PAMPLONA / MADRID-. El alcalde de Alsasua, Javier Ollo, ha mostrado su "respeto a la decisiones judiciales" si bien ha manifestado se "desacuerdo" con la calificación penal de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas "como delito de terrorismo". De la misma manera, ha considerado las detenciones de ocho personas y las medidas cautelares practicadas como "totalmente innecesarias".

Ollo ha participado en una rueda de prensa en la explanada del centro cultural Iortia de la localidad, a la que ha asistido una multitud de vecinos, y en la que se ha convocado a la población a una manifestación silenciosa el próximo sábado 26 de noviembre a las 13.00 horas bajo el lema 'Altsasu'.

"Hemos sido testigos de un continuo sinsentido" tras "unos hechos que lamentamos profundamente y que nunca debieron ocurrir", ha declarado Ollo que ha expresado la solidaridad del Consistorio hacia "todas las personas que se han visto afectadas por ello" a la vez que ha agradecido al "conjunto del pueblo de Alsasua la actitud ejemplar que está demostrando".

El alcalde ha hecho suyo "el sentir de las familias de las personas detenidas" las cuales "se sienten indefensas, desamparadas y muy preocupadas por el futuro de sus hijos e hijas ante el sobredimensionamiento de los hechos y ante la posibilidad de cumplimiento de penas desproporcionadas al haberse calificado los hechos como acto terrorista".

Por todo ello, ha pedido el amparo de las instituciones navarras para "que esos hechos sean juzgados en el Juzgado de instrucción nº3 de Pamplona, donde comenzó la instrucción y donde figura el informe de la Policía Foral".

Familias destrozadas

En la rueda de prensa se ha leído un comunicado de las familias de los detenidos en el que han afirmado que están "deshechas y muy preocupadas. No entendemos las detenciones cuando voluntariamente se habían personado para declarar en diversas ocasiones" ni "la aplicación de unas medidas cautelares que consideramos exageradamente desproporcionadas y fuera de toda lógica", han continuado.

Por su parte, desde la plataforma ciudadana Altsasuarra eta harro han reprochado que "lo que en otro lugar no pasaría como trifulca de bar aquí lo quieren presentar como terrorismo" y han censurado que haya "personas que ya están cumpliendo penas sin que se hayan respetado sus derechos más básicos, sus nombres y carnets de identidad han sido publicados deliberadamente en los medios de comunicación con total impunidad". "Todo en base a una reforma del Código Penal cuestionada desde organismos internacionales como la ONU", han apuntado.

"No aceptamos este montaje político, mediático y policial", han afirmado desde Altsasuarra eta harro que han apostado por "responder con cordura" para "trabajar en defensa de nuestro pueblo y de nuestra gente". "Queremos a todas las personas encarceladas en casa y las queremos ahora", han finalizado.

Ley antiterrorista

Los imputados por haber agredido a dos guardias civiles y sus parejas en un bar de Alsasua (Navarra) el pasado 15 de octubre se enfrentarán a penas de entre 10 y 15 años de cárcel por estos hechos, que se enmarcarían en un delito de lesiones terroristas. La intención de la Fiscalía es reclamar contra ellos esa pena, estipulada en el artículo 573 bis 1 4º del Código Penal.

Tras una corta instrucción en un juzgado navarro, la investigación la lleva ahora la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien ha enviado a prisión incondicional y sin fianza a siete de los presuntos agresores.

Los siete fueron apuntados por las víctimas esta semana como autores de los golpes en sendas ruedas de reconocimiento celebradas en la Audiencia Nacional. Según relataron las víctimas en el juzgado, los agresores propinaron puñetazos y patadas a los guardias civiles hasta dejarlos en el suelo, donde siguieron agrediéndoles.

Según la jueza, estas agresiones "se enmarcan en la dinámica permanente Alde Hemendik (Que se vayan) creada por ETA y las ilegalizadas KAS-EKIN para exigir la retirada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del Ejército del País Vasco y de Navarra".

Así, el PNV cree esa calificación más gravosa una "barbaridad", los sindicatos ELA y LAB consideran las penas "desproporcionadas" y Sortu asegura que forma parte de una campaña para criminalizar a los sectores que quieren la expulsión de las fuerzas de seguridad del Estado del País Vasco.