Cuando Pedro Sánchez anunció sus cinco días de reflexión, en abril, por la apertura de diligencias contra Begoña Gómez tras la denuncia del sindicato de extrema derecha Manos Limpias, sus aliados en el Congreso cerraron filas con él y calificaron el caso de guerra judicial contra el Gobierno de coalición, que, en otro orden de cosas, acaba de recibir un nuevo revés con el rechazo de la querella de Sánchez al juez Peinado. Pero aquella determinación de Sumar, ERC, EH Bildu, BNG o Podemos no ha cambiado. Según expresan algunas de esas fuerzas políticas en abierto y otras confirman a Público, encuadran la reciente imputación del fiscal general, Álvaro García Ortiz, en la misma dinámica y hablan de lawfare para debilitar el Ejecutivo.

Eso sí, diferencian la actuación del Tribunal Supremo con el fiscal general y "la colección de tramas" que el Partido Popular (PP) arroja contra Sánchez semana tras semana en sede parlamentaria del caso Koldo, con el que muchos de ellos se muestran cautos.

En lo referente a esa trama, la mayoría de los aliados de Sánchez en el Congreso admiten incomodidad. En cambio, no parece haber ninguna fisura entre los dos socios del Gobierno de coalición. En declaraciones a los medios de comunicación sobre el caso Koldo, Íñigo Errejón, portavoz del grupo parlamentario, ha deslizado que en Sumar se dan "por satisfechos" con las explicaciones que ha dado el presidente. 

En cuanto a la imputación del fiscal general, tanto Errejón, como la líder del espacio, Yolanda Díaz, o Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso y secretario general del Partido Comunista, han elevando más que en otras ocasiones el tono contra el juez Marchena. "Defendemos la actuación de las instituciones del Estado, pero tenemos muy claro que esto es el «El que pueda hacer, que haga» [en referencia a las célebres palabras de José María Aznar] funcionando a pleno rendimiento", ha dejado caer Errejón.

Es la línea que ha marcado Díaz en una rueda de prensa desde el Ministerio de Trabajo este jueves. La ministra ha exigido al PP que "deje de convertir todas las instituciones en un campo de mal hacer y de ataque al bien común. La Fiscalía es una institución lo suficientemente importante como para hacer lo que se ha hecho". Ha defendido, así, su actuación. García Ortiz ha sido imputado por revelación de secretos tras una querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, defraudador fiscal confeso. Sobre ello, Errejón ha insistido en que "no puede ser que te imputen por desmentir un bulo y no por ponerlo a circular". 

Por su parte, en Podemos, en cuanto a la imputación de García Ortiz, tienen claro que existe esa guerra sucia judicial contra el Gobierno  ―"¿Quién lo va a entender mejor que nosotros?"―, pero, por otro lado, es una de las formaciones aliadas de Pedro Sánchez en la Cámara Baja que más preocupación pública ha mostrado en lo referente a la trama Koldo. Los morados han pedido desde la tribuna parlamentaria explicaciones al presidente sobre el escándalo que protagonizan Koldo García y José Luis Ábalos y se han quejado de que "hubiera gente del Gobierno metiendo la mano en la caja", mientras PSOE y Unidas Podemos compartían la Moncloa.

Mismo patrón en ERC, EH Bildu y BNG

EH Bildu también hace una distinción entre el caso Koldo y el resto de cuestiones con las que el Partido Popular (PP) torpedea a Sánchez. En cuanto a lo primero, un diputado de la formación apunta que "estamos en una fase muy inicial del asunto" y añade que su partido pide "transparencia e investigación rápida y eficaz".

De todas formas, advierte de que "el PP y su entorno mediático, de forma ridícula, intentan asimilar estos hechos bajo investigación a su colección de tramas". Y continúa: "Es obvio que intentan generar ruido y dar la sensación de ingobernabilidad y de escándalo continuo por un mero cálculo político". Señalan, así, lo que todas las fuerzas parlamentarias de izquierdas consideran una estrategia tejida a conciencia por el Partido Popular (PP) para rodear al Ejecutivo de un halo de corrupción y contaminar la opinión pública.

En Esquerra Republicana, según fuentes del partido, también dan crédito a esa eventual estrategia de lawfare contra Pedro Sánchez y su entorno. "Es evidente que en el estado Español existe una derecha política, mediática y judicial capaz de todo, incluso de poner en jaque la democracia", deslizan al tiempo que recuerdan que su partido ha tenido a "la secretaria general en el exilio durante siete años y al presidente, en la cárcel".

En el BNG lo expresan así: "Lawfare de libro". El fiscal general, apuntan fuentes del partido de Néstor Rego, "desmintió un bulo que había creado el entorno de Ayuso para protegerla a ella y a su pareja".

De todas formas ―como EH Bildu―, ERC y BNG echan el freno de mano con el caso Koldo. "Cualquier indicio o duda alrededor de Sánchez, o de cualquier otro, se tiene que aclarar y se tiene que poder explicar", dicen los republicanos.

Las últimas informaciones sobre la trama empiezan a incomodar, por tanto, a los aliados más fiables del Gobierno, aunque en la mayor parte de los casos se están evitando escenificaciones. El caso más claro es el de Partido Nacionalista Vasco y Junts per Catalunya, que guardan silencio. Desde Coalición Canaria sí reconocen que les preocupa "que casi cada día haya nuevas revelaciones" que "ponen en duda" la versión del Gobierno en cuanto a lo que apunta la investigación.