Acoso en el EjércitoImputados un general y tres oficiales por atribuir vídeos porno a una soldado

La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Daroca (Zaragoza) ha imputado a un general, dos tenientes coronel y una capitana del Ejército de Tierra por su presunta implicación en la falsa atribución de tres vídeos pornográficos a una soldado, cargo que le ha acarreado a esta una sanción pese a las diferencias entre su cuerpo y el de la mujer que aparece en las filmaciones, activas en una web de contenidos X.

La jueza ha ordenado tomar declaración a los cuatro como investigados (antiguo imputados) al entender que “los hechos relatados hacen presumir la posible comisión de un delito”, aunque elude definirlo por tratarse de las primeras fases de la instrucción.

La denuncia de la soldado, que siempre ha negado tener ninguna relación con esos vídeos, apunta a la eventual existencia de uno de injurias graves, por “la intención de causar un ataque a la dignidad ajena, el propósito de ofender la dignidad personal, de menoscabar la fama de la persona, o atentar contra su propia estima”, y de otro de falsedad por la presunta manipulación de varias imágenes “con la clara intención de intentar aparentar que la persona protagonista de esos videos sexuales es la denunciante”.

Los investigados son el general Ángel Serrano, autor de la resolución que convirtió en definitiva la sanción; el teniente coronel Carlos Granados, auditor del Ministerio de Defensa, que es quien puso en marcha el expediente sancionador; la capitana Cristina Serrano, jefa de la batería a la que estaba asignada la denunciante y que actuó como testigo de cargo, y la teniente coronel María Gracia Cañadas, jefa de la unidad, adscrita al cuartel de El Goloso, y que firmó el informe que originó el expediente a la soldado, C. V. B.

Señalada por lo oficiales, pero no por la tropa

El asunto de los vídeos, que ha provocado a la denunciante un “trastorno adaptativo con síndrome de ansiedad”, se remonta a febrero del año pasado, cuando Granados ordenó abrir una investigación sobre la soldado tras recibir un informe en el que Cañadas afirmaba que aquella había explicado durante unas maniobras a cinco compañeros “que participaba en una página de carácter pornográfico, mostrando una serie de imágenes” y animándoles a entrar para ganar clicks, ya que eso le reportaría ingresos.

A partir de ese informe, acompañado de “pantallazos” de los vídeos y de fotos de la soldado que, según la denuncia, habían sido manipuladas, se pone en marcha el expediente “sin prueba alguna más que acreditara que C. V. A. es la protagonista de dichos vídeos” y “sin que se realizara previa ni posteriormente prueba pericial adjunta que concluya que la protagonista de los vídeos y la citada soldado sean la misma persona”.

Durante la investigación, Cañadas y la capitana Serrano señalaron a la soldado, sin dudarlo, como la persona que aparecía en los vídeos, algo que, con la excepción de un teniente y según consta en el expediente, no ocurrió con los demás testigos, militares de tropa todos ellos, quienes o no la identificaron con certeza o mostraron dudas acerca de que pudiera ser ella.

La sanción, doce días de suspensión de empleo y sueldo por una falta grave, le fue impuesta a pesar de que en el expediente consta un informe médico que describe cómo la soldado tiene en su cuerpo una serie de cicatrices, tatuajes y modificaciones estéticas de las que carece la mujer que aparece en los vídeos, la cual, por otra parte, habla inglés con soltura y sin ningún acento peninsular, algo de lo que no es capaz la militar.

La sanción, por una falta grave de “incumplimiento de los deberes militares propios del destino o puesto que se desempeñe”, le fue formalmente impuesta por “ofrecer el acceso a tales contenidos [pornográficos] a sus compañeros, durante la jornada de trabajo y con ánimo de enriquecimiento”, aunque la resolución anota que, en todo caso, grabarlos y subirlos a internet pertenece al “ámbito de la privacidad sexual”.

Un calvario que incluyó un aborto

Cañadas, que llegaría a ser investigada por los tribunales militares por los cargos de  abuso de autoridad, acoso profesional y extralimitaciones en el ejercicio del mando por los que le había denunciado su subordinada, aunque finalmente acabó siendo exonerada, fue la primera mujer que alcanzó el fajín de Estado Mayor en España, sonaba en círculos militares como la principal candidata a convertirse en la primera generala del ejército.

La teniente coronel declaró en agosto del año pasado el alta de la soldado pese a que esta no estaba en condiciones de reincorporarse a su puesto, según el diagnóstico de la sanidad pública: llevaba seis meses de baja tras un pinzamiento de la columna que, a base de complicaciones, acabaría causándole un aborto.

Un ataque de ansiedad y un empeoramiento de su lesión le llevaron al hospital desde la estación de tren de Zaragoza, desde la que no llegó a partir hacia Madrid.

La imposibilidad de cumplir otro alta militar unas semanas después le acarreó la apertura de un expediente disciplinario por falta grave por no haberse incorporado a su destino.

El alta ordenada por la teniente coronel estaba directamente relacionada con el asunto de los vídeos: la emitió tras resultarle imposible al instructor del expediente citarla en su unidad, de la que estaba ausente como consecuencia de sus dolencias, para tomarle declaración.