Ojos cerrados, oídos sordos. En España hay Administraciones "entorpecedoras" que, pese a lo que indica expresamente la ley, optan por hacer caso omiso a las recomendaciones y sugerencias del Defensor del Pueblo. En lugar de aceptarlas, rechazarlas o al menos tramitarlas, directamente no responden. No lo hacen a la primera, ni a la segunda, ni tampoco a la tercera. Los nombres de dichas instituciones ocupan cada año un anexo en las memorias de este organismo.

Los ministerios de Exteriores, Interior y Cultura aparecen en el último listado de instituciones "no colaboradoras o entorpecedoras" publicado por el Defensor del del Pueblo con datos estadísticos de 2020. En el caso de la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska, se relata que "el 25 de enero de 2019 se inició actuación sobre una solicitud de asilo político. Se envió el tercer requerimiento el 17 de febrero de 2020. Aún no ha sido contestado". 

En el caso de Exteriores, "el 8 de julio de 2019 se inició actuación sobre la falta de contestación del Consulado de España en Malabo para la legalización de documentos". El 16 de noviembre de 2020 se envío el tercer requerimiento. Pasó lo mismo que en el caso anterior: la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares no hizo caso a este asunto. 

"La ley orgánica dice que las Administraciones deben colaborar y contestar a los requerimientos del Defensor. Cuando no contestan al tercer requerimiento, pese a tener la obligación de hacerlo, son incluidas en el listado de entorpecedoras", explicaron a Público fuentes de la Defensoría.

En el listado de instituciones entorpecedoras también aparecen diferentes Gobiernos autonómicos y ayuntamientos. Durante 2020, un año marcado trágicamente de la pandemia, hubo casos directamente vinculados a la situación creada por el coronavirus: "El 29 de junio de 2020 se solicitó ampliación de información sobre las medidas adoptadas ante la emergencia sanitaria provocada por la covid-19", señala el Defensor del Pueblo en alusión a un requerimiento realizado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Allí también se solicitó sin éxito "información sobre la facturación por la atención hospitalaria por emergencia sanitaria por la Covid-19". 

De acuerdo a los datos estadísticos extraídos de distintos informes del Defensor del Pueblo, entre 2015 y 2020 hubo 3.851 recomendaciones y 5.704 sugerencias a las instituciones públicas. Las "recomendaciones" aluden a peticiones de carácter general –por ejemplo, la interpretación, modificación o creación de una norma–, mientras que las "sugerencias" se refieren a casos concretos que afectan a una persona o a un colectivo específico. 

A lo largo de los últimos cinco años, las Administraciones aceptaron 1.605 recomendaciones, mientras que otras 354 fueron rechazadas y 942 quedaron registradas bajo la categoría "sin contestar". En ese mismo periodo fueron aceptadas 2.050 sugerencias, 649 se rechazaron y 1.134 no se contestaron. 

El organismo que actualmente dirige Francisco Fernández Marugán también ha emitido en ese periodo 2.050 "recordatorios de deberes legales" a las instituciones, así como otras 25 "advertencias", mediante las cuales se "comunica la existencia de una situación de hecho o práctica que precisa de mejora". 

Vuelos de deportación

Entre las recomendaciones rechazadas durante 2020 figura una petición dirigida a la Dirección General de Policía en relación a los vuelos de expulsión de personas migrantes a Mauritania. En tal sentido, el Defensor había pedido que en esos casos "se incluya siempre referencia a la información concreta que ha permitido acreditar o presumir que los nacionales de terceros países que van a ser repatriados procedían efectivamente de Mauritania".

Los casos relacionados con los derechos humanos de las personas detenidas figuran entre las preocupaciones del Defensor del Pueblo, que cada año realiza diferentes recomendaciones en esa área, aunque no siempre son aceptadas por las instituciones. En enero de 2020, tras una visita a los calabozos de la Ciudad de Justicia de Zaragoza, el Gobierno de Aragón rechazó una propuesta dirigida a "dotar de un sistema de videovigilancia y videograbación en el interior de las celdas, con grabación de audio, así como a todas aquellas zonas en las que puedan permanecer personas privadas de libertad, con excepción de los aseos". 

Multas del estado de alarma

Tampoco faltan las respuestas negativas a peticiones relacionadas con las multas que dejó el estado de alarma. Por ejemplo, se relata el caso de una enfermera que el 18 de abril de 2020 fue sancionada por la Policía Local mientras se dirigía a su trabajo en la ciudad de Valencia. "Debido a la naturaleza de su puesto de trabajo no puede asumir riesgos e intenta tener el menor contacto posible con el exterior para evitar ser contagiada y así evitar contagio entre los ancianos que trata, por ello se desplaza en coche particular, el de su pareja, con la que convive, porque ella no tiene", explicaba. 

Sin embargo, "el agente les multó porqué insistía en que debía ir obligatoriamente en transporte público o aludía a que debía conducir la señora (…), para lo que debería ampliar la cobertura del seguro del vehículo de su pareja". La kafkiana situación se tradujo en sanción. El Defensor del Pueblo reclamó que esta infracción fuese levantada, pero el ayuntamiento de Valencia lo rechazó. 

Pistolas eléctricas

Asimismo, en la categoría de recomendaciones que aún no han recibido una respuesta se encuentra la formulada el pasado 13 de abril al ministerio del Interior para que efectúe "una exhaustiva y detallada regulación del uso de armas de descarga eléctrica, que contenga instrucciones minuciosas de su utilización, la formación a recibir por los agentes que les habilite para su uso y los procedimientos de control y supervisión". Se trata de un asunto polémico que ya ha generado observaciones por parte de Amnistía Internacional.