudientes y que para parte de la clase trabajadora no hay rebaja.

La idea del Ejecutivo, el primero de derechas, después de 37 años de administraciones de corte más o menos socialdemócrata, es aplicar la lógica que está detrás del manual del liberal y que ha servido en numerosas ocasiones para apuntalar los privilegios de los más favorecidos: “El objetivo de esta bajada de impuestos es doble: por una parte, acabar con la discriminación que sufren los andaluces al tener que hacer frente a una mayor presión y esfuerzo fiscal que los residentes en otras comunidades autónomas de España. Y, por otro lado, dinamizar la economía, dotando a las familias y los emprendedores de una mayor liquidez, lo que se traducirá en un mayor consumo y una mayor inversión y, en consecuencia, creación de empleo”, afirma el Gobierno de Andalucía.

Este ciclo, que obedece a una ideología de corte liberal, es cuestionado por numerosos economistas. “En este contexto histórico, en que la tecnología permite que los capitales se muevan de manera instantánea y se han producido también las reformas legislativas que lo hacen posible, cuando hay menos carga impositiva, los beneficios no se van a la inversión productiva, la que genera puestos de trabajo y riqueza, sino que va a la economía de casino”, afirma Lina Gálvez, catedrática de Historia de las Instituciones Económicas, representante de Economistas frente a la crisis y ahora candidata a eurodiputada por el PSOE en las próximas elecciones europeas.

Por el camino y de momento, mientras llega ese supuesto efecto benéfico de las reformas de PP y Ciudadanos, los principales beneficiarios son, en una palabra, los ricos: quienes más tienen y quienes más ingresan pagarán menos. Quien herede más de un millón de euros pasará a pagar solo el 1% de lo que reciba y quien ingrese más de 120.000 euros abonará a Hacienda un 3% menos. En paralelo, la reforma no afecta a rentas medias: quienes perciban entre 20.200 euros y 28.000, donde se ubican como mínimo el 17% de los contribuyentes andaluces, se quedarán como estaban. Es decir, más madera sobre la clase trabajadora, obligada a sostener una vez más sobre sus hombros los servicios públicos.

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) hizo público precisamente esta semana un informe en el que alertaba de que la clase media estaba “exprimida”, de que su nivel de vida se estancaba, mientras el de los más ricos mejoraba. Según la OCDE, este fenómeno es particularmente problemático en España, debido por ejemplo a que ahora las familias dedicaban un tercio de sus ingresos a pagar la vivienda, frente a un cuarto hace unos años.

Mientras el PIB en Andalucía regresa a los niveles previos a la crisis, los salarios no han recuperado el poder adquisitivo. Una reforma fiscal que quisiera incentivar el consumo de las clases medias trabajaría, por tanto, en una dirección bien diferente a la que ha apuntado el Gobierno de PP y Ciudadanos. “Sin impuestos solo los poderosos tienen la capacidad de definir el modo de vida”, afirma Gálvez.

El consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo (PP), fue muy claro en su intervención, el pasado martes, en la que defendió su reforma. “Hay dos políticas, dejar dinero en el bolsillo de los ciudadanos, para que ellos decidan o dejar dinero en la CCAA, para que decidamos nosotros. O más sociedad o más CCAA. Nosotros apostamos por más sociedad”. Esas palabras recuerdan a las que pronunciaba Esperanza Aguirre, cuando gobernaba la Comunidad de Madrid, quien bajó todo lo que pudo los impuestos, y cuya senda siguen ahora el presidente Moreno y su vicepresidente, Juan Marín (Ciudadanos).

Gálvez traduce de este modo las palabras del consejero: “Hay que decidir, en un debate social que tenemos que tener y es necesario, si queremos apostar por el bienestar público o por el beneficio privado”.

La reforma de PP y Ciudadanos merma además la progresividad del sistema, ya que reducirá de 8 a 5 los tramos del IRPF. “Una fiscalidad progresiva, donde quien más tiene, más contribuye, corrige desigualdades económicas. Los servicios públicos deteriorados disminuyen la igualdad de oportunidades y, así también, nuestra libertad”, remacha la catedrática. Como consecuencia, “el aumento de la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que recae entre las mujeres, aumenta además las desigualdades de género y la falta de libertad de elección de las mujeres”, apostilla.

La opinión de la oposición

El PSOE de Andalucía sostiene que la rebaja “supondrá una caída en los ingresos públicos cercana a 250 millones de euros”, que “impulsará uno de los efectos más graves de crisis, la desigualdad” y que “para más del 95% de los andaluces, que además no heredan millones, la bajada será de algunos céntimos al día en 2022”. El exconsejero de Hacienda de Susana Díaz (PSOE), Antonio Ramírez de Arellano, se pregunta de manera retórica: “¿Es esto una bajada masiva?”.

En Adelante Andalucía analizan que la deriva de la Comunidad en esta etapa es tan solo una cuestión de grado, que la reformas fiscales a la baja comenzaron durante la legislatura pasada, cuando el PSOE recibió los apoyos de Ciudadanos para aprobar tres presupuesto. “Si a esta reforma se le añade las reformas de PSOE y Ciudadanos, la merma de fondos públicos ascendería a 630 millones de euros. Esto significa un recorte de 20.000 empleos públicos, docentes y sanitarios. Esto es un continuo. Lo que PP y Ciudadanos modifican no es la filosofía sino el grado. La línea de bajada es la misma. Ya la abrió Susana Díaz con Juan Marín. Ahora hay un grado más”, sostuvo Antonio Maíllo en una entrevista con Publico.

“Esto supone el inicio del fin de los servicios públicos de competencia autonómica. Se encuadra con el anuncio de recentralización de Casado, el jefe de Moreno Bonilla. Supone una estrategia de una transferencia de los servicios públicos a lo privado. Los presupuestos del 19 y del 20 serán la consecuencia de esta causa que anuncian ahora. Debemos rebelarnos frente a este saqueo fiscal que va a beneficiar las rentas más altas y tenemos que salir a asaltarles sus conciencias. Nos anuncian en la cara que van a eliminar pensiones públicas y van a eliminar la atención gratuita y universal”, remachó Maíllo en la misma entrevista.

Menos impuestos, más desigualdad

Probablemente, la mayor exponente de una política de impuestos bajos en España en los últimos años es Aguirre, quien en 2011, después de siete años en la presidencia de la Comunidad de Madrid, presumió de que sus rebajas fiscales habían permitido ahorrar a los madrileños y madrileñas “15.000 millones de euros y crear 190.000 empleos”. En defensa de sus  planteamientos, Aguirre lanzó sonadas las críticas al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), cuando en su última etapa en el Ejecutivo, en 2014, este no quiso bajar impuestos.

“Nosotros creemos en los impuestos bajos y creíamos que Montoro también creía en los impuestos bajos. Ahora estoy comenzando a dudarlo. Al ministro de Hacienda le gusta subir los impuestos y si no le gusta, no le disgusta tanto como a mí”, dijo entonces la expresidenta de Madrid. 

“Una mayor presión fiscal y el gasto en educación mejoran la equidad en la distribución de los ingresos. A mayor presión fiscal la distribución de la renta es menos desigual. Además, tasas de paro más elevadas conducen a una mayor desigualdad”, se puede leer en un estudio elaborado por el departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, llamado Análisis de la evolución de la desigualdad de renta en las comunidades autónomas (2003-2012).

Así, de la lectura del estudio -firmado por las profesoras de la Universidad de Oviedo Carmen Ramos, Blanca Moreno y Mercedes Alvargonzález-, que coincide en su ámbito temporal con los años de Gobierno de Aguirre, se pueden extraer serias dudas de que una política de bajos impuestos vaya a reducir la desigualdad. De hecho, según se recoge en una de las tablas comparativas entre Comunidades Autónomas, durante los años 2003 y 2007, antes de la caída de Lehman Brothers, la desigualdad en Madrid iba aumentando, mientras en Andalucía iba reduciéndose. Luego, la crisis lo arrasó casi todo.

Ambas autonomías están en el grupo de comunidades con alta desigualdad. Aplicar la misma receta fiscal en una Comunidad en la que se instalan las grandes firmas del país, debido al efecto capital, y que, en los años previos a la crisis tenía tasas de paro del 6%, lo que se considera prácticamente pleno empleo, que en otra con altas tasas de desempleo estructural es una apuesta que solo el tiempo dirá si da resultado.

Según analizaron los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) en 2015, Madrid es “con diferencia, la comunidad con un mayor volumen de ingresos, lo cual se debe principalmente a que es la sede de más de la mitad de las grandes corporaciones, acaparando la mayor parte de su tributación por el Impuesto de Sociedades”. Competir con esto desde Andalucía se antoja complicado.

En cualquier caso, la apuesta de Moreno y Marín por lo que se podría describir con el palabro aguirrización de Andalucía es fuerte y sus resultados se verán con el paso de los años. PP y Ciudadanos argumentan, para defender sus tesis, que tras 37 años de gobiernos del PSOE, hay que probar otras cosas porque Andalucía sigue en el vagón de cola y ha regresado a ser una región Objetivo I -las más pobres- de la Unión Europea. En el PP recuerdan que las políticas fiscales que aplicó José Maria Aznar generaron riqueza. Eran los tiempos del España va bien. Sin embargo, la catedrática Gálvez lo analiza de otra manera: “El ejemplo de Aznar es engañoso. Fueron las privatizaciones de las empresas públicas y, sobre todo, los ingresos que causó la burbuja inmobiliaria las que trajeron los aumentos de recaudación y no las bajadas de impuestos”.