El Gobierno se ha revuelto contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía a Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig escudándose en el delito de malversación. Aunque ha evitado hacer una crítica directa contra los jueces o contra sus decisiones, en Moncloa se ha podido atisbar cierta contestación después de que sus portavoces recordaran que "la ley es clara" y apelaran a la necesidad de "respetar la voluntad del legislador".

Esta defensa de la "voluntad del legislador" y la petición de que se "aplique" la norma por parte del Ejecutivo ha desenterrado algunos recuerdos en Podemos. En concreto, en la formación morada no han podido evitar rememorar lo que sucedió con la ley de libertad sexual (conocida como la ley del solo sí es sí) cuando estaban en el Gobierno y cuando Irene Montero era ministra de Igualdad.

Tras la aprobación de esta norma algunos jueces aceptaron rebajar penas de agresores sexuales condenados en base al marco penal que establecía (que unificaba en un mismo delito otros dos, el de abuso y el de agresión sexual, con el objetivo de que el eje central a la hora de condenar se situara en el consentimiento de la relación sexual y no en cuestiones como la violencia o la intimidación).

Durante semanas, e incluso meses, se produjeron algunas rebajas de penas, y una parte muy minoritaria de las mismas se saldó con la salida anticipada de la cárcel de agresores a los que les quedaba poco tiempo de condena. Y durante semanas, e incluso meses, esta situación fue enfocada, amplificada y exprimida por algunos medios de comunicación generando una situación de alarma en la que se llegó a poner contadores en directo de "violadores excarcelados" en programas de televisión.

En un primer momento, todo el Gobierno defendió la norma, e incluso el propio presidente, Pedro Sánchez, la calificó como "una buena ley". El líder del Ejecutivo pidió tiempo para que se "asentara" y se produjera jurisprudencia, y la Fiscalía General del Estado remitió varias instrucciones a sus fiscales para que se opusieran a la rebaja de penas.

"La misma estrategia"

Sin embargo, posteriormente la parte socialista del Gobierno decidió reformar la ley con el Partido Popular y otros grupos de la derecha en el Parlamento, contra el criterio de Unidas Podemos, y dando un paso atrás en la apuesta por situar el consentimiento como eje fundamental de la norma.

En Podemos recuerdan que "la ley sólo sí es sí fue objeto de una ofensiva reaccionaria por parte de una minoría de jueces, que tomaron la decisión consciente de aplicar de forma incorrecta la norma y de pasar por encima de la voluntad del legislador, lo que tuvo evidentes efectos políticos".

En este sentido, explican que "Podemos advirtió de este hecho desde el principio pero, lamentablemente, el PSOE optó por mirar hacia otro lado, dejar solo al socio minoritario de la coalición y asumir el discurso de la derecha política, judicial y mediática, aliándose con el PP para pactar un recorte a la norma que desplazó el consentimiento como elemento central de la misma".

A juicio de los de Belarra, ahora una parte de los jueces repite "la misma estrategia" con la ley de amnistía al "negarse a aplicarla para pasar así por encima del legislativo y del ejecutivo". 

"Para Podemos es evidente que el problema no son las leyes supuestamente 'mal hechas', sino la existencia de un sector reaccionario de la judicatura que quiere situarse por encima del resto de poderes el Estado y, con ello, del mandato popular expresado en las urnas", aseguran fuentes del partido morado.

Podemos afea el pacto PSOE-PP para renovar el CGPJ

En este sentido, los de Belarra afean a los socialistas que en este contexto pacte la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular, un acuerdo que, trasladan desde la organización, "viene a avalar los episodios de guerra judicial de los últimos años".

"Se trata de un desafío democrático de primer orden y resulta incomprensible, especialmente después de que Sánchez reconociera públicamente la existencia de una 'estrategia de acoso y derribo' que tiene una pata judicial, que el Gobierno haya dado la mano al PP para repartirse el CGPJ, para avanzar en la senda de que 'los jueces elijan a los jueces' y para dar poder de veto a los jueces conservadores sobre las decisiones clave", concluyen desde Podemos.