La ampliación del hospital de A Coruña iba a ser la infraestructura estrella de la cuarta legislatura de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta. Con una inversión de 395 millones de euros, pretendía resolver las graves carencias del mayor centro sanitario de la ciudad, que ya tiene medio siglo de antigüedad. Es una obra compleja y polémica, que incluye expropiar una treintena de viviendas del barrio de Eirís en las que viven un centenar de personas. Polémica también porque lo que muchos ciudadanos, trabajadores y usuarios de la sanidad pública reclaman es un hospital nuevo, y no uno viejo parcheado en unas condiciones que los afectados aventuran difícilmente compatibles con la actividad sanitaria.

Feijóo anunció sus planes para el hospital de A Coruña en 2018, y en 2021 aseguró que el primer edificio fruto de la ampliación entraría en servicio a principios del 2022. Cinco años después, y con Feijóo desde hace uno en Madrid, las obras ni siquiera han comenzado, aunque su presupuesto ya ha tenido que ser revisado varias veces al alza. Además, el enfrentamiento entre la Xunta de Alfonso Rueda (PP), sucesor en Galicia del presidente del patido, y el Ayuntamiento de Inés Rey (PSOE), amenaza con eternizar la parálisis. En cuanto a las familias afectadas, aún no saben cuándo perderán sus casas, ni con qué cantidades van a indemnizarlas, ni si la Xunta y el Ayuntamiento prevén darles alternativas de realojo, ni cómo van a poder rehacer sus vidas.

"Llevamos años viviendo una tortura", aseguran. Entre ellos está Lourdes Cordero, desde hace 30 años médico intensivista en el hospital. Tiene tres hijas y hace 15 adquirió una vivienda con su marido en una zona cercana al centro sanitario con una hipoteca de la que aún le quedan otros 15 años por pagar. En su día se informaron del plan de ampliación del hospital, que no afectaba a su casa. Pero hace tres años vieron en la prensa un montaje fotográfico de la remodelación, en el que su barrio desaparecía devorado por el proyecto. Aunque nadie les ha informado de cuándo les obligarán a marcharse. "No tenemos ni un solo papel, ni un documento oficial, nada por escrito, ni siquiera sabemos si existe una tasación de nuestras casas. Sólo lo que el Ayuntamiento y la Xunta nos han dicho de palabra: que nos tenemos que ir", asegura.

El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) se levantó a principios de los setenta en una colina rocosa de difícil acceso ubicada sobre la ría a la entrada de la ciudad. Franco lo inauguró en 1972 con el nombre de un falangista local que conservó hasta 2008. Durante años fue el hospital más grande de Galicia, y de los primeros de España en realizar trasplantes de riñón, hígado y corazón. Ya se había quedado pequeño hace veinte años cuando se emprendió una primera ampliación que no resolvió muchos de los problemas de espacio y de accesibilidad, ni de deterioro de numerosas instalaciones.

Ahora la Xunta del PP y el Ayuntamiento del PSOE hablan del "nuevo CHUAC" pese a que, según los afectados, no se construirá un hospital nuevo, sino que se ampliará el ya existente, manteniendo muchas de sus limitaciones. Una acción que incluso la conselleira de Infraestructuras de la Xunta, Ethel Vázquez, considera "titánica". Obligará a levantar enormes viaductos; a desviar durante años el tráfico en una de las dos principales entradas por carretera a la ciudad; a emplear maquinaria pesada para excavar sobre roca viva a pocos metros de quirófanos, despachos y habitaciones; a derribar edificios viejos y construir los nuevos en parcelas escalonadas sin apenas continuidad; a realojar a los pacientes y al personal en las zonas que vayan entrando en obras o sean afectadas por ellas... Y a compaginar todo eso con una actividad hospitalaria ya estresada que tendrá de todo menos sosiego y tranquilidad. "Van a deshumanizar por completo el hospital", advierte Cordero.

"Los ciudadanos de A Coruña deben saber lo que les espera, ya sea como pacientes o familiares, durante los años que duren las obras, rodeados de ruido y escombros, con carreteras cortadas y polvo a raudales", añade Óscar García, cuya familia habita desde hace medio siglo otra de las viviendas en peligro.

Como él, los vecinos de Eirís y quienes se oponen al proyecto alertan de que "encerrará" al hospital en un cinturón viario de difícil acceso, también para el transporte público, y sin posibilidad alguna de ampliación futura, "con una elevadísima densidad de edificación" que dañará enormemente el entorno. Los vehículos, ambulancias incluidas, circularán por pronunciadas cuestas elevadas a escasos metros de las ventanas de las habitaciones de los enfermos en los nuevos edificios, construidos sobre una gran pendiente acantilada. Y todo acabará redundando, a su juicio, en una inversión mucho mayor de la prevista.

En 2021, la Xunta elevó a 457 millones de euros el presupuesto de 395 millones que Feijóo había anunciado apenas un año antes. Y hace una semana, la conselleira de Infraestructuras habló en una entrevista para La Voz de Galicia de una inversión de "más de 500 millones de euros". Son más de 105 millones más de los previstos, un sobrecoste del 25% antes de que hayan empezado las obras. Los vecinos creen que se elevarán esas cantidades por encima de los 600 o incluso los 700 millones, y denuncian que ese gasto sólo servirá para aumentar en un 15% las camas que ya tiene el hospital.

"Es absurdo no emplear ese dinero en construir uno nuevo", afirma Roberto Lameiro. Regenta una guardería con 86 pequeños alumnos en una zona por la que, según los montajes fotográficos con los que la Xunta acompaña sus notas de prensa, pasará un viaducto con pilares de quince metros. Lameiro recuerda además los cambios repentinos que sufrió el proyecto. En octubre de 2020, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) de la Xunta aprobó un documento en el que se recomendaba la opción de construir un nuevo hospital en los terrenos públicos de una antigua fábrica de armas, situados a 1.500 metros en línea recta del actual en una parcela plana mucho más grande, mejor comunicada y en la que no haría falta expropiar a nadie. La víspera de la Nochebuena de ese mismo año, apenas dos meses después de haberlo aprobado, el Sergas se desdijo de aquella decisión, la atribuyó a "un error" y, sin más explicaciones, tumbó la idea de construir un nuevo hospital y dio por bueno el plan para ampliar el viejo.

El Sergas no responde

Público ha preguntado a la Consellería de Sanidade de la Xunta por las razones que motivaron aquel abrupto cambio para saber en qué consistió el "error" que llevó a una modificación tan sustancial de un proyecto de semejante envergadura, pero no ha obtenido respuesta. Lo cierto es que pocas semanas después de que se enmendara la primera decisión, en enero de 2021, Feijóo y la alcaldesa de A Coruña firmaron un convenio para darle un espaldarazo al proyecto que se presumía definitivo, y anunciaron que el primer edificio estaría concluido en 14 meses.

Transcurridos más de dos años, sin embargo, aún no se ha movido ni una piedra. La Xunta culpa ahora al equipo de Inés Rey de engañarla, modificando el convenio y aprobando en pleno, con el único voto en contra de una concejala de Podemos, uno distinto al que Feijóo había firmado. Supuestamente, según la Xunta, el Ayuntamiento pretendería hacerse con la titularidad del hospital y sus terrenos, incluidos los que se expropiarán. El Gobierno local, por su parte, admite que modificó el texto, pero asegura que los cambios fueron nimios y destinados sólo a adaptarlo a la legalidad. Público también ha preguntado al Ejecutivo de Inés Rey por esa modificación, pero fuentes cercanas a la alcaldesa eludieron dar más explicaciones y atribuyeron el entuerto a la proximidad de las elecciones locales y a la supuesta intención de la Xunta de desgastar al Gobierno socialista.

Mientras tanto, las treinta familias que ya han visto desaparecer sus casas en los montajes fotográficos de lo que la Xunta y el Ayuntamiento llaman "nuevo CHUAC", pero que no es otra cosa que el viejo ampliado, siguen esperando a que alguien les diga algo. A algunos les han llamado a reuniones individuales en Santiago donde responsables del Ejecutivo autonómico les han insinuado la posibilidad de que accedan a parcelas en una zona cercana, pero sin detallarles dónde exactamente, ni cuándo, ni por qué cantidades, ni cómo ni dónde tendrán que vivir mientras puedan hacerse allí una nueva casa. Y sin darles absolutamente nada por escrito. "Nos informan a través de la prensa", ironiza Óscar García.

La Consellería de Infraestructuras de la Xunta ha asegurado a Público que "será sensible" con los afectados, y señala que ya se han buscado "alternativas de emplazamiento" para ofrecerles "la posibilidad de reubicación de sus viviendas en la misma zona", en "terrenos urbanizados por la Xunta en el marco de las obras" de ampliación del hospital.

"Los propietarios tienen la opción de rechazar la posibilidad de realojo, lo que les da derecho a obtener el importe de la valoración de su vivienda, de forma que se les facilite la adquisición de una nueva. Además, pueden optar al pago en especie con el terreno más el importe de la valoración de la vivienda, descontado el de la tasación de los nuevos terrenos", explican fuentes del departamento de Ethel Vázquez, que añaden que en las próximas semanas se  publicarán los documentos con la relación de bienes y derechos afectados y el proyecto de urbanización.

Por su parte, los afectados, que ya han celebrado varias protestas y se han agrupado en torno a una plataforma ciudadana, anuncian más movilizaciones. "Les damos igual, nosotros y el resto. Ni una respuesta, ni una muestra de empatía. Ahora tocan elecciones, que se les vea el plumero", advierten. Aseguran que su causa cuenta con el apoyo de los profesionales sanitarios y de las organizaciones que defienden la sanidad pública, que alertan de que en plena crisis del modelo sanitario por los recortes presupuestarios que la han dejado sin médicos, "no tiene sentido una inversión millonaria en cemento que supone la peor ubicación, orientación y alternativa" de las posibles.