El pacto entre PP y Vox para gobernar en Castilla y León ha revuelto el panorama político estatal. Y no porque no fuera esperado. De hecho, tanto en el Gobierno de Pedro Sánchez como en el PSOE daban por hecha la alianza entre Alfonso Fernández Mañueco y el partido de extrema derecha desde el mismo día en que se conocieron los resultados.

Los socialistas intentaron jugar la baza de un "cordón sanitario" a los de Santiago Abascal para retratar a los populares. Pero esa opción duró poco. Ya con el acuerdo oficializado, desde Moncloa ven rebajadas las expectativas en que el nuevo PP de Alberto Nuñez Feijóo pueda favorecer algunos pactos de Estado, como por ejemplo la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial. 

La indignación en el Ejecutivo de Sánchez es máxima. La semana ya venía caliente, con una sesión de control en el Congreso de los Diputados este miércoles que levantó ampollas en Moncloa. El discurso de Cuca Gamarra frente al presidente del Gobierno, en el que lo acusaba de usar la guerra en Ucrania como coartada, enfadó, y mucho. "Es una indecencia", destacaban fuentes gubernamentales esa misma mañana. 

Tras el anuncio de Mañueco de este jueves, los socialistas mostraron públicamente su posición. Por parte de Ferraz, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, calificaba al nuevo PP de Feijóo y su pacto con una palabra: "vergüenza". "Hoy es un día triste. Es un mal día para la democracia", decía la dirigente socialista, mientras recordaba que Castilla y León se convertirá en la primera región de la UE en ser gobernada por la extrema derecha. 

En la tarde del jueves, el presidente del Gobierno se ha refirió también al asunto, tras preguntas de los medios de comunicación en París, donde se encuentra para participar en la reunión de líderes europeos. "Es una pésima noticia para la democracia española y para el PP. Esta decisión que han tomado hoy la van a pagar caro en términos políticos", destacó Sánchez, poniendo en valor las palabras de Donald Tusk, presidente de los populares europeos.

"Si este es rumbo que llevan no va ser fácil pactar nada", reconocen fuentes del Gobierno a Público respecto a la posibilidad de que un supuesto perfil moderado de Feijóo los acerque en un futuro próximo. En la misma línea se expresan fuentes de la dirección del PSOE a este medio, que reiteran que este "es el mismo PP de Mariano Rajoy y José María Aznar". 

Para los socialistas, el dirigente gallego "no es un moderado" y "tenía una prueba de fuego" con la gobernabilidad en Castilla y León. En Ferraz no confían en que se puedan llegar de forma rápida a pactos de Estado como la renovación del CGPJ con los populares "porque no les interesa". Además, en la dirección del PSOE ponen el foco con insistencia en la "corrupción sistémica" del PP y en el pacto de Feijóo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso "para tapar la corrupción".

El pasado Comité Federal de los socialistas, celebrado el domingo ya abordó este asunto del presumible pacto. "Que la derecha deje de una vez por todas de coquetear con la ultraderecha", dijo Sánchez en su discurso inicial. A puerta cerrada se escucharon algunos mensajes similares, incidiendo también en la corrupción y en la lucha de poder e ideológica que todavía puede darse entre Ayuso y Feijóo. 

Vigilancia de derechos y acción judicial

El Ejecutivo de Sánchez lleva advirtiendo desde que el pacto entre PP y Vox estaba encima de la mesa que estaría vigilante ante posibles limitaciones de derechos. "Estaremos vigilantes para que no haya retrocesos en los derechos y libertades de los castellanos y leoneses", repitió este jueves la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. 

Fuentes de Moncloa señalan a este medio que "el pacto con Vox es la carta de presentación de Feijóo". "Si este es el nuevo PP, se parece bastante al antiguo", añaden. En el Ejecutivo resaltan la "gravedad democrática" que supone la vuelta a las instituciones de la extrema derecha. "Tenemos ciertos derechos que hemos conquistado durante muchos años de democracia que no pueden ser puestos en riesgo. Estaremos vigilantes ante cualquier retroceso", añaden. 

Esta "vigilancia", según fuentes del Gobierno, podría incluir acciones judiciales como recurrir al Tribunal Constitucional u otras "herramientas jurídicas". Algo que ya usaron en un momento en el que la Región de Murcia, también por presiones de Vox, quiso implantar el "PIN parental".

En Moncloa preocupan especialmente algunos puntos del acuerdo entre PP y Vox relacionados con la violencia de género, negada por la extrema derecha y sustituida en el acuerdo de Gobierno por una "ley de lucha contra la violencia intrafamiliar". El programa acordado acoge el compromiso también de promover una "inmigración ordenada". También se incluye una referencia genérica a "el derecho inalienable de los padres a decidir la educación de sus hijos". Un posible nuevo "pin parental" contra el que ya actuó este Gobierno.