El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha iniciado el procedimiento de consulta pública de un real decreto para flexibilizar las líneas de ayuda de los sectores de frutas, hortalizas y vitivinícola, con el objetivo de que puedan responder a problemas específicos causados por fenómenos climáticos adversos y perturbaciones de mercado, según han informado en un comunicado.

Con el fin de recabar la opinión de los ciudadanos, comunidades autónomas y organizaciones representativas del sector, los interesados podrán examinar el documento y formular las alegaciones que consideren oportunas entre el 4 de julio y el 24 de julio, ambos días inclusive.

Desde el Ministerio de Agricultura han apuntado que este proyecto normativo se tramita de urgencia tras la reciente respuesta positiva de la Comisión Europea (CE) a las peticiones realizadas por España para los sectores del vino y de frutas y hortalizas.

Entre las peticiones atendidas, para los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) se prevé la eliminación de restricciones en el uso de los fondos para prevención y gestión de crisis, el aumento hasta el 60% en el nivel de financiación comunitario y la introducción de facilidades para la modificación de sus programas operativos.

Así, para calcular el valor de la producción comercializada, podrán tener en cuenta los cinco últimos años y eliminar de ellos el mejor y el peor, en vez de los tres últimos.

En el caso del sector vinícola, para las zonas afectadas por la sequía, la Comisión atiende la solicitud española en el marco del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola (Pasve) y para la medida de reestructuración y reconversión de viñedo.

De esta manera, acomodará los requisitos exigidos para la transición entre el Pasve y la intervención sectorial del plan estratégico, y aplazará la vigencia de las autorizaciones de nueva plantación y de replantación de viñedo que caduquen en 2023 para que puedan ser utilizadas en la campaña siguiente.

En lo que respecta a las medidas de inversiones en bodegas y reestructuración y reconversión de viñedo, la CE ha autorizado flexibilizaciones para modificar sus objetivos y facilitar la ejecución de acciones individuales sin finalizar la operación completa, unas flexibilizaciones que ya se permitieron durante la crisis de la covid-19.