Las negociaciones han dado, al parecer, su fruto. Junts per Catalunya y Partido Nacionalista Vasco (PNV) facilitarán la admisión a trámite de la ley del alquiler temporal impulsada por los Sindicatos de Inquilinas y vehiculada en el Congreso de los Diputados por Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y Bloque Nacionalista Galego (BNG). Coalición Canaria también votará a favor. En cambio, todavía es una incógnita el sentido del voto del exministro José Luis Ábalos, adscrito al Grupo Mixto tras su expulsión del Grupo Socialista. 

Las cuentas antes de que dé comienzo el debate de la iniciativa, que tendrá lugar a partir de las 15 horas en la Cámara Baja, son muy justas. Con los votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos, BNG, PNV y Coalición Canaria, los apoyos a la proposición de ley suman 171 síes. Son los mismos noes que, salvo sorpresa, suman PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Junts per Catalunya ha asegurado, a primera hora de este martes, que se abstendrá.

En este punto, todo el peso de la votación para romper el empate a 171 recae en la espalda de Ábalos, que en las últimas semanas ya ha roto alguna vez la disciplina de voto socialista. En cualquier caso, parece muy difícil que el exministro se posicione en contra de la toma en consideración de la iniciativa y que, por tanto, fulmine cualquier posibilidad de que los grupos la trabajen en el Congreso.

De todas formas, por lo que ha podido saber Público, que se ha puesto en contacto con el entorno de Ábalos, por el momento "no se puede descartar nada". 

Durante la mañana de este martes, el diálogo entre Sumar, la fuerza parlamentaria que está capitaneando la iniciativa, y los dos grupos que ponían en riesgo la admisión a trámite de la iniciativa (Junts y PNV) se ha agudizado y ha terminado apuntalando la abstención de los posconvergentes y el "apoyo crítico" del PNV, tal y como lo definen fuentes de la formación. 

La clave de la ley

El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, aseveró, la pasada semana, que los contratos de temporada se han convertido en una suerte de "rendija" por la que muchos "propietarios se cuelan para esquivar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)". En la misma línea, en Podemos hablaron este lunes de la propuesta legislativa como una "limitación del fraude" a los inquilinos.

El texto de la iniciativa, redactado por los Sindicatos de Inquilinas con el soporte de los partidos que apoyan la iniciativa, ataca precisamente ese extremo. La clave de la ley es limitar a seis meses la duración máxima de los alquileres temporales, de manera que todo aquel arrendamiento que exceda ese medio año pasaría a regirse por las normas de una vivienda de alquiler habitual y los propietarios tendrían las obligaciones y deberes correspondientes. Y no solo eso. También en el caso de que un alquiler se renueve, aunque no alcance los seis meses, pasaría a considerarse un alquiler de vivienda habitual.

Lo que se hará este martes en caso de que, finalmente, se admita a trámite la iniciativa es simplemente eso, tomarla en consideración para que se inicie un debate entre los grupos para moldearla y, más adelante, devolverla a pleno para someterla a una votación definitiva.