Admitida una querella por torturas contra Picardo durante la detención de un líder de Vox en Gibraltar

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido una querella por supuestos delitos de tortura y contra la integridad moral dirigida contra el Ministro Principal de Gibraltar, Fabián Picardo, así como contra agentes y funcionarios de Policía y judiciales que participaron en la detención e ingreso en prisión del líder de Vox Juan Ignacio Mínguez tras colocar una bandera española en el Peñón.

La querella, presentada por Vox y admitida a trámite a instancia de la Fiscalía, se interpone también por la privación de libertad del abogado Pedro Fernández, que acudió a Gibraltar para interesarse por la situación de Mínguez durante el juicio celebrado dos días después de su detención, en junio de 2016.

Mínguez, presidente de Vox Madrid, fue detenido e incomunicado tras desplegar una gran bandera de España en las laderas del Peñón de Gibraltar, el 20 de junio de 2016.

El juez Moreno se ha dirigido al Ministerio de Exteriores para conocer si Picardo goza de inmunidad diplomática al ser ministro principal de Gibraltar.

El juez considera en el auto que lo relatado en la denuncia de Vox sobre las malas condiciones en que estuvo arrestado Mínguez, su incomunicación y las circunstancias en las que se le juzgó puede ser constitutivo de los delitos de torturas y contra la integridad moral, cometidos por los funcionarios policiales y judiciales que intervinieron en la detención.

En la querella, se expone que los agentes de policías reconocieron a Pedro Fernández que el trato que dispensaron a ambos detenidos "obedecía a razones políticas y por orden directa del Ministro Principal”, Fabián Picardo.

En el auto, el juez acuerda una serie de diligencias, como pedir a la policía judicial si Fabián Picardo es residente en España y reclamar a Exteriores si tuvo conocimiento de los hechos y cómo se le comunicó la detención o si España ha emitido alguna nota de queja al respecto frente a las autoridades británicas.

La resolución del juez acuerda también solicitar comisión rogatoria a las autoridades británicas para que aporten copia de los expedientes policiales y judiciales tramitados con ocasión de las detenciones y enjuiciamiento practicados a los querellantes y ordena tomar declaración como testigo al abogado Pedro Fernández.

La denuncia de Vox relata cómo Míguez fue cacheado “de manera desproporcionada” y que durante más de 7 horas "le fue negado el ejercicio de sus derechos a comunicar su detención y lugar de custodia", así como la asistencia letrada. En este tiempo estuvo “sin alimento y aseo en condiciones de dignidad”.

 La denuncia refleja que Míguez fue llevado a juicio "esposado" e "introducido en una cámara acristlada”. "No pudo entrevistarse “reservadamente con el letrado de oficio que le habían asignado”, dice el escrito, por lo que el juicio se suspendió unos minutos. Durante esta espera, el alguacil exigió a Fernández la entrega del teléfono móvil y fue detenido por dos agentes, acusado de realizar fotografías de la Sala.

Pedro Fernández estuvo detenido durante 9 horas, “en las que permaneció absolutamente incomunicado y bajo la amenaza de dos agentes policiales de que, si no reconocía los hechos, se prolongaría su privación de libertad”, siempre según la denuncia admitida a trámite por el juez Moreno . Los agentes, asegura la denuncia, reconocieron “que el trato que se le dispensaba a él como al sr. Mínguez obedecía a razones políticas y por orden directa del Ministro Principal”.