El desempleo es, como siempre, el principal problema, endémico y estructural, en Andalucía. En paralelo, en estos años de Gobierno del PP ha ido creciendo hasta niveles muy serios el desasosiego por el estado de la sanidad pública, que es la segunda preocupación de los andaluces, según revelan los sondeos trimestrales del Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente del Ejecutivo autonómico, el último hecho público este lunes.

La percepción para el 34,9% de los encuestados entre el 16 y el 30 de septiembre pasados es que el paro es el principal problema de la comunidad autónoma, seguido de la sanidad, que cita el 13,6% como fundamental, seguido del acceso y el precio de la vivienda: para el 8,7% es el asunto primordial del que ocuparse hoy en Andalucía.

El porcentaje de andaluces que señalan la sanidad como un problema severo es casi seis puntos mayor que el de quienes lo hacían —el 7,9%— en junio de 2019, seis meses después de que Juan Manuel Moreno Bonilla entrara en el Ejecutivo.

La preocupación por la vivienda se ha colocado también en el tercer lugar entre los principales problemas de la comunidad autónoma. La inmigración también asoma como inquietud, en cuarto lugar, pero la propia encuesta revela que este es un tema más, podría decirse, psicológico, fruto de un ambiente determinado, que real.

Así, mientras que el 7,5% cita la inmigración y la inmigración ilegal como el principal problema que existe actualmente en Andalucía solo el 2,2% indica que el problema que personalmente le afecta más. Además, aunque el 18% ve mal o muy mal que Andalucía acoja menores migrantes, la inmensa mayoría, al 66% le parece bien o muy bien. Al 11,6% le resulta indiferente.

La sanidad

Con la sanidad, se produce el fenómeno contrario que con la inmigración: más andaluces citan el deterioro sanitario como un problema que les afecta en el plano personal que como un problema general. Este es por tanto un asunto ya cercano, de piel, para numerosos andaluces.

El sondeo revela la profundidad de la crisis en la sanidad pública. Ante la pregunta de "cuál es el problema que personalmente le afecta más", el 18,8% responde, como siempre, que la falta de trabajo, el paro. Y el 15%, casi tres puntos más que antes del verano, muy cerca de la falta de empleos, cita la sanidad.

En junio de 2019, cuando el PP llevaba apenas seis meses en el Gobierno, estas cifras ascendían al 26% y al 10%. La bajada de la preocupación por el trabajo va en paralelo a la caída de la tasa de paro en cinco puntos desde 2018, hasta una tasa del 16%, aun lejos del 11% de media del país, según el INE.

Sin embargo ha aumentado, después de la tregua por la pandemia del coronavirus, el desasosiego que causa la sanidad pública. Desde septiembre de 2023, la sanidad se ha instalado como segundo problema para los andaluces. Y el porcentaje de ciudadanos que lo consideran el problema fundamental que les afecta en lo personal sigue in crescendo.

La vivienda

El 7,6% cita el acceso a la vivienda y su excesivo precio como una inquietud que le afecta personalmente —un porcentaje cercano al de quienes lo ven como un problema general, el 8,7%—.

La última encuesta del Centra plantea cuestiones que están ahora mismo en el aire, en plena ola de protestas. El sondeo pregunta por la principal dificultad a la hora de encontrar una vivienda. El 78,7% lo tiene claro: los precios. Otro 20% indica que no hay suficientes viviendas para alquilar o comprar.

La encuesta plantea a continuación una enumeración de posibles causas que afectan al precio de las viviendas. Para el 28,1% los apartamentos turísticos contribuyen a encarecer los pisos residenciales. Para otro 25%, la gente compra o alquila a precios muy altos.

Para un 17% hay poca oferta, porque los propietarios no quieren poner en venta sus casas, para el 13% existe una falta de protección de los derechos del propietario y para un 10,8% una excesiva protección del inquilino.

El Gobierno andaluz también dedica un apartado entero a preguntar por una de las obsesiones de la derecha: la okupación de viviendas y el derecho de propiedad. A la pregunta de si conoce alguna vivienda que esté ocupada —no especifica el sondeo cómo lo conoce, si de oídas o directamente—, el 35,5% responde que sí y el 64,2% que no. El 75% cree, según el sondeo, que el derecho a la propiedad privada no está suficientemente protegido.