Ayuso indemnizó a 15 residencias privadas en contra de la Abogacía de la Comunidad de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid acordó indemnizar con más de un millón de euros a 15 residencias privadas que fueron intervenidas durante la primera ola de la pandemia. Esto lo hizo en contra del criterio de la Abogacía General de la región.

Fue el 15 de abril de 2020 cuando el secretario general técnico de la Consejería de Sanidad se dirigió a la Abogacía para preguntarle si las residencias privadas debían recibir algún pago por el traslado de mayores a sus centros durante el estado de alarma, ha desvelado este martes Cadena Ser.

Según esta información, la conclusión de la Abogacía fue que las residencias "no tienen derecho al abono de contraprestaciones económicas" por la legislación de emergencia por la covid-19.

Sí que señaló que a través de la Ley de Expropiación Forzosa —una norma de 1954— se podían compensar bajo condiciones como "el lucro cesante del propietario" y "los perjuicios causados en la finca con ocasión de las medidas adoptadas por la Autoridad y los consiguientes gastos que suponga restituirla a su primitivo estado".

Ayuso ignoró a la Abogacía y concedió indemnizaciones al considerar que los traslados "tienen naturaleza expropiatoria"

Sin embargo, la Abogacía razona que no procede ningún pago por el primer concepto ya que el estado de alarma impedía nuevos "ingresos voluntarios" de mayores. Sobre el segundo concepto considera que cabría compensación si los traslados obligaron a "reorganizar previamente las instalaciones de las residencias privadas receptoras, de modo que deban acometerse obras", aunque también advierte que el coste de atender a esos mayores no entra dentro de este concepto.

La Comunidad de Madrid ignoró esta apreciación porque, cuando las 15 empresas reclamaron una indemnización, se dio el dinero al considerar que los traslados de usuarios "tienen naturaleza expropiatoria" y generan derecho a indemnización.

Estos convenios para los pagos, además, intentaron ocultarse. Este medio pidió los documentos a Sanidad, pero ni los entregan ni están publicados porque alegan que se tratan de "convenios expropiatorios". Además, un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del pasado 21 de julio convalidó "la omisión de la fiscalización del procedimiento de concesión de las correspondientes ayudas en especie a quince centros de mayores".