El procés ocupa un amplio espacio en el apartado dedicado a España del último informe anual de Amnistía Internacional, que analiza la situación de los derechos humanos en todo el mundo y recoge presuntas vulneraciones de estos mismos derechos durante 2017. En el informe, que se ha publicado este jueves, se relata como el 1 de octubre, durante la jornada del referéndum sobre la independencia de Catalunya, se empleó "fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos que se oponían a una operación policial". Esta es la descripción de los hechos que recoge el informe en su apartado dedicado a España. Pero más duros son los términos en el resumen dedicado a la región de Europa y Asia Central, donde el informe destaca que el 1-O los agentes de los cuerpos policiales emplearon "fuerza innecesaria y desproporcionada contra manifestantes", y "causaron lesiones a centenares" de ellos. Añade, además, que hay pruebas de los hechos: "imágenes de la policía golpeando a manifestantes pacíficos".

Y tan significativo o más que las palabras concretas es su contexto. Y es que esta censura de la actuación policial el 1-O aparece como hecho destacado al lado d#e condenas por diversas actuaciones a países con no precisamente muy buena fama en cuanto al respeto a los derechos civiles: Rusia, Bielorrusia, Turquía, Tayikistán, Kazajistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, Hungría o Polonia, y con solo otro caso en un país de la UE-15, (Francia, por recurrir a medidas de excepción para prohibir manifestaciones) detallado individualmente. También se habla de "medidas restrictivas y abusos" en Alemania, pero sin individualizarlas.

El informe señala otras vulneraciones de derechos en España vinculadas al proceso soberanista en Catalunya. Explica que "se restringió desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de personas que apoyaban la independencia catalana". Y cita los casos de dos "reuniones públicas" prohibidas por los tribunales en Madrid y Vitoria.

El resumen anual de AI también se refiere a los Jordis. Señala que Jordi Cuixart i Jordi Sànchez "fueron detenidos y acusados de sedición, delito definido de manera muy general, en relación con protestas que habían organizado en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre por, según la jueza, oponerse a una operación policial legítima". Como en otras ocasiones, la ONG no califica a Cuixart ni a Sànchez de 'presos políticos' -en contra de las peticiones en este sentido desde el soberanismo. Tampoco cita en ningún momento a los otros dos presos catalanes en relación al procés, Oriol Junqueras y Joaquim Forn, ni al resto de miembros del último Govern de Carles Puigdemont que pasaron por prisión preventiva.

Más allá de lo relacionado con el procés, Amnistía Internacional tiene otras censuras contra España. Señala que se ha procesado a "decenas de personas" por enaltecimiento del terrorismo, aludiendo a la ola de denuncias por opinar o bromear en las redes sociales. "En muchos casos, las autoridades presentaron cargos contra personas que habían expresado opiniones que no constituían incitación a cometer un delito de terrorismo y que se inscribían entre las formas de expresión permisibles con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos", recuerda la ONG. Que señala especialmente un caso: la condena de un año a Cassandra Vera por un chiste en Twitter sobre Carrero Blanco, "presidente del gobierno de Franco".

También hay espacio para el caso Altsasu, que AI considera como una "aplicación desproporcionada" de la legislación antiterrorista, y recuerda como tres de los siete detenidos por una presunta agresión a guardias civiles "fuera de servicio" en esta localidad Navarra en octubre de 2016 siguen en prisión preventiva.

El informe, finalmente, destaca la "impunidad" de los crímenes del franquismo, y como "las autoridades españoles continúan cerrando investigaciones" al respecto. Censura que "miles de personas" hayan sufrido desahucios forzosos "sin garantías judiciales adecuadas ni provisión de alojamiento alternativo por el Estado". Y comenta solo un caso no imputable directamente a las instituciones públicas: la violencia machista, por la cual, recuerda, "48 mujeres (y 8 menores de edad) perdieron la vida a manos de sus parejas o ex parejas".